Hace meses que el peronismo bonaerense respira un aire enrarecido. La fractura entre las dos figuras más relevantes de la principal fuerza opositora al gobierno nacional permanece abierta, sin visos de clausurarse. Los contactos entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof se cortaron en noviembre, y desde entonces el silencio ha sido casi ensordecedor. En medio de este vacío, un grupo de jefes comunales del territorio bonaerense decidió asumir una tarea delicada: intentar reconstruir puentes de diálogo donde solo hay escombros políticos. No se trata de una iniciativa estructurada ni orquestada desde arriba, sino de intervenciones dispersas que germinan desde abajo, en los pasillos de las municipalidades y en los márgenes de las reuniones de gestión cotidiana. Lo que importa entender es que esta movida responde a una necesidad concreta: sin acuerdo entre las cúpulas, la máquina peronista sigue funcionando en dos velocidades incompatibles, y los intendentes necesitan definiciones políticas para proyectar su futuro.
La disputa que paralizó la oposición
El conflicto entre ambos sectores no es un capricho de funcionarios de alto rango, sino que refleja dos visiones irreconciliables sobre cómo debe posicionarse el peronismo en esta etapa. Cristina Kirchner dirige los destinos del Partido Justicialista a nivel nacional, mientras que Kicillof comanda la estructura partidaria de la provincia de Buenos Aires, la circunscripción electoral más importante del país. Que ambos no conversen desde hace varios meses es un síntoma alarmante de desorganización política. A diferencia de otras épocas donde los desacuerdos se procesaban dentro de una lógica de negociación interna, hoy la grieta se perpetúa sin que exista siquiera un espacio formal donde dirimir las diferencias. Los equipos de uno y otro funcionan en compartimentos estancos. El Movimiento Derecho al Futuro, con el que Kicillof se identifica, traza su propia agenda. El kirchnerismo, nucleado en torno a diferentes espacios de influencia, mantiene la suya. El resultado es que Buenos Aires, que debería ser la cantera donde se forja la estrategia electoral de la oposición, permanece fragmentada.
La pugna por el liderazgo del principal frente opositor al gobierno de Javier Milei agrega capas de complejidad al asunto. Cada sector intenta posicionarse como la alternativa creíble para recuperar poder presidencial. Mientras tanto, la ciudadanía observa un peronismo que no logra ni siquiera articular sus propias fuerzas. Los intendentes, figuras territoriales con capacidad operativa real, son quienes sufren las consecuencias más directas de esta parálisis. Necesitan certezas sobre la estructura de poder futuro, sobre cómo se distribuirán las candidaturas, sobre qué margen de maniobra tendrán en sus distritos. Sin claridad en la conducción superior, esa certeza no llega.
Gestiones de abajo hacia arriba
Fue entonces cuando varios jefes comunales decidieron activar contactos propios. No coordinados entre ellos, sino más bien surgiendo de manera orgánica en distintos puntos del mapa bonaerense. Algunos de estos intendentes provienen de sectores identificados con uno u otro lado de la disputa. Otros se posicionan desde lugares más equidistantes, con capacidad de interlocución en ambas direcciones. Lo que los une es la convicción de que algún nivel de diálogo entre Cristina Kirchner y Kicillof resulta imprescindible para destrabar la interna. Estas conversaciones no tienen una formalidad institucional. Ocurren en los márgenes de las reuniones de trabajo, en encuentros de gestión local, en espacios donde se mezclan las prioridades cotidianas con las consideraciones políticas estratégicas. Un intendente que se cruza con otro para discutir presupuestos municipales aprovecha para sondear posiciones sobre la grieta. Alguien que participa en un acto de inauguración local termina hablando, en privado, sobre la necesidad de que las cúpulas vuelvan a encontrarse. Son microrrelatos dispersos que construyen, sin embargo, una estrategia colectiva implícita.
La cuestión que flota en estas conversaciones informales es clara: ¿cómo pueden los intendentes avanzar en sus propios objetivos si la conducción superior del movimiento no logra ni siquiera hablar? La pregunta no es retórica. Estos jefes comunales tienen proyectos propios, necesidades de sus municipios, pero también aspiraciones políticas personales. Desean continuar sus gestiones, ampliar su poder local, proyectarse hacia cargos mayores. Para todo eso, requieren un peronismo funcional, no un peronismo que gasta energías en guerras internas. En ese cálculo, promover algún contacto entre Kirchner y Kicillof aparece como una inversión racional en la propia supervivencia política.
La variable Máximo y el dilema sobre los indultos
Pero la complejidad no termina en el nivel de las dos figuras centrales. La preocupación de estos intendentes trasciende a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, y toca directamente con Máximo Kirchner, actual líder de La Cámpora e hijo de la expresidenta. Para varios analistas, Máximo representa hoy el principal punto de fricción entre el kirchnerismo y el kicillofismo. Su rol es incómodo: es heredero de una estructura territorial importante, pero también es un actor con agendas propias que a menudo chocan con las del gobernador. En el entorno de La Cámpora existe una posición inequívoca sobre lo que debería ser una eventual fórmula presidencial peronista: incluir garantías expresas de que Cristina Kirchner sería indultada si el movimiento llegaba al poder. No se trata de una promesa vaga, sino de un compromiso verificable. El planteo que circula en esos ámbitos es tajante: "no hay democracia con Cristina presa", una frase que resume una convicción política acerca de que la situación judicial de la exmandataria es indisociable de cualquier proyecto de gobierno peronista futuro. Esta posición fue sintetizada públicamente por Oscar Parrilli, figura relevante del kirchnerismo.
En contraste, el círculo cercano a Kicillof rechaza ese encuadre. Arguyen que la situación judicial de Cristina Kirchner, aunque es motivo de desacuerdo profundo y denuncia constante de proscripción, no debería ser el eje articulador de una campaña electoral ni un tema a negociar en esta fase de construcción política. Para ese sector, el problema actual de Argentina es más vasto: la crisis económica, la desocupación, la desindustrialización, el deterioro de los servicios públicos. Consideran que una propuesta peronista alternativa al gobierno libertario debe enfocarse en cómo resolver esos problemas estructurales, no en la defensa judicial de una persona, aunque sea una figura histórica. Hay una divergencia filosófica aquí sobre cuál es el centro de gravedad del debate político que debería dominar los próximos meses.
Para los intendentes que intentan impulsar el acercamiento, lograr que Máximo Kirchner y Kicillof dialoguen se presenta como la tarea más ardua, pero también como la más determinante si quieren avanzar hacia acuerdos más sustanciales. En esto reside una ironía política: el gobernador ha dado su visto bueno para que estos contactos informales prosperen, pero el control que ejerce Máximo sobre sectores significativos del territorio bonaerense hace que su aval sea igualmente necesario. Sin uno de los dos, cualquier acuerdo queda incompleto, vulnerable, sin capacidad operativa real en el territorio.
Las reelecciones indefinidas, el verdadero botín
Detrás de toda esta trama de gestiones informales existe una motivación concreta que no debe perderse de vista: los intendentes peronistas bonaerenses quieren recuperar la posibilidad de reelecciones indefinidas. Esta es una cuestión que los toca directamente, que define sus propios futuros políticos. En Argentina, los límites a la reelección presidencial fueron un avance institucional que se extendió también a los gobiernos locales. Permitir reelecciones indefinidas implica restaurar un esquema donde los jefes comunales pueden perpetuarse en el poder sin restricción temporal. Es un cambio legislativo que requiere voluntad política desde la gobernación, lo cual implica necesariamente que Kicillof debe impulsarlo. Pero para que una iniciativa de esa magnitud prospere sin ser bloqueada, se necesita un peronismo con cierta coherencia interna, sin fracturas públicas que generen debilidad política. Por eso la búsqueda de diálogo entre las cúpulas se entrelaza con los intereses específicos de estos jefes comunales.
Un panorama sin solución a la vista
Lo que caracteriza a estas gestiones intendentiles es su carácter fragmentario, casi invisibilizado. No hay una estrategia coordinada ni una mesa formal donde se procesen los desacuerdos. Cada intendente, desde su municipio, intenta tender un puente. Algunos conversan con figuras cercanas a Cristina Kirchner; otros mantienen diálogos con el entorno de Kicillof. Algunos hacen ambas cosas. El resultado es un conjunto de canales paralelos que, aunque no están conectados entre sí de modo explícito, apuntan a un objetivo similar: reactivar conversaciones en los niveles superiores de la estructura partidaria. Es un esfuerzo desde la base que pretende impactar en la cúpula, un mecanismo que en otras épocas del peronismo funcionó con eficacia. Pero en esta oportunidad, la potencia de esos canales informales parece limitada por la solidez de las posiciones que defienden ambos sectores. Las diferencias no son simplemente personales o de ambiciones de poder, sino que remiten a concepciones distintas sobre cuál debería ser el rol del peronismo en la arena política nacional.
La provincia de Buenos Aires sigue siendo el corazón electoral del país. Cualquier proyecto presidencial requiere de su territorio, de su estructura, de su capacidad de movilización. Por eso la parálisis actual genera inquietud entre dirigentes de distintos niveles. Los intendentes que impulsan estos contactos informales comprenden que un peronismo disfuncional es un peronismo débil, y que una debilidad peronista beneficia al gobierno actual, cuyo horizonte electoral también dependerá de cómo se posicione la oposición en Buenos Aires. Cada día que pasa sin diálogo genera costos para la capacidad de articulación territorial. Pero traducir esa percepción en acuerdos concretos entre figuras que tienen visiones políticas genuinamente divergentes es otra cosa. Hasta ahora, las gestiones de los intendentes han conseguido mantener la idea de que el contacto es necesario, pero no han logrado convertir esa idea en hechos concretos de reencuentro político.
El tiempo jugará un papel decisivo en los próximos meses. Si el peronismo comienza a perfilar candidaturas presidenciales sin haber resuelto estas tensiones internas, es probable que el conflicto se agudice. Los intendentes, que hoy intentan mediar de forma silenciosa, podrían verse obligados a alinearse públicamente con uno u otro sector, profundizando la fractura. O bien, si existe voluntad genuina en los niveles superiores de encontrar coincidencias, estos canales informales que están siendo activados desde el territorio podrían convertirse en antesala de negociaciones más formales. La historia política argentina demuestra que las crisis internas del peronismo suelen resolverse mediante acuerdos de facto antes que mediante instituciones, muchas veces accionados desde actores territoriales que tienen capacidad de presión. Qué sucederá en esta ocasión dependerá de si las motivaciones que impulsan a los intendentes logran traducirse en cambios en las posiciones de los actores centrales, o si los espacios informales terminan siendo apenas un paliativo que no altera el rumbo de una crisis política que podría definir el futuro electoral del país.
