El muro del silencio oficial
La provincia de Buenos Aires vive un singular fenómeno político: la ausencia deliberada de debate público en torno a un exfuncionario cuya situación judicial genera interrogantes cada vez más profundos sobre el control del gasto público y la acumulación patrimonial. Martín Insaurralde, quien ocupó la jefatura de Gabinete en la administración provincial hasta 2023, permanece en una especie de limbo político donde prácticamente ningún actor de peso se anima a pronunciarse sobre las irregularidades que la Justicia viene documentando contra él. Este vacío de pronunciamiento, lejos de ser casual, constituye un dato político de envergadura que revela dinámicas de poder y negociaciones implícitas en los pasillos de la Casa de Gobierno.
Lo que ha cambiado recientemente no es la situación de Insaurralde ni sus complicaciones legales, sino la confirmación de hallazgos periciales que refuerzan las sospechas que circulaban desde hace meses. Los últimos análisis sobre su patrimonio ordenados por organismos judiciales han determinado una desproporción significativa entre sus ingresos formales como funcionario público y el nivel de gastos que efectivamente realizó. Esta divergencia no es un detalle menor: constituye la base misma sobre la cual se construye la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre él. En los registros de sus cuentas, así como en las de Jésica Cirio, aparecen inconsistencias patrimoniales y gastos que carecen del respaldo documental necesario.
El gobernador Axel Kicillof optó desde el inicio por no mencionar públicamente el tema. Su única referencia directa se produjo en 2023, cuando Insaurralde fue removido del cargo tras la difusión de imágenes que lo mostraban en un yate mediterráneo. Desde entonces, una barrera de silencio ha caracterizado la postura oficial. Hace poco más de una semana, Carlos Bianco, ministro de Gobierno y hombre de confianza dentro del círculo cercano a Kicillof, rompió parcialmente esa mudez durante una conferencia de prensa. Su argumento fue directo y sin matices: corresponde exclusivamente al Poder Judicial expedir opinión y, eventualmente, dictaminar sobre las conductas que pudieran constituir delito.
El proyecto que nadie quiso acompañar
Mientras la gobernación mantiene su postura defensiva mediante la inacción, desde los bloques minoritarios de La Libertad Avanza surgió un intento por presionar un debate parlamentario. Ramón "Nene" Vera, legislador que arrastra una trayectoria política de décadas en el municipio de Moreno, presentó un proyecto con el objetivo explícito de investigar si Kicillof tenía conocimiento acerca de las actividades financieras que habrían permitido a Insaurralde acumular su fortuna. Se trataba, en esencia, de un mecanismo para responsabilizar al gobernador por su eventual negligencia o complicidad. Sin embargo, el proyecto nunca logró tracción en el recinto. No avanzó. Quedó arrumbado en los laberintos legislativos donde mueren los iniciativas incómodas.
El panorama de apoyo al proyecto de Vera revela algo aún más elocuente que su fracaso: apenas cinco de los veinte diputados que integran el bloque de La Libertad Avanza decidieron estampar su firma en el documento. Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman y María Fernanda Coitinho fueron los únicos que se sumaron al pedido de informes. Los restantes miembros del bloque simplemente no acompañaron. Esta segmentación dentro de una misma fuerza política no es trivial; refleja cálculos de poder que trascienden la cuestión Insaurralde y que tienen que ver con futuras rotaciones de cargos, equilibrios internos y, fundamentalmente, con la necesidad de mantener vínculos funcionales con los centros reales de decisión en la provincia.
La explicación de por qué la mayoría del bloque libertario rehuyó involucrarse descansa en un detalle aparentemente administrativo pero profundamente político: Juan Osaba, cercano a Sebastián Pareja, requiere del beneplácito del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, para impulsar cualquier iniciativa legislativa o tramitación administrativa en los próximos meses. Y Dichiara, precisamente, responde a las coordenadas políticas de Insaurralde. Cuando Agustín Romo ceda la presidencia del bloque libertario a Osaba en el próximo enroque, la vicepresidencia de la Cámara pasará del segundo al primero. Pero ese cargo debe ser refrendado mediante votación en el recinto. En este contexto, presionar una investigación contra alguien que mantiene influencia sobre el presidente de la Cámara representaba un riesgo que la mayoría prefirió no asumir.
Los rastros que la Justicia no deja de perseguir
Mientras la política provincial practica una suerte de amnesia selectiva, los tribunales avanzan. Las pericias ordenadas establecieron de manera objetiva que los gastos documentados de Insaurralde y su círculo íntimo no guardan proporción alguna con lo que sus ingresos formales en el sector público permitirían justificar. Cuando se analizan sus movimientos como exintendente de Lomas de Zamora y posterior jefe de Gabinete, la matemática no cierra. Hay dinero cuyo origen no puede explicarse con su salario público. Hay activos cuya adquisición desafía la lógica de sus recursos conocidos.
El descubrimiento de fajos de dólares termosellados en un vestidor, acontecimiento que generó conmoción mediática en su momento, constituyó apenas un síntoma visible de una situación más amplia. Esa imagen, difundida públicamente, aceleró procesos que de otra manera hubieran permanecido más tiempo en la oscuridad. Insaurralde, que llegó a ocupar posiciones de considerable influencia en la provincia, ahora se encuentra en la posición incómoda de ver cómo sus finanzas son desmenuzadas por peritos que responden a la magistratura. Los argumentos que circulan en los círculos cercanos a Kicillof —que el exjefe de Gabinete llegó al poder por recomendación de Máximo Kirchner y que, por lo tanto, el gobernador no estaba al tanto de sus movimientos— funcionan como cortina de humo que protege al gobernador pero que poco dicen sobre la responsabilidad o no de Insaurralde ante la ley.
Lo que queda en evidencia es un sistema donde la acción legislativa queda subordinada a los equilibrios del poder ejecutivo, donde los controles que teóricamente debe ejercer la Cámara de Diputados se debilitan cuando afectan a personajes influyentes, y donde el debate público sobre cuestiones de envergadura se sofoca mediante una combinación de silencio oficial, falta de voluntad política de los bloques minoritarios y, fundamentalmente, mediante la captura de instituciones de control como la presidencia legislativa. Las investigaciones judiciales seguirán su curso, pero la política provincial habrá optado por no ejercer su función fiscalizadora sobre sus propios funcionarios.
