Las voces que resquebrajan el silencio
En el marco del prolongado proceso judicial que examina la presunta red de pagos extorsivos tejida durante la administración kirchnerista, emergieron durante esta jornada testimonios que profundizan la acusación de coerción sistemática sobre empresarios del ramo vial. Jorge Víctor Stocker, un constructor cuya firma resultó ganadora en la licitación de uno de los seis corredores de rutas nacionales, compareció ante el tribunal para narrar cómo su compañía enfrentó lo que él mismo caracterizó como una "imposición directa" de transferencias de fondos. Lo relevante no radica únicamente en que un nuevo testigo corrobore hechos ya conocidos, sino en el modo en que la cadena de presuntas extorsiones va adquiriendo una textura más compleja: cada declaración añade matices sobre un supuesto esquema que operaba con naturalidad entre funcionarios y empresarios, como si formara parte de las reglas no escritas del juego de la obra pública.
El testimonio de Stocker resultó particularmente significativo porque no provino de una vivencia directa, sino de la narración que le transmitió Benjamín Rojas, su suegro, quien ejercía funciones operativas dentro de la empresa. Este eslabón intermediario en la cadena testimonial permite vislumbrar cómo la información sobre presuntas demandas indebidas circulaba entre ejecutivos, generando un conocimiento compartido sobre la dinámica coercitiva. Según lo manifestado en audiencia, Rojas expresaba su sorpresa ante el hecho de que, inmediatamente después de adjudicarse la licitación, comenzaran a llegar solicitudes de dinero disfrazadas de "atenciones". La incredulidad del suegro reflejaba, aparentemente, la percepción de que semejante comportamiento carecía de legitimidad, aún en un contexto donde prácticas irregulares podían ser toleradas por sectores empresariales resignados.
El OCCOVI como engranaje de una máquina extractiva
El organismo responsable de fiscalizar las concesiones de rutas nacionales, conocido como OCCOVI, emerge en este relato como un instrumento mediante el cual se canalizaban presiones hacia los empresarios ganadores de licitaciones. A la cabeza de esta institución se encontraba Claudio Uberti, funcionario que posteriormente se convirtió en imputado colaborador y que reconoció ante la justicia la existencia de un circuito de extorsión. Los detalles que Uberti reveló resultan especialmente ilustrativos del presunto funcionamiento de este mecanismo: según su propia confesión, fue Néstor Kirchner quien, a través del ministro de Planificación Julio de Vido, le transmitió la orden de cobrar aportes periódicos a empresarios beneficiados por contratos de obra pública en el sector vial. La cadena de mando evidencia una estructura de decisiones que comenzaba en la cúpula estatal.
La brutalidad de las presuntas amenazas que Uberti describió no deja espacio para interpretaciones equívocas. Según su relato, Kirchner le habría dicho en alguna ocasión: "Me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar". Esta expresión, recogida en el expediente, sintetiza el tono intimidatorio que presuntamente caracterizaba las conversaciones sobre recaudación de fondos entre los empresarios beneficiados. Lo desconcertante es que Uberti aseguró haber transportado personalmente el dinero recaudado: primero hacia De Vido y posteriormente hacia el propio expresidente. Esta práctica sugiere un nivel de familiaridad con procedimientos irregulares que trasciende lo anecdótico e ingresa en el territorio de lo sistémico. Las amenazas explícitas operaban como refuerzo de una realidad que los empresarios ya comprendían: colaborar con las exigencias era la condición no negociable para mantener sus contratos vigentes.
En cuanto a los mecanismos de coacción mencionados por Stocker, emerge el recurso de la amenaza de expulsión del registro de constructores. Esta arma administrativa representaba un castigo potencial de magnitud considerable: perder la inscripción significaba quedar inhabilitado para participar en futuras licitaciones, un golpe económico de proporciones devastadoras para empresas cuyo modelo de negocio dependía de la obra pública. La sofisticación de este sistema radica en que no requería violencia física explícita, sino únicamente el ejercicio de capacidades regulatorias que el Estado poseía naturalmente. El aparato estatal se convertía, de esta manera, en un instrumento de extorsión disfrazado de autoridad administrativa.
Cuando los números no cierran: la perspectiva de quienes caen
Durante la misma audiencia compareció José Darío Clebañer, director de la empresa Homaq, otra de las firmas adjudicatarias de uno de los corredores viales. Su testimonio introdujo una dimensión dramática hasta entonces menos visible en el expediente: la angustia personal y financiera que supuestamente experimentaron empresarios atrapados en este esquema. Clebañer relató que su padre, Raúl Héctor Clebañer, atravesó una crisis que culminó en su muerte. Aunque el hijo fue cauteloso al no establecer una relación directa y lineal entre la presión empresarial y la decisión paterna, sus palabras permitieron entrever que la situación de la firma generaba una tensión considerable en el seno familiar. El tono de la declaración cambió notoriamente en la sala: un clima de solemnidad reemplazó la rutina procesal.
Sin embargo, Clebañer fue enfático al aclarar que su progenitor "no se tiró por el balcón por un tema de plata", lo cual sugiere que, aunque reconocía presiones empresariales, evitaba simplificaciones causales. No obstante, sí enfatizó un problema sustancial: los términos contractuales no se cumplían en lo fundamental. Según su relato, mecanismos de ajuste de tarifas pactados contractualmente simplemente no operaban como se había acordado. Esta denuncia apunta a un segundo nivel de irregularidad: no solo había presión para extraer dinero de las empresas, sino que además el Estado incumplía sus obligaciones contractuales, generando un desequilibrio económico que iba más allá de lo que los empresarios habían previsto al participar en las licitaciones. Clebañer describió un ambiente marcado por la "psicosis colectiva" durante la fase de declaraciones indagatorias ocurridas en 2018, un lenguaje que evoca estados de perplejidad y desasosiego generalizados entre quienes participaban en el sistema de obra pública.
El dilema de las pruebas y las contrapresiones
Un elemento que atraviesa la defensa de varios de los imputados se relaciona con cuestionamientos dirigidos al fiscal Carlos Stornelli, a quien se acusa de haber tomado declaraciones a imputados colaboradores bajo presiones y amenazas. Aunque estos cuestionamientos nunca fueron formalmente corroborados mediante un proceso judicial específico, persisten en el expediente como una sombra que complica la evaluación de la credibilidad de los testimonios clave del caso. Los abogados defensores argumentan que esta dinámica contaminó la calidad probatoria de confesiones que constituyen uno de los pilares de la acusación. La defensa de Roberto Baratta, señalado como uno de los principales recaudadores del supuesto sistema de coimas y figura recurrente en los registros de Oscar Centeno, el chofer de Julio de Vido cuyos cuadernos originaron toda esta investigación, solicitó ampliar su indagatoria en el juicio oral. El tribunal deberá fijar una fecha para que Baratta pueda presentar su propia versión de los hechos.
Este contexto probatorio es crucial para entender las dinámicas que caracterizan el procedimiento. Los tres empresarios que comparecieron ese día afirmaron no haber sido sometidos a presión alguna durante sus declaraciones indagatorias de 2018, lo cual contrasta con las acusaciones sobre coerción fiscal. Empero, el hecho de que describan posteriormente un clima de ansiedad colectiva sugiere que la presión operaba de maneras más sutiles que la confrontación directa. La justicia debe navegar, entonces, entre testimonios que parecen contradictorios en la superficie pero que podrían ser complementarios cuando se examinan sus capas más profundas. ¿Fue coerción fiscal la que presionó a los imputados colaboradores para que confiearan, o fue genuina contrición? La respuesta no es binaria, y el tribunal debe evaluar cada elemento probatorio con el rigor que demanda un caso de esta envergadura.
Las consecuencias de un patrón presunto
Los hechos presentados durante esta jornada de juicio contribuyen a delinear un patrón: si las acusaciones son ciertas, existió una estructura organizada de extorsión que involucró a funcionarios de nivel superior, instituciones administrativas, y que se extendió a través de años de un ciclo político completo. Las implicancias trascienden el caso específico de estos empresarios. Una eventual condena establecería un precedente sobre cómo el aparato estatal puede ser capturado para fines de enriquecimiento privado bajo el disfraz de autoridad pública. Alternativamente, si la defensa logra desacreditar suficientemente los testimonios clave, el caso podría colapsar, enviando un mensaje muy distinto sobre la capacidad de la justicia para procesar delitos de corrupción de magnitud sistémica. Las perspectivas sobre cómo debe resolverse este proceso difieren significativamente: algunos sectores enfatizan la necesidad de castigo ejemplar para restaurar la confianza institucional; otros subrayan la importancia de garantizar derechos procesales irrestrictos incluso a quienes enfrenten acusaciones graves. Lo que no puede soslayarse es que la manera en que la justicia resuelva estos casos moldeará la percepción pública sobre la capacidad del sistema legal para procesar corrupción de estado, un elemento determinante para la gobernanza futura.
