A poco más de un año de los comicios presidenciales de 2027, la estructura interna de La Libertad Avanza atraviesa un momento de parálisis táctica. Los dirigentes territoriales del partido oficialista, que hace apenas unos meses se atrevían a trazar proyecciones ambiciosas sobre sus propias candidaturas a gobernaciones, han puesto en pausa sus iniciativas personales. La razón es simple pero determinante: la Casa Rosada está tejiendo una red de acuerdos con mandatarios provinciales cuya geometría política podría terminar desplazando a los cuadros locales del espacio libertario. En otras palabras, las aspiraciones individuales quedaron subordinadas a lo que suceda en los despachos del poder central, donde Karina Milei ejerce como máxima operadora política nacional del movimiento. El mensaje que baja desde la cúpula es cristalino para todos: la reelección del Presidente es el norte que orienta cada decisión, y todo lo demás −incluidas ambiciones de poder local− resulta accesorio.
La lógica vertical del poder y sus consecuencias territoriales
El funcionamiento interno de La Libertad Avanza se estructura alrededor de un principio que sus propios miembros describen sin ambigüedad: la verticalidad. Los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, operadores clave que actúan bajo la supervisión de Karina Milei, han desplegado cuadros políticos en cada provincia con una característica compartida: todos poseen una línea directa hacia los despachos de poder. Esta arquitectura no es casual. Responde a una concepción del partido donde las decisiones fluyen desde la capital hacia las provincias, y donde los líderes locales funcionan más como ejecutores de una estrategia nacional que como constructores autónomos de poder territorial.
El impacto de esta estructura vertical sobre los referentes provinciales es tangible. Varios de ellos ingresaron al 2025 con entusiasmo moderado, convencidos de que los buenos resultados electorales del año anterior los posicionaba como candidatos viables para disputar gobernaciones en 2027. Sin embargo, esa ilusión se disipó rápidamente cuando comenzó a tomar forma la nueva estrategia nacional. Dirigentes que alguna vez imaginaron ocupar lugares centrales en sus territorios ahora aguardan en silencio, sin formular reclamos públicos, sabiendo que cualquier demanda propia podría interpretarse como desalineamiento respecto de los objetivos presidenciales. Como expresó uno de estos cuadros en conversaciones privadas, reproduciendo el discurso que circula en las terminales provinciales: "Estamos por un proyecto nacional, que es el del Presidente. El objetivo número uno es la reelección de Milei, sí o sí. El foco es uno y es ese; lo otro es accesorio".
El giro estratégico: de la pureza electoral a los pactos provinciales
Hace poco más de un año, durante las elecciones legislativas de 2025, el oficialismo optó por una estrategia diferente. En aquella oportunidad, Karina Milei junto a los Menem impusieron una posición que priorizaba candidatos identificados exclusivamente con el proyecto libertario, rechazando acuerdos amplios con otras fuerzas políticas. Sin embargo, Santiago Caputo, el influyente estratega que mantiene una relación tensa con la hermana presidencial, ya advertía entonces sobre los riesgos de mantener esa postura de aislamiento. Sus recomendaciones fueron ignoradas en ese momento, pero hoy su visión parece haber cobrado vigencia dentro de los cálculos de la Casa Rosada.
Para 2027, el panorama ha cambiado radicalmente. Desde Balcarce 50 circula una evaluación distinta sobre cómo ganar la reelección: mediante la construcción de una coalición electoral amplia que incluya gobernadores aliados, especialmente aquellos que mantienen una relación constructiva con Diego Santilli, actual jefe de Gabinete. Estos mandatarios provinciales han demostrado lealtad legislativa a cambio de asignaciones presupuestarias en el pasado, cuando Santilli se desempeñaba como ministro del Interior. Esa experiencia aceitada de negociación bilateral sugiere que la fórmula puede replicarse a escala electoral. En conversaciones internas, operadores oficialistas mencionan que sellar pactos con al menos diez gobernadores provinciales constituiría una base electoral sólida para garantizar la continuidad de Milei en el poder. En un eventual balotaje, donde cada voto resulta decisivo, esa matemática cobra importancia estratégica inmediata.
Lo que resulta significativo en este viraje es la lógica que lo sustenta. La Casa Rosada no descarta que un segundo mandato de Milei enfrente gobernadores principalmente peronistas que hayan llegado al poder únicamente porque el voto de derecha y centro-derecha se encontraba fragmentado. Evitar ese escenario se convierte así en una preocupación genuina dentro de la administración central. De ahí que el espíritu acuerdista predomine en las conversaciones que mantienen los funcionarios nacionales con los mandatarios provinciales, incluso cuando esto suponga postergar las ambiciones electorales de los cuadros locales del partido oficial.
La tensión irresuela entre lealtad y proyectos personales
En los territorios, los dirigentes libertarios reproducen una y otra vez el discurso que baja desde la capital. Presidentes de organismos provinciales de LLA han comenzado a repetir una cantinela que se ha vuelto casi ritual: "No hay prioridad en presentar candidatos competitivos a gobernador hasta que se cierren los pactos nacionales". Algunos van más lejos en su resignación: "Todos los presidentes de LLA entienden que no va a servir ganar en las provincias si se pierde en la Nación, porque la Argentina vuelve para atrás". Estas frases, reiteradas en distintos puntos del país, revelan una absorción casi completa del marco narrativo diseñado desde el poder central.
Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente unanimidad existe una grieta que todavía genera desconfianza en ciertos sectores de la Casa Rosada. Dentro del ala que responde directamente a Karina Milei se proclama que los acuerdos no se sellarán a cualquier costo y que la secretaria general de la Presidencia no abandonará a sus colaboradores históricos, aquellos que construyeron buena parte de la estructura territorial del movimiento. Esta declaración de principios tiene el propósito de calmar tensiones internas, pero en las filas que no responden al karinismo existe cierto escepticismo. Se teme que, cuando llegue el momento de negociar las listas para 2027, la dirección del partido pueda priorizar nuevamente el concepto de "lista violeta" −identificado con la impronta libertaria pura− en detrimento de aquellos dirigentes que aceptaron subordinarse. Este temor no es infundado: la historia reciente del oficialismo ofrece precedentes de cambios bruscos de rumbo motivados por cálculos políticos inmediatos.
Tanto desde la terminal de la secretaria general de la Presidencia como desde círculos cercanos al Presidente, circula el argumento de que Milei requiere alianzas firmes para lograr su reelección, y que Karina Milei es consciente de esa necesidad. Otras voces, sin embargo, sugieren que el Presidente mismo analiza la situación de manera similar, lo que permitiría cierta distensión en torno a esta cuestión. De cualquier modo, la realidad es que todavía no se ha definido prácticamente nada en materia electoral: las conversaciones abierta se centran principalmente en aspectos legislativos, donde existe un proyecto de reforma política que condensa toda la estrategia en ciernes.
La reforma política como puerta de entrada a los acuerdos
En efecto, existe un único proyecto legislativo que combina simultáneamente consideraciones políticas y electorales: la reforma política. Dirigentes tanto del gobierno como del partido libertario tienen un objetivo inmediato bien definido para los próximos meses: eliminar o al menos suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) antes de 2027. Reconocen abiertamente que esta reforma constituye la primera bandera de su recorrido hacia la reelección presidencial.
La lógica detrás de este objetivo se extiende en múltiples direcciones. Suprimir las PASO permitiría a la administración libertaria diseñar listas unificadas identificadas con su marca (la famosa "lista violeta") sin temor a que candidatos competitivos dentro del espacio cuestionen el ordenamiento propuesto. Simultáneamente, daría margen para que ciertos gobernadores aliados se aseguren un lugar destacado en las boletas provinciales a cambio de colaborar activamente en la campaña presidencial de Milei. El mecanismo de "colectoras" −boletas separadas que funcionan como intermediarias entre distintos espacios electorales− entraría así en juego como una herramienta de negociación. Para conseguir el apoyo parlamentario necesario que permita avanzar sobre esta reforma, están todas las cartas sobre la mesa: desde concesiones presupuestarias hasta espacios de poder en las futuras listas electorales.
Perspectivas sobre un escenario abierto
La configuración actual del escenario político nacional presenta varios desenlaces posibles cuyas implicancias trascienden el simple cálculo electoral. Si la estrategia de la Casa Rosada prospera −es decir, si logra sellar acuerdos con gobernadores provinciales suficientemente sólidos como para garantizar su reelección− estaríamos ante una redefinición de cómo se distribuye el poder dentro del movimiento libertario. Los cuadros provinciales que alguna vez ambicionaron ocupar ejecutivos provinciales pasarían a un rol subordinado, mientras que los gobernadores aliados adquirirían mayor peso relativo en las decisiones que afecten al territorio. Esto generaría una cierta concentración de poder en manos de mandatarios no necesariamente identificados con la ortodoxia libertaria, lo que podría generar tensiones en torno al rumbo ideológico del gobierno nacional en un eventual segundo mandato. Alternativamente, si la reforma política no prospera o si los acuerdos provinciales se desmorona por desacuerdos en torno a las condiciones, la Casa Rosada podría verse obligada a retomar la estrategia de purismo electoral que caracterizó 2025, aunque con el riesgo de enfrentar una elección fragmentada donde fuerzas opositoras resulten favorecidas. Un tercer escenario, menos probable pero posible, consistiría en un equilibrio inestable donde se cierren algunos acuerdos selectivos sin que se produzca una restructuración radical de las jerarquías internas del movimiento libertario. En cualquier caso, la congelación actual de las aspiraciones territoriales constituye apenas un momento de espera; las definiciones que se cierren en los próximos meses determinarán no solo quién gobierna qué, sino también la propia morfología del poder dentro del oficialismo durante los años venideros.
