La causa judicial más voluminosa de la última década en materia de corrupción política argentina está a punto de cruzar un umbral decisivo. El megajuicio conocido como "Cuadernos de las Coimas" cierra en los próximos días su primera etapa —la de las indagatorias— y abre paso a un período que muchos consideran el verdadero corazón del debate probatorio: el testimonio de centenares de testigos. Lo que cambia con este giro procesal no es menor: mientras los imputados tuvieron el derecho de guardar silencio —y casi todos lo ejercieron—, los testigos están obligados a decir la verdad bajo juramento. El escenario que se avecina en Comodoro Py podría ser decisivo para sostener o erosionar las acusaciones contra más de 80 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El silencio como escudo y las excepciones que marcaron la etapa

Durante el último mes y medio, el Tribunal Oral Federal 7 escuchó —o intentó escuchar— a decenas de exfuncionarios, empresarios y operadores del kirchnerismo. La gran mayoría eligió no hablar. Sin embargo, algunas intervenciones dejaron marca. La propia expresidenta, principal acusada en la presunta maniobra de recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015, fue quien abrió la etapa presencial a mediados de marzo con un discurso de casi una hora. Denunció ante los magistrados una supuesta "persecución política" de carácter "mafioso", apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y contra el fiscal Carlos Stornelli, y luego, coherente con la estrategia defensiva predominante, declinó responder cualquier pregunta de las partes.

Otros imputados fueron más allá: intentaron retractarse de declaraciones realizadas durante la instrucción, argumentando que habían fabricado relatos de sobornos para quedar bien con los operadores judiciales. El empresario Guillermo Escolar, vinculado a la firma Cleanosol, lo explicó con una crudeza que dejó helada la sala. Según su versión, la noche previa a declarar en la etapa de instrucción, se reunió con otros involucrados para acordar "una fecha creíble y una cifra creíble" que resultara convincente. "Dijimos: bueno, digamos que pagamos algo más o menos que sea en concordancia con lo que vimos que al juzgado le caía bien", relató. El juez Enrique Méndez Signori le preguntó cómo había tomado forma ese supuesto invento. La respuesta de Escolar fue directa: "Fue hecho bajo coacción". Sea como fuere, esa declaración —y otras similares— ilustran la complejidad del entramado probatorio que deberán desenredar los magistrados.

Mayo: el mes en que los testigos toman el centro de la escena

El calendario fijado por el tribunal para mayo concentra más de 40 declaraciones testimoniales que abarcan perfiles muy diversos: desde periodistas hasta el encargado de un edificio residencial, pasando por una ex pareja, una colaboradora íntima de Kirchner y figuras del mundo financiero y aeronáutico. El primero en declarar, el 5 de mayo, será Diego Cabot, el periodista que lideró la investigación que derivó en esta causa, acompañado por sus colegas Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron del trabajo de campo. Sus testimonios son cruciales para establecer la cadena de custodia de los cuadernos y el modo en que llegaron a conocimiento público y judicial.

A ellos los seguirá Jorge José Bacigalupo, el policía al que el chofer Oscar Centeno le entregó sus anotaciones con el encargo de guardarlas. Luego, el 7 de mayo, está convocada Hilda María Horovitz, expareja del propio Centeno, quien fue la primera en alertar a la Justicia sobre la existencia de esos cuadernos y sobre los movimientos de dinero que su entonces compañero realizaba junto al exfuncionario Roberto Baratta, señalado como uno de los presuntos recaudadores del esquema. También para ese día está citada Elizabeth Miriam Quiroga, excolaboradora de Néstor Kirchner que luego se presentó públicamente como su amante. Y para el 12 de mayo fue convocado Julio César Silva, el encargado del edificio de la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde residía el matrimonio Kirchner.

El testimonio de Silva es de los más esperados por los abogados de las querellas. Las anotaciones de Centeno y las declaraciones de varios imputados que se convirtieron en arrepentidos apuntan en la misma dirección: que el grueso del dinero supuestamente recolectado en los "viajes de la recaudación" era entregado en ese domicilio a Daniel Muñoz, exsecretario personal de Néstor Kirchner. El exfuncionario Claudio Uberti llegó a declarar que, por versiones que circulaban en el entorno, el día en que Kirchner murió —27 de octubre de 2010— había acumulados en ese departamento más de 60 millones de dólares. Muñoz falleció en 2016, lo que complica cualquier posibilidad de confrontar directamente esas afirmaciones, pero el encargado del edificio podría aportar datos sobre entradas, salidas y movimientos que den sustento o contradigan esa versión.

La logística del dinero: de los aviones oficiales a Santa Cruz

El tramo final del mes concentrará testimonios orientados a reconstruir el circuito financiero del presunto esquema. Roberto Lavagna, primer ministro de Economía del kirchnerismo —cargo que ocupó entre 2002 y 2005, inicialmente bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y luego con Kirchner—, y el financista Leonardo Fariña fueron convocados para aportar su perspectiva sobre el destino y el movimiento del dinero presuntamente recaudado. Aunque Lavagna fue funcionario en los primeros años del período investigado y su rol en la causa es acotado, su declaración puede aportar contexto sobre el funcionamiento de las relaciones entre el poder político y el sector empresario en esa etapa.

Después vendrán pilotos, mecánicos y personal de cabina de los aviones presidenciales. Sus testimonios apuntan a una arista específica: la supuesta logística de traslado de fondos desde Buenos Aires hacia la provincia de Santa Cruz. En la etapa de instrucción, Sergio Velázquez, piloto del Tango 01, y otros tripulantes ya habían declarado que el equipaje personal de los Kirchner y el de sus secretarios no era escaneado ni pasaba por los controles de bodega habituales. Si esos testimonios se ratifican en el juicio oral, podrían reforzar la hipótesis sobre el traslado físico de efectivo en los vuelos oficiales, uno de los ejes más difíciles de probar pero también de los más simbólicamente relevantes de la acusación.

Un juicio que condensa décadas de tensión entre poder y justicia

La causa tiene un origen que vale recordar: en 2018, el chofer Centeno entregó ocho cuadernos con anotaciones manuscritas en las que describía supuestos viajes realizados entre 2005 y 2015 para transportar bolsos con dinero en efectivo desde empresarios hasta funcionarios del gobierno nacional. La publicación de esas anotaciones desató una oleada de confesiones y delaciones en el mundo empresario, con decenas de hombres de negocios que reconocieron haber pagado coimas a cambio de contratos de obra pública. Muchos de ellos firmaron acuerdos de colaboración con la fiscalía —figura incorporada al sistema procesal argentino en 2016— y sus testimonios son parte del andamiaje de la acusación. Sin embargo, varios de esos mismos empresarios ahora intentan desvincularse de lo que declararon, lo que convierte cada audiencia en un ejercicio de reconstrucción de credibilidades cruzadas.

Las consecuencias de lo que ocurra en las próximas semanas son múltiples y difíciles de anticipar. Si los testigos ratifican las versiones que sostienen la acusación, el peso probatorio sobre los imputados podría volverse difícil de revertir en los alegatos. Si, en cambio, las defensas logran desacreditar a los declarantes clave —mostrando contradicciones, presiones o motivaciones espurias—, el tribunal podría enfrentarse a un escenario de incertidumbre probatoria que favorezca las absoluciones. A eso se suma el debate jurídico de fondo: si la figura del arrepentido fue utilizada correctamente, si hubo presiones indebidas durante la instrucción y si la cadena de custodia de los cuadernos es suficientemente sólida. Cada uno de esos interrogantes tiene defensores y detractores con argumentos técnicos válidos. Lo que está en juego, más allá de las personas involucradas, es qué tipo de estándares probatorios y procesales consolida la Justicia argentina para casos de corrupción sistémica a gran escala.