La sesión de ayer en el Senado dejó un saldo agridulce para la administración libertaria: mientras logró avanzar en la aprobación de una treintena de candidatos para cargos judiciales estratégicos, debió retroceder nuevamente en lo que constituye uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de reforma económica. El debate sobre la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada quedó en suspenso, aplazado hasta el 6 de agosto, tras detectarse que los números no alcanzaban para sacar adelante la sección más polémica de toda la propuesta: la habilitación irrestricta para que capitales y personas extranjeras adquieran tierras rurales en el país. Se trata del tercer intento fallido que sufre este proyecto en la Cámara Alta, una cifra que habla por sí sola sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para conseguir consenso legislativo en torno a una iniciativa que provocó resistencia tanto desde el ala opositora como desde dentro de la misma coalición gobernante.

La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, fue quien comunicó públicamente la postergación desde el piso del recinto, una decisión que llegó luego de que las negociaciones exhaustivas fracasaran en el intento de incorporar modificaciones que resultaran aceptables tanto para los senadores renuentes como para el equipo técnico del Gobierno. Detrás de esta comunicación se escondía una realidad más cruda: el Ejecutivo, representado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se había negado a ceder en ciertos aspectos clave del texto, lo que cerró definitivamente las posibilidades de obtener los votos faltantes. El episodio reveló además un dato inquietante respecto del clima político interno: se registraron intercambios acalorados a través de mensajes privados entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich, lo que sugiere tensiones profundas dentro de la coalición gobernante sobre cómo proceder con una agenda que genera polarización.

Las complejidades de una reforma que no encuentra cauce

Para entender la magnitud del tropiezo, conviene recordar que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada constituye una de las piezas centrales del programa de desregulación económica que promueve el Gobierno desde su llegada al poder. Diseñado por Sturzenegger y remitido al Senado a finales de marzo, el expediente comprende varios capítulos que abarcan desde cambios en los procedimientos de desalojo hasta modificaciones en leyes que regulan tierras y manejo del fuego. Sin embargo, su corazón palpitante reside en permitir que extranjeros compren sin limitaciones tierras rurales argentinas, un objetivo que ha generado resistencias variadas: desde el bloque kirchnerista y la izquierda, como era previsible, pero también desde la jerarquía de la Iglesia Católica y amplios sectores de la sociedad civil que ven con preocupación esta apertura.

La legislación actualmente vigente, sancionada en 2011, establece restricciones claras en este aspecto: los extranjeros pueden poseer un máximo del 15 por ciento de las tierras tanto a nivel nacional como en cada provincia y departamento, mientras que ninguna nacionalidad puede acumular más del 30 por ciento de la totalidad de superficie habilitada. Estas barreras fueron diseñadas con la intención de preservar el control territorial nacional y evitar concentraciones excesivas de propiedad en manos de actores foráneos. La propuesta del Ejecutivo busca derribar precisamente estos candados, aunque la última versión circulada del texto introdujo matices: mientras permite la venta sin restricciones a personas físicas extranjeras, en el caso de empresas cuyo capital incluya participación estatal de gobiernos extranjeros se requeriría autorización tanto provincial como nacional. Esta distinción fue precisamente uno de los puntos de fricción con Sturzenegger, quien resistió que quedara explícitamente consignado en la norma que las provincias tenían facultades para reglamentar la disposición mediante leyes provinciales.

Un texto que no deja de mutar: quince cambios y ninguna certeza

Otra señal del caos que envuelve a esta iniciativa es el historial de modificaciones que ha sufrido desde que se emitiera dictamen hace casi dos meses. Se cuentan más de quince alteraciones al texto original, un número que refleja tanto las dificultades técnicas para redactar una normativa viable como las presiones políticas que recibe desde múltiples direcciones. En paralelo, el capítulo dedicado a los desalojos judicales también experimentó transformaciones sustanciales respecto a lo que el Gobierno había propuesto inicialmente. El Ejecutivo debió abandonar su intención de aplicar el procedimiento de juicio sumarísimo, considerado más expeditivo pero también más agresivo. La versión que finalmente circuló contempla diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales, así como entre deudores morosos en contratos de alquiler. Se estableció un plazo de diez días hábiles para la notificación y restitución del bien, casi triplicando los tres días que originalmente se pretendía, y se incorporaron salvaguardias para menores, personas con discapacidad y adultos mayores que serían objeto de desalojo.

La sesión de ayer comenzó con un detalle que resultó sintomático del panorama legislativo. El quórum se alcanzó con la cifra exacta de 37 senadores presentes, obtenida poco después de las 12.25 del mediodía. La asistencia perfecta del bloque oficialista libertario y de la Unión Cívica Radical, que presentó la totalidad de sus diez integrantes, fue insuficiente. Debió complementarse con los votos de Pro y de una mayoría de legisladores provinciales de Neuquén, Salta y Misiones para lograr siquiera la apertura de la sesión. Esta dificultad inicial fue un anticipo de lo que vendría: la ausencia de varios senadores aliados al Gobierno dejó los números muy ceñidos, especialmente cuando se trataba de votar la cláusula sobre tierras. El oficialismo no podía permitirse perder ni un voto en una materia que requería consenso suficiente, y simplemente no lo tenía.

Más allá del revés en el tema de tierras, la jornada permitió al Gobierno obtener victorias en otros frentes. Se aprobaron 29 pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, entre los que se destacan nombres que ocuparán posiciones estratégicas en la justicia federal. Tomás Rodríguez Ponte, quien se desempeñaba como secretario letrado del juez federal Ariel Lijo, fue confirmado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, un cargo de elevada importancia dado que ese tribunal tiene a su cargo investigaciones de figuras políticas relevantes, incluyendo la causa que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Por otro lado, Víctor Pesino, camarista que respaldó la reforma laboral implementada por el Gobierno, obtuvo confirmación a pesar de estar próximo a cumplir la edad jubilatoria de 75 años; el Ejecutivo solicitó al Senado autorizar una prórroga de cinco años en su magistratura. Adicionalmente, mediante la apertura del debate lograron que tomaran estado parlamentario los pliegos presentados por el Poder Ejecutivo que proponen a Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como vocales de la Cámara Federal con asiento en Comodoro Py, el edificio de justicia federal más emblemático del país.

¿Qué queda en el horizonte?

Este tercer fracaso en el Senado plantea interrogantes sobre las perspectivas futuras de una iniciativa que el Gobierno considera fundamental para su agenda de transformación económica. Los defensores de la propuesta argumentan que permitir la inversión privada extranjera en tierras no es equivalente a facilitar la compra de territorio por parte de gobiernos extranjeros, una distinción que consideran crucial. Sostienen que la normativa preservaría la seguridad nacional al mantener prohibiciones respecto de estados foráneos, mientras permitiría flujos de capital que dinamizarían sectores productivos como la agricultura. Por el contrario, quienes se oponen advierten sobre riesgos de desnacionalización territorial, pérdida de soberanía sobre recursos naturales estratégicos y concentración de tierras en manos de grandes corporaciones transnacionales sin vínculos con el desarrollo local. La postergación hasta agosto da tiempo para nuevas negociaciones, pero también expone las limitaciones políticas del oficialismo para impulsar reformas que generen resistencia multifrente. El resultado final dependerá de si se logra construir un consenso legislativo más amplio o si la iniciativa terminará siendo archivada como otras propuestas controvertidas que no consiguen llegar a buen puerto en el Senado.