El desgaste administrativo nacional abrió una grieta que el peronismo no esperaba. En las últimas semanas, la sensación de que un regreso al poder es posible circula entre los cuadros territoriales del movimiento como una corriente eléctrica. Lo que parecía enterrado hace apenas meses resurgió con fuerza, alimentado por los tropiezos visibles del gobierno de Javier Milei y los vaivenes de una recuperación económica que no termina de consolidarse. Pero este resurgimiento no es simple: ocurre bajo circunstancias extraordinarias que modifican las reglas del juego peronista. Cristina Kirchner, quien durante años gobernó las decisiones internas del movimiento desde posiciones de poder casi indiscutibles, hoy enfrenta una situación judicial compleja que limita severamente su capacidad de maniobra política. Esta condición de debilidad relativa, paradójicamente, generó el terreno propicio para que otros actores del peronismo se atrevan a desafiar lo que antes parecía inmutable.
La batalla por la gobernación bonaerense como espejo de la transformación interna
La provincia de Buenos Aires es el tablero donde esta pugna adquiere sus dimensiones más dramáticas. Axel Kicillof no puede presentarse a una nueva reelección según lo establecido por la Constitución provincial, circunstancia que abrió un apetito electoral en múltiples sectores del peronismo. Un grupo de intendentes del conurbano, liderados por figuras como Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), decidió tomar la iniciativa. Lo trascendente de esta decisión es lo que representa: por primera vez en años, estos dirigentes territoriales se plantean presentar su propio candidato sin esperar la "bendición" de San José 1111, la tradicional sede de poder cristinista. Este cambio de actitud refleja una transformación profunda en la estructura del poder peronista. Los intendentes que controlan los territorios más poblados del conurbano bonaerense comprueban que sus bases electorales triplican en magnitud a las de los municipios administrados por La Cámpora. Esa aritmética electoral los impulsa a reclamar un protagonismo que les fue negado durante años.
La propuesta de resolver la cuestión mediante una interna abierta, obligatoria y simultánea cuenta con el respaldo del propio gobernador. Kicillof señaló explícitamente que la definición debe procesarse a través de una PASO, posición que tensiona la relación con el sector kirchnerista. Lo que está en juego va mucho más allá de una simple contienda electoral provincial: es la posibilidad concreta de que Cristina Kirchner pierda una elección interna en el territorio histórico donde construyó su poder político más sólido. Una derrota de esa naturaleza representaría señales inequívocas de debilitamiento dentro de la propia estructura del movimiento que fundó. Por eso, aunque los desafíos públicos entre facciones se multiplican, existe entre los analistas políticos una lectura que sugiere que las fuerzas internas presionan hacia un acuerdo. Cristina Kirchner, en su actual condición de fragilidad, necesita desesperadamente la unidad peronista. Su cálculo es evidente: un triunfo electoral del movimiento en 2025 es su mejor esperanza para recuperar libertad de acción.
Rencillas históricas y desconfianza que no cicatriza
Sin embargo, la memoria de los intendentes es larga y selectiva. Recuerdan con claridad episodios que los magulló durante el apogeo de Cristina Kirchner, cuando las decisiones se tomaban en círculos reducidos sin mayores consultas al territorio. Evocan cómo Espinoza fue prometido como candidato a gobernador junto a Diego Bossio, promesa que se evaporó cuando Cristina Kirchner decidió impulsar a Aníbal Fernández. Aquella definición de 2015 se convirtió en símbolo de los arbitrios cristinistas. La maniobra fue teatral: encerró a tres candidatos en una habitación —Fernández, Julián Domínguez y Espinoza— ordenándoles que resolvieran entre sí quién sería el postulante. Como era predecible, los tres salieron sin acuerdo después de quince minutos. El resultado ya estaba escrito: Fernández obtendría el apoyo, aunque luego perdería frente a María Eugenia Vidal en las elecciones generales. Esa derrota electoral no limpió las heridas internas. Los seguidores de Domínguez aún sostienen que la interna fue manipulada, recordando que Fernández controlaba entonces el Correo Argentino. Florencio Randazzo, quien aspiraba a la candidatura, abandonó el movimiento con una carta airada. Estos antecedentes alimentan la determinación actual de los intendentes: consideran que finalmente llegó el momento de no ceder protagonismo sin luchar.
La relación entre Kicillof y los intendentes también registra tensiones que van más allá de la competencia por candidaturas. Después de las elecciones bonaerenses del año pasado, que fueron ganadas por el peronismo, los aliados territoriales del gobernador en el conurbano le recriminaron que continuara distribuyendo ministerios a funcionarios identificados con La Cámpora. El ejemplo más ilustrativo es Juan Martín Mena en la cartera de Justicia, quien resolvió en trámites ágiles el traspaso de la sede de la AFA a la provincia, una decisión que evitó que investigaciones judiciales avanzaran sobre dirigentes de esa institución. Los intendentes se sienten menos recompensados que los camporistas, a pesar de haber brindado apoyo electoral sostenido. El gobernador mantiene una estructura ministerial dividida entre facciones, resemblando la metodología que caracterizó al gobierno de Alberto Fernández. Un dirigente histórico del peronismo resumió su frustración con una metáfora animal: "Vos sos como las palomas en las iglesias, cagás encima de los fieles". La imagen captura el sentimiento de estar siendo ignorado mientras se reciben los efectos negativos de las decisiones ajenas.
La Legislatura provincial como síntoma de la fragmentación
La fractura peronista adquiere dimensiones tan profundas que llegó a paralizar la Legislatura provincial bonaerense. Este órgano legislativo consume anualmente más de 150.000 millones de pesos en recursos provinciales, una cifra que refleja los costos de mantener una estructura política bloqueada por conflictos internos. Los intendentes buscan que se anulen los límites a las reelecciones que rigen desde la era de María Eugenia Vidal, una demanda que requeriría la intervención de Sergio Massa, quien posee poder de decisión en estos temas. Massa, sin embargo, mantiene una posición pública de rechazo: "No voy a decir lo contrario a lo que sostuve durante diez años", argumentó ante los emisarios que buscaban convencerlo de cambiar su postura. Pero la historia política argentina enseña que las posiciones "inmutables" suelen tener precio. Los dirigentes escépticos citan una máxima romana: omnia Romae venalia sunt, en Roma todo tiene su precio. Los próximos meses desentrañarán si Massa mantiene su firmeza o si, como sugieren sus detractores, termina flexibilizando su posición.
Otro debate que agita los territorios bonaerenses es la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales. Varios mandatarios buscan desacoplar el cronograma electoral provincial del nacional, idea que encierra un cálculo político: competir en tiempos electorales distintos modifica las dinámicas de voto y puede favorecer o perjudicar según las circunstancias. Para Kicillof esto representa un riesgo considerable. Las decisiones políticas de largo plazo requieren cierta certeza sobre el futuro; adelantar una elección significa jugar sin esa certidumbre. Desde la gobernación, la respuesta es ambigua: "Todavía no se discutió". Este silencio táctico es significativo. Mientras tanto, la excitación electoral que recorre el peronismo generó nuevos espacios políticos, como el autodenominado "neoalbertismo" liderado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. Desde el conurbano este movimiento es observado con escepticismo. Sus dirigentes sostienen que fue diseñado por Massa para fragmentar la candidatura de Kicillof y debilitar su pretensión de ser un postulante indiscutido. La presencia de Michel, quien fue pieza central de la gestión massista durante el gobierno de Alberto Fernández, alimenta estas sospechas. Michel, con tono irónico, dejó correr la idea: "Le dicen massismo clase B".
Más allá de su origen y de las intrigas que lo rodean, el grupo de Parque Norte tiene el mérito de plantear la única revisión sustantiva de las deudas que el peronismo acumula con la sociedad: propone recuperar el orden fiscal como una bandera propia y abandonar lo que describen como un enamoramiento crónico con el déficit y la inflación. Esta propuesta de corrección macroeconómica llega hasta ahí y no transciende hacia otras áreas problemáticas. No se plantea una lucha consistente contra la corrupción ni mecanismos para frenar los abusos de cargos públicos o los negocios con fondos del Estado. El revisionismo peronista, incluso en sus versiones más modernas, mantiene sus fronteras bien definidas y sus límites explícitos. Los temas que toca los toca con cierta profundidad; los que evita, los evita con precisión.
La situación que vive el peronismo en estos meses representa un momento de transición cuyas consecuencias aún no pueden predecirse con certeza. Si los intendentes del conurbano logran imponer su candidato propio en una interna, el mensaje que se enviará será inequívoco: el poder territorial puede confrontar y vencer al poder cristinista. Esto abriría un período donde la estructura peronista operaría bajo nuevas reglas de juego, donde la geografía electoral tendría mayor peso que las tradiciones de obediencia jerárquica. Alternativamente, si se produce un acuerdo de facto entre las facciones, se postergará el conflicto pero no se lo resolverá; simplemente migrará a nuevos espacios y nuevos momentos. El peronismo está acostumbrado a estos ciclos de tensión y acomodación, pero el contexto actual —con Cristina Kirchner judicialmente vulnerable, un gobierno nacional debilitado y una provincia que es tierra de nadie electoral— sugiere que esta vez las reglas podrían cambiar de manera más permanente.
