La muerte de Guillermo Bellingi, un funcionario de rango medio en la estructura de la Procuración General de la Nación, ocurrida apenas tres semanas antes de que debiera presentarse ante los tribunales para responder por acusaciones de corrupción, abre un paréntesis inquietante en uno de los procesos judicales más complejos de los últimos años. El descubrimiento de su cadáver en una zona urbana de La Plata cierra de manera abrupta una trayectoria profesional dividida entre dos mundos aparentemente distantes: la administración pública y la docencia universitaria. Lo que trasciende no es solo el hecho de una muerte, sino la forma en que su desaparición altera el curso de un juicio que ya estaba completamente estructurado, con fechas fijadas, tribunales conformados y acusaciones formuladas.

Un perfil profesional de dos caras

Bellingi, quien contaba con 55 años de edad, construyó una carrera que se bifurcaba entre responsabilidades en las entrañas del aparato estatal y una participación activa en espacios de formación académica. Su formación en Economía lo posicionaba dentro de un nicho específico de profesionales que transitan entre la gestión pública y la transferencia de conocimientos. En la Universidad Nacional de La Plata, la institución más antigua del país fuera de Buenos Aires, se desempeñaba como Profesor Adjunto en la cátedra de Economía del Turismo II, concentrándose en aspectos macroeconómicos del sector. Además, ejercía como Jefe de Auxiliares Docentes en la materia de Macroeconomía I, lo que lo ubicaba en una posición de cierta autoridad académica dentro del departamento. La comunidad universitaria lo recordaba por su aporte significativo a la formación de estudiantes, según manifestaron desde su facultad de origen tras conocerse la noticia.

Esta doble inserción laboral no era infrecuente en la Argentina de los últimos veinte años, donde funcionarios públicos con formación económica frecuentemente complementaban sus ingresos y legitimaban su expertise mediante la docencia en universidades nacionales. Sin embargo, lo que comenzaría a definir su trayectoria sería precisamente el cargo que ocupaba dentro de la estructura procuraticia, una institución que en los últimos años ha sido escenario de múltiples conflictos administrativos y juridiciales.

La operación inmobiliaria que lo comprometía

El núcleo de los cargos contra Bellingi se relaciona con una transacción de bienes raíces que, en términos de cifras absolutas, revela la magnitud de los recursos en juego. Hacia el año 2013, durante la administración de Alejandra Gils Carbó como procuradora general, la institución procedió a adquirir un inmueble ubicado en Perón 667 en la ciudad de Buenos Aires. El precio de compra registrado fue de $43.850.000, una suma considerable incluso para los estándares de entonces. El edificio en cuestión albergaba dependencias del Ministerio Público Fiscal, por lo que su obtención respondía a una lógica de consolidar infraestructura propia para el funcionamiento administrativo.

La investigación judicial, conducida por el juez federal Julián Ercolini, planteó la hipótesis de que esta compra no fue una transacción común de mercado, sino que estuvo sujeta a irregularidades. Específicamente, los investigadores sostenían que el proceso de licitación mediante el cual se avanzó en la adquisición fue direccionado para favorecer a intermediarios específicos y facilitar el cobro de comisiones extraordinarias. En términos concretos, esto significaba que presuntamente se manipuló el procedimiento para que ciertos actores privados obtuvieran ganancias desproporcionadas de una operación que involucraba fondos públicos.

Lo que resultaba particularmente revelador para los investigadores era la presencia de Juan Carlos Thill, identificado como medio hermano de Bellingi, dentro de la estructura de la operación. Thill, según los registros que obtuvo acceso la justicia, recibió una comisión de $3 millones —equivalentes a aproximadamente US$500.000 al tipo de cambio vigente en ese período— por conceptos de asesoramiento a la inmobiliaria que, a su vez, prestaba servicios a Arfinsa, la empresa que finalmente comercializó el inmueble con la Procuración. Esta cadena de intermediaciones era interpretada por los instructores del caso como un mecanismo mediante el cual se otorgaba apariencia de legitimidad a una operación que, en sus entrañas, respondía a acuerdos preestablecidos entre actores conectados por lazos familiares.

La estructura acusatoria y sus implicaciones

El juez Ercolini, quien construyó la investigación a lo largo de varios años de análisis documental y testimonial, elevó a juicio oral tanto a Bellingi como a Gils Carbó, la ex procuradora que había dejado su cargo en 2017 luego de ser procesada en esta misma causa. Esto representaba un reconocimiento de que ambos personajes habían jugado papeles distintos pero significativos en el proceso que estaba bajo escrutinio judicial. El debate estaba programado para desarrollarse ante el Tribunal Oral Federal N°8, integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. La dirección de la acusación recaería en el fiscal general Marcelo Colombo, quien tendría la responsabilidad de presentar las pruebas y sostener la teoría del delito ante el colegiado de magistrados.

Según los cronogramas procesales, el inicio del debate oral estaba fijado para aproximadamente veinte días después del descubrimiento del cuerpo. Esto implicaba que el juicio, con toda su estructura de presentación de pruebas, interrogatorios de testigos y argumentaciones sobre el fondo de la cuestión, estaba en la antesala del inicio. El calendario judicial ya había reservado las fechas, los jueces estaban notificados, las partes habían presentado sus escritos de apertura, y la maquinaria de la administración de justicia estaba lista para funcionar. La muerte de uno de los acusados principales alteraba dramáticamente este escenario.

Las circunstancias del hallazgo

El martes en que se produjo el descubrimiento, una persona transitando por la calle 8, entre las intersecciones de 406 y 407, en Villa Elisa —zona periférica de La Plata— advirtió la presencia de un cuerpo y realizó la denuncia correspondiente al número de emergencias. Los efectivos policiales que concurrieron al lugar encontraron a Bellingi vestido con un buzo de color verde, pantalones de jean y zapatos color marrón. Junto al cadáver reposaban objetos personales del fallecido: su billetera, su teléfono celular y su reloj. También fue hallado un cuchillo de mango de madera tipo criollo con su correspondiente vaina.

La herida letal se ubicaba en la parte baja del tórax, con una inclinación hacia el lado izquierdo. Según el reporte policial inicial, el cuerpo no presentaba signos evidentes de defensa —es decir, marcas de forcejeo o lesiones en las manos— ni otras heridas adicionales. Estos detalles resultan significativos para las investigaciones criminales posteriores, ya que la ausencia de signos de resistencia podría sugerir distintos escenarios respecto a las circunstancias exactas del evento que terminó con la vida del funcionario.

Efectos sobre el proceso judicial y sus proyecciones

La muerte de Bellingi genera una serie de interrogantes respecto al futuro inmediato del juicio que lo involucraba. En la tradición jurídica argentina, la muerte de un acusado durante un proceso penal plantea cuestiones procedimentales complejas. Si bien en principio la investigación de los hechos supuestamente delictivos puede continuar enfocándose en los otros acusados —en este caso, específicamente en Gils Carbó—, la pérdida de uno de los principales sindicados afecta la estructura del debate. Las pruebas que se habían preparado para confrontar a Bellingi, los interrogatorios que se le hubiera realizado, y la oportunidad de escuchar su versión de los hechos desaparecen del escenario procesal.

Gils Carbó, la otra acusada, continuaba su vida profesional en el ejercicio privado de la abogacía, representando a empresarios en otras causas de relevancia mediática, como la vinculada a Electroingeniería en el marco de las investigaciones por presunta corrupción documentadas en cuadernos. Su continuidad como acusada en el proceso significa que el tribunal aún tendría la oportunidad de juzgar su participación en los hechos de 2013. Mientras tanto, la Procuración General de la Nación seguía siendo conducida de manera interina por Eduardo Casal, un funcionario que transitaba esa posición desde el alejamiento de Gils Carbó del cargo hace años.

Lo que emerge de este escenario es una compleja interacción entre la evolución de un caso judicial, la muerte de uno de sus protagonistas, y las consecuencias institucionales que de ello derivan. Desde perspectivas diversas, es posible observar múltiples lecturas: algunos analistas pueden enfatizar cómo la muerte interrumpe la posibilidad de que la justicia se exprese sobre la culpabilidad o inocencia de Bellingi; otros pueden subrayar que el proceso continúa en su esencia, aunque modificado en su estructura. Lo cierto es que los próximos pasos del tribunal, la forma en que se procedan las pruebas remanentes, y si se mantiene la acusación contra Gils Carbó, marcarán el devenir de una causa que había prometido iluminar prácticas irregulares en la administración pública de años pasados.