A menos de veinticuatro horas de que las primeras luces del martes iluminaran las calles de Villa Elisa, un hallazgo en la vía pública sacudió los pasillos de los tribunales porteños. El descubrimiento de un cuerpo sin vida generó inmediatamente una cascada de interrogantes que se propagó por los despachos judiciales, llevando consigo el peso de una causa que estaba próxima a llegar a su etapa decisiva. Lo que parecía ser el preludio de un juicio oral de magnitud considerable en el universo de las investigaciones de corrupción K se transformó bruscamente en un caso de muerte violenta cuyas circunstancias permanecen bajo escrutinio intenso de las autoridades provinciales.

El occiso, identificado como Guillermo Bellingi de 55 años, se desempeñaba previamente como exsubdirector general de la Procuración General de la Nación. Su nombre figuraba en los registros judiciales como uno de los acusados en un expediente que investigaba presuntas anomalías administrativas durante la conducción de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público Fiscal. Los indicios reunidos por los investigadores apuntaban hacia una trama compleja de irregularidades en torno a la adquisición de un inmueble, un tema que había ocupado la atención de jueces, fiscales y defensores durante años. La muerte de Bellingi, apenas tres semanas antes del comienzo del debate oral, transformó abruptamente el panorama procesal y reavivó discusiones sobre las causas que rodean su fallecimiento.

Los detalles del descubrimiento y las primeras diligencias

El martes por la mañana, un transeúnte que circulaba por calle 8 entre las intersecciones 406 y 407 en Villa Elisa advirtió la presencia de un cuerpo tendido en la calzada. La llamada al 911 movilizó a efectivos de la Policía bonaerense, quienes se presentaron en el sitio y procedieron a constatar el deceso. Los primeros registros fotográficos y documentales de la escena indicaban que la persona fallecida vestía un buzo de color verde, pantalones de mezclilla y calzado marrón. La zona torácica presentaba vestigios hemáticos, detalles que llamaron inmediatamente la atención de los investigadores asignados al caso.

En las inmediaciones del cadáver, los uniformados localizaron varios elementos que serían catalogados como evidencia: un cuchillo con empuñadura de madera con características típicas del diseño criollo, acompañado de su respectiva vaina. Asimismo, se recuperaron pertenencias personales del difunto incluyendo una mochila azul, su cartera, dispositivo celular y un reloj pulsera. El análisis preliminar del trauma registraba una penetración en la región baja del tórax con una trayectoria inclinada hacia la izquierda. Lo que resultaba especialmente relevante desde la óptica forense era que el cuerpo, a primera impresión, carecía de marcas de lucha o defensas típicas de un enfrentamiento físico. Estos elementos condujeron a los pesquisidores a considerar entre sus hipótesis de trabajo la posibilidad de que se tratara de un acto de autoeliminación.

El trasfondo judicial: una operación inmobiliaria bajo lupa

Para comprender cabalmente por qué la muerte de Bellingi generó tanta conmoción en los ámbitos forenses, resulta ineludible contextualizar la causa penal en cuya órbita se encontraba. La investigación apuntaba hacia transacciones realizadas en 2013 relacionadas con la adquisición de un inmueble ubicado en Perón al seiscientos, popularmente conocido como el Petit Hotel. Esta propiedad fue destinada a albergar dependencias de la Procuración General de la Nación, consolidando una operación que movió recursos por 43 millones 850 mil pesos. Bellingi no era un actor menor en este proceso: su intervención en la administración de la Procuración lo colocaba en posición estratégica durante el desarrollo de la licitación que culminaría con la compra.

Lo que transformó esta transacción en foco de investigaciones penales fue la arquitectura de los intermediarios involucrados. Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, recibió una comisión de tres millones de pesos, cifra equivalente aproximadamente a quinientos mil dólares estadounidenses al cambio de aquella época. Su función declarada consistía en asesorar a la inmobiliaria que, a su turno, brindaba consultoría a Arfinsa, la empresa que finalmente comercializaría el edificio a la Procuración. Sin embargo, la Justicia comenzó a tejer sospechas sobre la legitimidad de estos acuerdos cuando descubrió un elemento temporal crucial: los contratos relacionados con el pago de estas comisiones habían sido suscritos antes incluso de que la licitación fuera pública y se revelara el nombre del oferente ganador. Esta cronología, aparentemente contradictoria, sugería que la operación podría haber estado preconcebida, direccionada hacia beneficiarios predeterminados y con canales de ganancia millonaria previamente canalizados.

La investigación y sus hallazgos centrales

Los magistrados que instructoreaban la pesquisa sostenían que la licitación había sido diseñada selectivamente para favorecer al inmueble que eventualmente adquiriría el organismo fiscal. Bajo esta óptica acusatoria, toda la estructura contractual respondería a un plan coordinado con anticipación para darle apariencia de regularidad a operaciones que, en su sustancia, buscaban canalizar fondos públicos hacia intermediarios específicos. El vínculo consanguíneo entre Bellingi y Thill fue identificado por los investigadores como un elemento axial en la construcción de la hipótesis delictiva. La posición privilegiada del primero dentro de la Procuración combinada con la capacidad de su pariente para cobrar comisiones sustanciosas componía un esquema que levantaba sospechas sobre conflictos de interés y posible defraudación administrativa.

La investigación en su fase de instrucción estuvo bajo la dirección del juez federal Julián Ercolini, quien decidió elevar la causa a juicio oral incluyendo en la acusación tanto a Gils Carbó como a Bellingi. El proceso pasó entonces a manos del Tribunal Oral Federal Número 8, compuesto por los magistrados Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. La acusación correría a cargo del fiscal general Marcelo Colombo. El calendario procesal indicaba que apenas tres semanas separaban el fallecimiento de Bellingi del inicio del debate oral, un timing que no pasó desapercibido para analistas y observadores del sistema de justicia. Gils Carbó, quien había abandonado su posición tras ser procesada en 2017, se desempeña actualmente como letrada privada y asiste al empresario Gerardo Ferreyra de Electroingeniería en investigaciones relacionadas con los Cuadernos de las coimas. Su ausencia de la administración pública fue suplida por Eduardo Casal, quien continúa en funciones interinales al frente de la Procuración.

Implicancias y perspectivas abiertas

La muerte de Bellingi plantea múltiples interrogantes sobre los posibles cursos que seguirá la administración de justicia. Por un lado, existe la posibilidad de que el procedimiento se reorganice incluyendo únicamente a Gils Carbó como acusada, lo que implicaría ajustar la estrategia acusatoria y posiblemente modificar la estructura de pruebas. Por otro lado, algunos operadores legales sugieren que ciertos elementos podrían conservarse mediante documentación de los actos de instrucción ya ejecutados, permitiendo que el expediente avance aunque uno de los sujetos procesales haya desaparecido. Desde una perspectiva más amplia, el incidente reaviva debates históricos sobre cómo los sistemas judiciales gestionar causas de corrupción cuando los acusados fallecen antes de sus resoluciones definitivas, especialmente en contextos donde prevalecen dudas sobre las causas del deceso. Las diversas lecturas que pueden realizarse sobre lo ocurrido —desde interpretaciones que enfatizan la regularidad de los procedimientos forenses hasta aquellas que subrayan la coincidencia temporal— reflejan las tensiones que caracterizan a cualquier investigación de este calibre en democracia, donde la búsqueda de verdad procesal debe coexistir con garantías de debido proceso y presunción de inocencia.