El tejido de errores que envuelve la muerte de dos hombres el 3 de agosto en el municipio de Moreno constituye un caso paradigmático de cómo los fallos administrativos en instituciones de seguridad pueden multiplicarse exponencialmente, generando daño colateral sobre personas absolutamente ajenas a los hechos. Lo que comenzó como un simple equívoco en la identificación de restos humanos terminó derivando en interrogatorios violentos, privaciones de libertad sin justificación y traumas familiares de difícil reparación. El allanamiento ordenado por las autoridades de control interno del Ministerio de Seguridad bonaerense a la morgue dependiente de la Delegación de la Policía Científica en Moreno-General Rodríguez marca un quiebre administrativo significativo: por primera vez, la maquinaria estatal se vuelca sobre sí misma para revisar sus propios procesos de custodia de cadáveres y documentación.

Los hechos que precedieron al allanamiento resultan tanto más perturbadores cuanto más se desgranan: en algún momento del circuito de procesamiento post mortem en la morgue ubicada dentro del hospital Vicente López y Planes, los cuerpos de Adolfo Brizuela y Pedro Peñalver —un veterano de la guerra de Malvinas perteneciente a la promoción de 1962— fueron intercambiados. El primero fue entregado a una cochería de Berazategui bajo la identidad del segundo, un error que pasó desapercibido hasta que investigaciones periodísticas especializadas comenzaron a tirar del hilo. Este cruce de identidades no fue un accidente que quedara circunscrito a los registros burocráticos: tuvo consecuencias judiciales inmediatas y devastadoras para la familia Brizuela. Cuando la fiscalía a cargo —encabezada por Luisa Pontecorvo— comenzó a investigar una presunta muerte violenta del veterano de Malvinas, suponiendo un homicidio basado en lesiones encontradas en el cuerpo, los investigadores terminaron tocando la puerta equivocada: la del domicilio de los Brizuela, una familia que vive en condiciones de extrema precariedad.

El calvario de una familia acusada por error administrativo

Lo que sucedió luego en la seccional 4ta de la Departamental de Seguridad Moreno resulta difícil de catalogar dentro de los marcos legales convencionales. Los Brizuela fueron sometidos a interrogatorios que incluyeron violencia física y restricciones a su libertad. Todo esto ocurrió bajo la acusación de haber cometido un "ahorcamiento" a su propio pariente, un delito que en realidad nunca sucedió, formulado en base a investigaciones que perseguían a la persona equivocada. La ironía trágica radica en que mientras la familia inocente padecía estos tratos, el verdadero devenir de los hechos permanecía sin esclarecer dentro de los propios protocolos de la institución que había generado el error original. Solo después de que periodistas divulgaran públicamente la investigación sobre estos "dos muertes y demasiados errores", la familia Brizuela se enteró de por qué habían sido interrogados y acusados. Nadie les había informado oficialmente. Este vacío comunicativo entre la administración estatal y los ciudadanos agredidos representa una falla no solo burocrática sino también ética, que va más allá de simples omisiones procedimentales.

El disparador de toda esta cascada de equivocaciones fue localizado en la morgue de la Policía Científica, donde la documentación de ingreso, custodia y egreso de cadáveres se manejó con criterios que hoy están siendo objeto de revisión judicial. La carátula inicial de la investigación establece una presunta "omisión o retardo de actos de oficio", una categorización que apunta a responsabilidades administrativas más que criminales. Sin embargo, la defensa técnica del caso —ejercida por el abogado Rodrigo Tripolone— cuestiona que la pesquisa se haya concentrado en una sola persona: una sargento evisceradora a quien autoridades de máximo nivel de la morgue le atribuyeron una "confesión" del error. Tripolone sostiene que las investigaciones carecen de bases probatorias sólidas y que representan un esfuerzo por encontrar un responsable puntual en lugar de analizar sistemáticamente el funcionamiento integral de la institución.

El allanamiento y la búsqueda de responsabilidades sistémicas

El jueves pasado, personal de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial concretó un allanamiento en la morgue ubicada en el nosocomio de Moreno. Entre los elementos secuestrados figuraron rótulos y precintos utilizados para la identificación de cadáveres, actas originales y sus versiones rectificadas, libros de presentismo, registros de guardias y documentación interna que sistematiza el ingreso, custodia y egreso de restos humanos. También debieron secuestrarse comunicaciones electrónicas entre la morgue y las comisarías involucradas en el caso. Este operativo representa una intervención de naturaleza casi forense sobre las propias estructuras de seguridad, buscando reconstruir quién sabía qué, cuándo y cómo se produjo el error. El juez Gabriel Alberto Castro, a cargo del juzgado de Garantías Nº2, supervisa estos procedimientos, mientras que la Unidad Fiscal de Investigación Nº3 —dirigida por Pontecorvo junto con su ayudante Pablo Córdoba— prosigue sus indagaciones. Cabe notar que incluso en la documentación de allanamiento existe un error administrativo adicional: los expedientes hacen referencia a la "comisaría 8va" cuando el centro de los abusos contra los Brizuela se registró en la seccional 4ta. Este detalle subraya cómo los errores permean múltiples niveles del sistema.

Paralelamente, se inició una investigación independiente bajo la categoría de presuntos "apremios y vejaciones" en la Unidad Fiscal de Investigación Nº7 del mismo departamento judicial, dedicada específicamente a los maltratos sufridos por los Brizuela. Esta bifurcación de causas refleja la complejidad de un caso que no puede reducirse a una simple confusión de identidades: implica decisiones policiales que tomaron como válidas información defectuosa, traduciendo un error administrativo en un ejercicio de violencia física. La defensa ha solicitado medidas probatorias extensas, incluyendo pericias de comunicaciones telefónicas y análisis de intercambios por WhatsApp entre funcionarios, además del resguardo físico de la documentación. Estas medidas buscan establecer si el cruce de cadáveres fue producto de negligencia pura o si existieron prácticas sistemáticas problemáticas que facilitaron tal equívoco.

A nivel histórico, Argentina ha enfrentado reiterados problemas en materia de identificación forense y custodia de restos, desde cuestiones vinculadas a desapariciones forzadas hasta negligencias contemporáneas. Los protocolos internacionales en materia de autopsia y custodia de cadáveres establecen redundancias y verificaciones múltiples precisamente para evitar estos escenarios. La tecnología de identificación —desde códigos de barras hasta sistemas biométricos— ha avanzado considerablemente, pero su implementación en instituciones de seguridad provinciales varía significativamente. El caso de Moreno expone una brecha entre los estándares esperables y la realidad operativa de algunas morgues policiales bonaerenses.

Las implicancias de este entramado de hechos se proyectan en varios sentidos. Por un lado, existe la necesidad evidente de modernizar los protocolos de custodia y identificación de cadáveres, considerando sistemas que minimicen la posibilidad de errores humanos. Por otro lado, queda abierta la interrogante sobre responsabilidades institucionales: ¿se trataba de un fallo individual o de deficiencias sistémicas que trascienden a personas particulares? Asimismo, surge la cuestión de cómo reparar el daño causado a una familia que fue sometida a violencia estatal basada en información falsa. La exhumación ordenada por la fiscalía del cuerpo de Brizuela, realizada sin comunicación previa a sus deudos, añade otra dimensión problemática sobre la consideración de las familias en procedimientos judiciales sensibles. El resultado de estas investigaciones —tanto la que trata sobre la morgue como la que aborda los apremios— determinará si se modifican prácticas institucionales, si se asignan responsabilidades penales y si existe alguna forma de resarcimiento o reconocimiento oficial por los daños padecidos. Lo que por ahora permanece cristalino es que un error inicial se transformó en un catálogo de errores sucesivos, cada uno amplificando el perjuicio sobre quienes no tenían responsabilidad alguna en los hechos originales.