Cada mes, sin excepción, miles de pesos desaparecen de las arcas sanitarias bonaerenses a través de un mecanismo tan audaz como descubierto: la facturación de prestaciones médicas que nunca tuvieron lugar. En el corazón de esta operación se encuentra El Dique, un establecimiento especializado en rehabilitación ubicado en Ensenada, que según registros oficiales genera entre $40 y $50 millones mensuales en conceptos de guardias que, de acuerdo a investigaciones documentales, sencillamente no existen. Los números son contundentes: en apenas cuatro meses, la institución habría generado facturas por más de $170 millones en servicios inexistentes. La cuestión trasciende la mera irregularidad administrativa: expone grietas profundas en los mecanismos de control presupuestario provincial y plantea interrogantes sobre dónde termina realmente el dinero desviado.
El mecanismo de la simulación
La estructura del esquema revela una planificación metódica. Mensualmente, María de las Nieves Yezzi Herrera, quien encabeza la dirección ejecutiva del nosocomio, presenta documentación oficial ante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en la que constan aproximadamente 130 guardias mensuales realizadas en la institución. Cada una de estas prestaciones se liquida a valores que oscilan entre $303.000 para días hábiles y $364.000 para fechas no laborales. Los papeles incluyen nombres de profesionales, números de legajo y fechas específicas, lo que otorga una apariencia de legitimidad administrativa a documentos que, según los registros disponibles, carecen de sustento operativo.
Un hecho fundamental invalida por completo esta práctica: El Dique es un centro de rehabilitación. Su estructura funcional, tanto según su página web institucional como según lo confirmado por personal administrativo del lugar, no contempla un servicio de guardia. La institución atiende pacientes en modalidad de consultorios externos y en internación ya establecida, pero carece de la infraestructura y de la dinámica operativa que caracterizan a un servicio de urgencias. Sin embargo, los expedientes mensuales continuaban siendo presentados, procesados y liquidados por el tesoro provincial como si tales guardias fueran una actividad cotidiana del establecimiento.
Un análisis de los registros brinda dimensiones más claras del volumen de la operación. En mayo, la documentación presentada reportaba 133 guardias atribuidas a 30 profesionales, con un monto total de $45.477.032. A esto se sumó un segundo lote de información que agregaba $10.452.454 adicionales en concepto de otras 36 guardias vinculadas a nueve personas más. En conjunto, ese mes el Estado provincial debió transferir $55.929.486 en fondos destinados a salud pública a una institución que, conforme a su propia normativa, no realiza guardias. Abril mostró un volumen similar: 127 guardias reportadas, 40 profesionales involucrados, $42.620.527,50 liquidados. Julio llegó a $42.325.057 correspondientes a 126 guardias teóricas.
Las personas existen, las guardias no
Un aspecto particularmente relevante de esta estructura es que no se trata de nombres inventados. Los listados contienen identificaciones de profesionales reales que se desempeñan en la institución: médicos, terapistas ocupacionales, bioquímicos, técnicos en diversas especialidades. Sus legajos constan en los registros del hospital. Lo que no existe, según consta documentalmente, es la prestación de guardia que aparece registrada a su nombre. Este detalle resulta crucial para comprender la sofisticación del mecanismo: no es un fraude burdo basado en falsificación de identidades, sino una manipulación de registros de tiempo y servicios en relación a personas cuya existencia laboral es verificable.
Dentro de la comunidad laboral de El Dique, el fenómeno ha adquirido una denominación informal: las "guardias fantasma" circulan como vox populi entre los empleados. Los grupos de comunicación interna de la institución, particularmente aquellos que funcionan a través de aplicaciones de mensajería instantánea, contienen referencias recurrentes a esta práctica. La naturalización de su existencia sugiere que se trata de un procedimiento cuya sistematicidad ha permitido que sea percibido como parte de las dinámicas operativas cotidianas, al menos desde la perspectiva de sectores del personal.
La red de asignaciones familiares
Paralelo al esquema de guardias ficticias, documentación circulante entre trabajadores del hospital expone un segundo nivel de irregularidades. Según información que fluye internamente, el directorio del establecimiento —integrado por Yezzi Herrera, Martín Guardia y Yamila Nicora— habría conseguido que el Ministerio de Salud provincial designe en la institución a aproximadamente 27 familiares y allegados en diferentes posiciones del organigrama. Estos individuos figurarían en cargos que van desde asesores hasta camilleros, jefes de laboratorio y responsables de depósito.
La circulación de esta información se produce a través de un documento irónico elaborado por trabajadores del hospital que adopta la forma de un árbol genealógico. Esta pieza gráfica, que circula abiertamente en grupos internos de WhatsApp, vincula mediante líneas de parentesco y amistad los nombres de personas que ocupan posiciones en la estructura institucional. La existencia y circulación de tal documento sugiere que el fenómeno de asignaciones vinculadas a lazos personales es lo suficientemente visible como para haber sido documentado de manera sistemática por sectores del personal que lo consideran irregular.
El silencio administrativo
Cuando se intentó obtener respuestas desde los niveles directivos de la institución respecto de estas cuestiones —tanto sobre el mecanismo de las guardias inexistentes, como sobre los presuntos acomodos denunciados por trabajadores, como sobre el destino final de los fondos desviados— la respuesta fue la ausencia. Ningún integrante del directorio accedió a brindar declaraciones, explicaciones o información sobre los procedimientos cuestionados. Este silencio administrativo, en contextos donde existen denuncias documentales respaldadas por registros oficiales, constituye en sí mismo un elemento significativo para el análisis de las dinámicas institucionales.
Contexto y antecedentes
La situación en El Dique no existe en un vacío. La historia administrativa argentina registra precedentes de operaciones de desvío presupuestario en instituciones públicas que presentan características similares: la utilización de mecanismos aparentemente legales de liquidación, la documentación simulada de prestaciones, la creación de registros que mantienen cierta coherencia formal con procedimientos administrativos reales. En décadas anteriores, casos de magnitud comparable han involucrado estructuras hospitalarias, institutos de educación y organismos de seguridad social. La recurrencia de patrones similares sugiere la existencia de vacíos sistémicos en los mecanismos de auditoría y control que persisten en distintas administraciones.
Implicancias y proyecciones
Las consecuencias de este esquema se proyectan en múltiples direcciones. En el plano financiero, la provincia de Buenos Aires enfrenta un flujo continuo de recursos destinados a salud que no se traduce en prestaciones efectivas. Considerando que el patrón documentado se extiende a lo largo de varios meses sin interrupción aparente, es posible estimar que el volumen total de fondos comprometidos alcanza cifras sustanciales. En el plano institucional, el caso expone debilidades en los mecanismos de supervisión interna de las instituciones sanitarias y en los procedimientos de validación de documentación presupuestaria en los ministerios. En el plano laboral y social, genera interrogantes sobre las condiciones contractuales y las prácticas de asignación de personal en instituciones públicas.
Desde distintas perspectivas, el caso plantea desafíos. Para los responsables del control presupuestario, interpela sobre la necesidad de implementar mecanismos de verificación más robustos que permitan detectar incongruencias entre la documentación formal y la operación real de instituciones. Para los organismos de fiscalización y control, genera la obligación de investigar tanto el destino de los fondos desviados como la participación de los actores involucrados. Para la administración sanitaria provincial, representa la necesidad de revisión de procedimientos administrativos y de auditoría interna. Para la ciudadanía, el caso encarna la persistencia de dinámicas que erosionan la confianza en instituciones públicas y que reasignan recursos que deberían destinarse directamente a prestaciones de salud hacia circuitos administrativos opacos. El desarrollo de esta cuestión determinará, en los próximos tiempos, tanto la integridad de los procedimientos de control administrativo como la capacidad institucional para garantizar que los recursos de salud pública se destinen efectivamente a su propósito original.
