La obra social IOMA atraviesa una encrucijada que va mucho más allá de los típicos problemas de gestión que aquejan a instituciones de su envergadura. Los números revelan algo más preocupante: un sistema de adjudicaciones que convierte equipos médicos esenciales para personas con discapacidad en productos de lujo inaccesible. Una silla de ruedas motorizada de fabricación china se cotiza a $10 millones en el mercado abierto, pero cuando IOMA la adquiere a través de intermediarios, el precio trepaba a $39 millones. No es un caso aislado ni un error administrativo: es un patrón que afecta a miles de afiliados que necesitan estos dispositivos para desenvolverse en la vida cotidiana.

La institución que atiende a más de dos millones de personas en la provincia de Buenos Aires —docentes, policías, empleados judiciales y jubilados, entre otros— está atrapada en una red de compras donde las ortopedias privadas actúan como intermediarias, agregando márgenes que multiplican el costo final. En el caso de una silla de ruedas marca Merits, modelo P210 de origen chino, el mecanismo fue particularmente complejo: la ortopedia porteña Escalada compró el equipo en el mercado internacional o local, lo vendió a Tor —una ortopedia platense—, y ésta lo facturó finalmente a IOMA a un precio que alcanzó los $48.998.592 incluyendo accesorios. Esta cadena de transacciones no sólo multiplica el valor final, sino que también opaca la trazabilidad de dónde provienen realmente los fondos de una obra social que está en crisis financiera declarada.

El caso del equipamiento de movilidad: cuando comprar a través de IOMA cuesta 150% más

Los sobrecostos no son marginales ni pueden atribuirse simplemente a gastos operativos legítimos. Un bipedestador —equipo que permite que una persona con discapacidad motriz se ponga de pie y desarrolle movilidad funcional— tiene un precio de fábrica de $5 millones cuando se compra directamente al fabricante nacional. Sin embargo, cuando una niña del Gran La Plata lo solicitó a través de IOMA, la ortopedia porteña Crux lo presupuestó a $12.450.000. La diferencia representa un sobrecosto de más del 150%. Este no es un equipamiento suntuario: es un dispositivo que la menor necesitaba de forma urgente para asistir a la escuela y llevar una vida normalizada. Lo que en teoría debería ser una gestión ágil por parte de la obra social se convierte en una odisea burocrática mientras los costos se multiplican.

En otro registro, una silla de ruedas a pedal de la marca estadounidense Ki Mobility fue cotizada por la misma ortopedia a $11.900.000, y con accesorios especializados el monto total llegó a $17.680.000. Estos números son consistentes con un patrón que se repite en múltiples órdenes de compra: IOMA no contacta directamente a los fabricantes ni recurre a proveedores mayoristas, sino que selecciona ortopedias que se interponen en la cadena de valor y extraen una comisión que termina pagando el afiliado a través de los montos que IOMA autoriza. Las ortopedias consultadas para esta investigación justificaron sus presupuestos argumentando que realizan un servicio de atención personalizada: se contactan con los pacientes, los visitan para tomar medidas exactas y coordinan el envío del equipamiento. También mencionaron que IOMA tarda varios meses en procesarles los pagos por órdenes que alcanzan cifras millonarias, lo cual implicaría un financiamiento de su parte. Aunque estas explicaciones contienen componentes válidos respecto al servicio técnico, no justifican márgenes que triplican el costo de origen.

Una institución saturada de reclamos y litigios: la termometría del colapso

El contexto institucional de IOMA es grave. En las redes sociales, grupos de Facebook nuclean a decenas de miles de afiliados descontentos: el grupo "IOMA Amparos, denuncias y reclamos" reúne a 45.900 miembros, mientras que "Víctimas y familiares de Violencia Institucional del IOMA" suma otros 3.000. Los testimonios que se publican diariamente reflejan una institución que no responde: acompañantes terapéuticas que llevan siete meses sin cobrar, menores que no pueden ir a la escuela porque IOMA no autoriza el equipamiento necesario, pacientes que aguardan años para acceder a un implante coclear, cirugías pendientes de reintegro desde hace meses. Un caso particular que resonó fue el de Silvia Nancy González, una mujer de 56 años fallecida en Mar del Plata cuya familia enmarcó su muerte en un contexto de irregularidades y presunto abandono institucional. En el Poder Judicial, el número de amparos activos presentados por afiliados en el fuero Contencioso Administrativo bonaerense asciende a por lo menos 2.000 expedientes. Esta cifra sólo contabiliza a quienes tienen recursos y acceso a patrocinio legal para litigar. Por fuera de esta cifra existe otro universo de conflictividad que enfrenta IOMA: demandas de empleados, sindicatos y prestadores sanitarios. En la Legislatura bonaerense hay, además, 39 proyectos pendientes de tratamiento relacionados con la crisis de la obra social.

La segunda obra social más grande del país después del PAMI no es una institución pequeña ni marginal. Sus afiliados constituyen sectores estratégicos: docentes de toda la provincia, efectivos de la Policía Bonaerense, empleados del Poder Judicial, trabajadores de ministerios y municipios, jubilados. Todos ellos realizan aportes solidarios que financian su funcionamiento. Que precisamente en este contexto de crisis financiera se verifiquen compras con sobreprecios de hasta 290% genera interrogantes sobre cómo se asignan recursos en una institución que declara estar sin fondos para cubrir prestaciones básicas. El sistema de adjudicaciones a través de intermediarios ortopédicos opera como un circuito opaco donde los precios se inflan en cada escalón de la cadena. Crux, la ortopedia porteña que protagoniza varios de los casos analizados, ha ganado participación recientemente en las adjudicaciones de IOMA, concentrando numerosas órdenes de compra para afiliados de distintas zonas de la provincia, lo que sugiere que el sistema prioriza a ciertos proveedores sin que quede claro cuál es el criterio de selección más allá del precio nominal.

Lo que emerge de este análisis es un sistema donde los afiliados de IOMA enfrentan una situación paradójica: mientras la obra social alega crisis presupuestaria para justificar demoras en autorizaciones y reintegros, autoriza compras de equipamiento a precios que triplican o cuadriplican los valores de mercado. Una persona con discapacidad que necesita una silla de ruedas motorizada para trabajar o estudiar debe esperar meses a que IOMA procese una orden de compra que cuesta $39 millones cuando el equipamiento en realidad vale $10 millones. Los recursos que se pierden en estos sobreprecios podrían haberse destinado a ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera o mejorar la calidad de atención. En cambio, circulan dentro de un ecosistema de intermediarios que lucran con la urgencia y la vulnerabilidad de personas que no tienen opción: o consiguen el equipamiento a través de IOMA a cualquier precio, o no lo consiguen.

Implicancias y perspectivas sobre el futuro de la institución

Las consecuencias potenciales de estos hallazgos pueden interpretarse desde múltiples ángulos. Desde una perspectiva fiscal, si los sobreprecios son sistemáticos y afectan a miles de compras, el impacto acumulado en las cuentas de IOMA sería significativo y podría explicar parcialmente su situación de insolvencia. Algunos observadores argumentarían que auditorías independientes deberían revisar el historial de adjudicaciones para determinar si existe responsabilidad administrativa o penal en la gestión de estos recursos. Otros enfatizarían que la propia estructura de intermediación es problemática independientemente de intenciones: un sistema de compras que no contacta directamente a fabricantes ni recurre a licitaciones públicas abiertas está diseñado para opacidad, no para eficiencia. Desde la perspectiva de los afiliados y las personas con discapacidad, el problema es inmediato y tangible: equipamiento que necesitan hoy cuesta el triple, lo que implica trámites más largos, presupuestos más altos que generan más rechazos, y finalmente, más personas sin acceso a lo que legalmente deberían recibir. Los legisladores bonaerenses que estudian la crisis de IOMA tienen ante sí una variable que probablemente no esperaban: no sólo se trata de una cuestión de gestión administrativa, sino de cómo se asignan recursos en un esquema donde los precios de mercado parecen ser desconocidos o ignorados por quien ejecuta las compras. Sea cual fuere el diagnóstico definitivo, las adjudicaciones a través de esta red de intermediarios representan una grieta sistémica en una institución que atiende a millones de personas que no tienen alternativa.