El rastro del dinero en números que no cierran
Una investigación judicial pone al descubierto un entramado de transacciones que sugiere la existencia de un circuito de desviación de fondos públicos en el organismo encargado de asistir a personas con discapacidad. Los números que emergen son contundentes: intermediarios habrían retenido entre 12% y 20% de los montos adjudicados a proveedores de equipamiento ortopédico, mientras que el Estado pagaba valores que superaban exponencialmente los precios del mercado. Lo que comenzó como una auditoría interna de compras terminó convirtiéndose en una causa penal de envergadura, con 49 personas convocadas a declarar ante la Justicia. Los hechos exhiben un patrón sistemático que vincula a funcionarios públicos, empresarios y un intermediario que habría operado como puente entre ambos mundos, cobrando por facilitar negocios que el Estado pagaba a precios inflados.
El punto de quiebre en la investigación llegó cuando magistrados analizaron certificados de pago emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los compararon con anotaciones y mensajes hallados en dispositivos de un hombre identificado como Miguel Ángel Calvete. Las coincidencias resultaron imposibles de atribuir a la casualidad. Fechas exactas, montos idénticos, y una estructura de distribución de dinero que aparecía codificada en documentos privados. El caso permite observar cómo operaría un esquema de corrupción en el corazón del Estado, donde las decisiones sobre compras públicas habrían estado viciadas desde su origen, beneficiando a un grupo reducido de proveedores a cambio de retribuciones encubierta
Los mensajes que conectan a funcionarios, intermediarios y empresarios
A finales de junio de 2025, la empresa Artrobone Ortopedia realizó dos operaciones con la Andis por un total de $33 millones. La directora de la compañía envió a Calvete una tabla en la que figuraban esos montos, junto a anotaciones que indicaban "Miguel $6.600.000", precisamente el 20% del total. El mismo patrón se reproduciría en múltiples ocasiones. Una semana después, un funcionario de la Andis dirigió un mensaje a Calvete que decía "Sus ofrendas de esta semana", acompañado de una lista de 10 empresas contratistas y un monto agregado de $2.021 millones. Ese mismo día, el organismo emitió 16 certificados de pago que sumaban exactamente esa cifra. No se trataba de aproximaciones ni de coincidencias numéricas: los números coincidían al centavo.
La documentación analizada por la Justicia muestra que Calvete no era un empleado de ninguna de estas entidades. Sin cargo público ni vinculación formal con la Andis, mantenía comunicaciones regulares con directivos del organismo que lo informaban sobre operaciones y pagos próximos. En otro caso, Calvete envió un mensaje a un empresario diciendo "403.270.000. - mañana", y al día siguiente, precisamente, la Andis emitió un certificado de pago por ese monto exacto. Los audios incautados muestran aún mayor claridad: Calvete habría instruido a un presidente de empresa a través de grabaciones en las que hacía referencia a dinero que saldría "la semana que viene" y a procedimientos que ejecutaban "como siempre". El patrón sugiere no un acto aislado, sino un procedimiento habitual y coordinado.
Un documento hallado en el teléfono de Calvete contenía la anotación "Miguel 20%" junto a una tabla con múltiples líneas que decían "Silla" y cifras de dinero que sumaban $115 millones. Debajo figuraba la misma línea con el porcentaje y $23 millones como su participación. La Justicia cotejó esos datos con el sistema de compras de la Andis y confirmó que esas cifras correspondían a transacciones reales de sillas de traslado postural vendidas por la empresa Expo Trauma. Esa misma compañía aparecía en el mensaje de las "ofrendas" con $400,7 millones distribuidos en tres pagos realizados el 24 de julio. Un documento interno del Ministerio de Salud, que analizó presuntos sobreprecios, detectó que Expo Trauma vendía sillas de traslado postural a valores que superaban en 535% lo que el mercado ofrecía por equipamiento equivalente, sin que las características adicionales justificaran semejante diferencia.
Los sobreprecios que revelan un sistema viciado
Más allá del esquema de intermediación, la Justicia encontró evidencia de que los precios pagados por equipamiento ortopédico no correspondían a transacciones comerciales genuinas. Un análisis realizado por técnicos del Ministerio de Salud identificó que la Andis había adquirido andadores a través de la empresa Ortopedia Bernat con un sobreprecio de 4.239% respecto a valores disponibles en el mercado. Otros artículos mostraban incrementos de cientos de puntos porcentuales sin explicación que justificara tales diferencias. El documento interno del Ministerio cuestionó específicamente características que no agregaban costo significativo pero que figuraban como justificación de los precios inflados.
La investigación reveló un segundo nivel de operatoria: además de los sobreprecios directos, existían transferencias de dinero enmascaradas como operaciones comerciales legítimas. Calvete había sido socio de una empresa llamada Indecomm en 2022 y aparecía como firmante de cheques. Esa compañía emitía facturas a Ortopedia Bernat por servicios de "reacondicionamiento de camas ortopédicas", con montos que representaban porcentajes específicos de las compras que la Andis realizaba a Bernat. Un mensaje hallado en el expediente mostraba a Calvete pidiendo a su secretaria que "facturases a Bernat" acompañado de una foto con tres cifras que, sumadas, daban un total. Debajo aparecía otra cifra que representaba el 19,6% de ese total: exactamente lo que Indecomm le facturaba a Bernat ese mismo día. Los fiscales no hallaron documentación que respaldara la existencia de tales camas ortopédicas ni ningún trabajo de reacondicionamiento realizado por Indecomm. La estructura funcionaba como un mecanismo de canalización de dinero con apariencia de legalidad comercial.
Las defensas y los cuestionamientos procesales
Los acusados han presentado estrategias variadas. El ex titular de la Andis negó categóricamente participación en actividades ilícitas, señalando que no conocía a los proveedores, no mantuvo contacto directo con ellos, no designó personal para manejar licitaciones ni utilizó credenciales de acceso. Su posición legal sostiene que la responsabilidad penal requiere culpabilidad demostrada, y que si empleados cometieron delitos, no participó de ellos. Varios acusados, por su parte, han cuestionado la validez procesal de la investigación, solicitando la nulidad de allanamientos y pidiendo peritajes de grabaciones atribuidas a funcionarios senior del organismo. La defensa de Calvete argumenta que aguarda resultados de pericias de audios antes de prestar declaración completa.
Las empresas proveedoras han ofrecido explicaciones sobre su participación. Una de ellas negó rotundamente integrar circuitos de corrupción y sostuvo que sus precios se ajustaban a los costos reales del equipamiento. Señaló que aún no había recibido pago por la transacción cuestionada. Otra empresa argumentó que las licitaciones eran secretas, que desconocía qué otras compañías participaban ni sus cotizaciones, y que no tenía contacto privilegiado con funcionarios. Reconocieron vínculos con Calvete pero lo describen como un intermediario que prestaba servicios habituales en el sector, como inscripción en sistemas, presentación de documentos y seguimiento de cobros. Indicaron que le pagaban comisiones documentadas formalmente mediante facturas, y que ignoraban sus vinculaciones con funcionarios u otras empresas del rubro.
Un sistema de compras opaco fuera de la vista pública
Un elemento crucial en esta trama es la opacidad del sistema de compras utilizado por la Andis. El organismo empleaba una plataforma llamada Siipfis para gestionar licitaciones, cuyas compulsas y adjudicaciones nunca fueron publicadas en el portal Compr.Ar, donde habitualmente el Estado exhibe sus contrataciones públicas. Esto significa que las decisiones sobre millonarias adjudicaciones no eran visibles para la ciudadanía, para competidores excluidos ni para auditores externos. Los certificados de pago obtenidos por acceso a información pública constituyen, paradójicamente, uno de los pocos indicadores disponibles sobre transacciones que permanecieron ocultas en su momento. Esa falta de publicidad en sistemas abiertos facilitaría, según la hipótesis de la investigación, la operatoria del circuito denunciado, permitiendo que un grupo reducido de empresas participara en licitaciones acotadas sin competencia real.
El fiscal a cargo del caso caracterizó a Calvete como un "eslabón intermedio permanente" entre la Andis y sus proveedores, obteniendo réditos espurios por habilitarles participación irregular en el sistema de compulsas. El dictamen fiscal describió la facturación entre Indecomm y Ortopedia Bernat, así como operaciones similares con otras empresas, como instrumentos para canalizar transferencias de dinero entre integrantes de la supuesta organización ilícita, bajo una apariencia formal de legalidad comercial. Esa caracterización sugiere que estamos frente a una red coordinada y no ante hechos aislados cometidos por individuos actuando independientemente.
Implicancias y perspectivas hacia adelante
La investigación que se desarrolla plantea interrogantes sobre la arquitectura institucional de organismos públicos destinados a poblaciones vulnerables. Si se comprobaran los hechos denunciados, significaría que recursos públicos destinados a personas con discapacidad fueron desviados mediante un esquema sistemático que involucró funcionarios de distintos niveles, intermediarios privados y empresarios. Las repercusiones potenciales son múltiples: desde reformas en procedimientos de compra y sistemas de auditoría, hasta cambios en la estructura de transparencia de organismos especializados. Por otro lado, los cuestionamientos procesales planteados por los acusados—especialmente respecto a la validez de allanamientos y pericias de audios—pueden determinar si el caso avanza hacia condenas o si, por cuestiones procedimentales, algunas acusaciones quedan sin resolución definitiva. La decisión del magistrado sobre la realización de pericias forenses de grabaciones será determinante para la continuidad de la investigación. Mientras tanto, el caso permanece como un registro de cómo sistemas opacos de contratación estatal pueden facilitar desviaciones de fondos cuando no existe supervisión pública efectiva ni difusión transparente de decisiones sobre el dinero público.
