La mecánica del poder provincial volvió a demostrar su peso en las últimas semanas. En el Senado de la Nación, las provincias encontraron una trinchera desde la cual negociar con mayor capacidad de fuego que en otros espacios. Lo que comenzó como una estrategia de impulso legislativo desde la Casa Rosada terminó convirtiéndose en un ejercicio de negociación política donde los mandatarios regionales imponen sus prioridades. La falta de consensos territoriales paralizó varios proyectos del Gobierno, obligando a la administración Milei a buscar acuerdos previos que aseguren apoyo legislativo antes de insistir con sus iniciativas.

El escenario más evidente de esta pulsada se materializó con la caída de dos capítulos de una iniciativa presentada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. La propuesta sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada no logró reunir el respaldo unificado de los gobernadores, particularmente por las modificaciones que contemplaba en materia de tierras. Aunque la iniciativa ya fue girada a la Cámara de Diputados, el tropiezo dejó al descubierto la debilidad de La Libertad Avanza para construir coaliciones amplias sin negociar condiciones previas con las provincias. Esta situación obligó a replantear la estrategia del Ejecutivo, que ahora busca acordar antes de avanzar legislativamente.

Las iniciativas paralizadas y el desafío de construir mayorías

Más allá del proyecto de Inviolabilidad, existen otras iniciativas que permanecen en compás de espera dentro de la Cámara alta. El proyecto de Zonas Frías, sancionado en Diputados desde hace meses, aún no logra consenso en el Senado. Esta propuesta busca retrotraer el sistema de subsidios para el consumo de gas en regiones de clima extremadamente adverso: la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe en Mendoza. Sin embargo, los senadores radicales mendocinos, quienes responden al gobernador Alfredo Cornejo, se niegan a acompañar la medida. Rodolfo Suarez y Mariana Juri, los legisladores en cuestión, representan una barrera que el Gobierno no puede salvar sin hacer concesiones.

El panorama se complica aún más cuando se observa el movimiento legislativo en Diputados, donde el radicalismo planteó una contrapropuesta. A través de su jefa de bancada, Pamela Verasay, la UCR presentó un proyecto orientado a establecer subsidios eléctricos para poblaciones vulnerables en provincias de clima cálido. La iniciativa fue presentada por diputados que responden a gobernadores aliados del Gobierno, como Leandro Zdero de Chaco y Juan Pablo Valdés de Corrientes. Esta estrategia revela cómo los gobernadores utilizan a sus legisladores para negociar desde múltiples flancos: aceptan algunas medidas del Gobierno a cambio de que se implementen otras que favorezcan sus territorios. El principio de equidad territorial se convirtió así en moneda de cambio legislativa.

Contexto histórico de los subsidios energéticos y el quiebre de 2021

Para entender la verdadera magnitud de lo que está en juego, es necesario retroceder en el tiempo. El régimen de subsidios para zonas frías se estableció en 2002 mediante la Ley 25.565, beneficiando inicialmente a usuarios en regiones patagónicas, la Puna y Malargüe. Durante casi dos décadas, el sistema funcionó con un alcance geográfico limitado. Sin embargo, en 2021, una modificación legislativa amplió significativamente los beneficiarios, incorporando 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esta expansión transformó un programa regional en una política con alcance nacional, financiada por un fondo que pagan todos los usuarios del país. Los descuentos oscilan entre el 30% y el 50% según la región, y su vigencia se extiende hasta fines de 2031.

El Gobierno actual considera que esta arquitectura es insostenible desde el punto de vista fiscal. La idea es volver atrás en la ampliación de 2021, restringiendo los beneficios a las regiones originalmente contempladas. Pero aquí surge el nudo gordiano: los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no están dispuestos a perder los subsidios que sus provincias comenzaron a recibir hace tres años. Tampoco los legisladores que responden a ellos. Lo que era una política de transferencia de recursos entre regiones se convirtió en un derecho adquirido, y desarmarlo requiere no solo una decisión administrativa sino un proceso de negociación política que el Gobierno aún no ha podido cerrar.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará en una cumbre de gobernadores del Norte Grande en la provincia de Misiones. En la agenda figuran dos temas principales: la implementación de una tarifa eléctrica diferenciada para provincias de clima cálido y la posibilidad de que el Gobierno avance con su reforma del régimen de zonas frías. El diseño de estas negociaciones revela una lógica clara: el Ejecutivo ofrece beneficios para algunas provincias como contrapartida para que otras acepten la reducción de sus subsidios. Sin estos acuerdos previos, el Senado seguirá siendo un cementerio de proyectos.

Mientras tanto, en los pasillos de la Cámara alta se suceden otros debates. Este martes, la Comisión de Legislación General, conducida por la senadora libertaria Nadia Márquez, retoma el tratamiento del proyecto de ley General de Sociedades, también de autoría de Sturzenegger. Miércoles por la tarde, en tanto, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional avanzan con el proyecto de super-RIGI, con funcionarios clave del Ejecutivo presentes como invitados. La participación de Daniel González, secretario de Energía y Minería; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, señala la importancia que el Gobierno asigna a estas iniciativas. Sin embargo, la experiencia previa muestra que la presencia de funcionarios no garantiza los votos necesarios.

Perspectivas sobre las consecuencias de este pulso político

El escenario que se abre presenta múltiples derivaciones. Por un lado, si el Gobierno logra sellar acuerdos con los gobernadores, podría avanzar su agenda de desregulación y reforma tributaria. La implementación del super-RIGI, el proyecto de Sociedades y otras iniciativas dependerán de estas negociaciones. Por otro lado, si los desacuerdos persisten, el Senado continuará funcionando como un freno a la capacidad del Ejecutivo de transformar su programa legislativo en realidad. Las provincias, especialmente aquellas con gobernadores que responden a partidos políticos diversos, tienen incentivos para bloquear iniciativas mientras no se satisfagan sus demandas presupuestarias o de política energética. Este dinámico presenta tensiones entre un modelo de concentración de poder en el Ejecutivo y la realidad institucional del federalismo argentino, donde las provincias mantienen capacidades de veto significativas en el proceso legislativo. Los acuerdos que eventualmente se cierren determinarán no solo qué leyes se sancionan, sino también qué territorios se benefician con políticas diferenciadas de subsidios y regulación.