La causa que examina el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni y su familia acaba de avanzar hacia un nuevo territorio: el análisis forense de dispositivos móviles. El magistrado federal Ariel Lijo impartió hace poco una resolución que apunta directamente a las comunicaciones que pudo haber mantenido Matías Tabar, el empresario que dirigió las tareas de refacción en la propiedad ubicada en Indio Cuá, con el matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti. Esta decisión representa un giro significativo en la pesquisa porque trasciende de los registros documentales tradicionales para penetrar en el registro digital de las conversaciones privadas. La petición provino de Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación desde la fiscalía, y el trabajo fue asignado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, organismo especializado en extractar información de equipos informáticos.
Una obra que creció en costo y en tiempo
Tabar comparió ante los juzgados federales ubicados en Comodoro Py y presentó un volumen considerable de información sobre las labores ejecutadas: documentación completa, registros fotográficos y material audiovisual. Según su exposición ante las autoridades, el proyecto de transformación de la vivienda de fin de semana abarcó un lapso considerable, iniciándose en octubre de 2024 y concluyendo en julio de 2025. El alcance de las modificaciones fue extenso: la entrada principal fue completamente reformulada, el garaje sufrió cambios, se remodelaron galerías enteras, se rehicieron las escaleras, se aplicó pintura nueva en toda la propiedad, se instalaron pisos de porcelanato en múltiples ambientes, el exterior del inmueble recibió revestimiento, se construyó una parrilla, se agregó una pileta con cascada de agua, y la cocina fue renovada con mesadas nuevas, isla central y desayunador. La lista de mejoras evidencia una transformación prácticamente integral de la construcción.
El aspecto económico de la transacción representa uno de los puntos centrales del escrutinio. El presupuesto inicial para estas obras rondeaba los 94 mil dólares estadounidenses, una cantidad que ya de por sí resultaba significativa. Sin embargo, el monto final que terminó pagándose alcanzó los 245 mil dólares, lo cual implica un incremento de más del 160 por ciento respecto a la estimación inicial. Este sobrecosto no pasaría desapercibido en una auditoría de gestión ordinaria, pero en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito adquiere relevancia particular. Lo que intensifica la atención de los pesquisadores es el mecanismo de pago: se utilizó efectivo como medio de cancelación, sin que mediaran facturas formales ni recibos que dejaran rastro en los registros tributarios convencionales.
El detalle de los pagos y el cronograma de desembolsos
Tabar explicó ante la justicia que Adorni asumió personalmente la totalidad de los costos de la refacción. El esquema de pagos se estructuró en dos momentos: durante el año 2024 se efectuó un primer desembolso de 55 mil dólares, mientras que a lo largo de 2025 se completó el monto pendiente, que sumaba 190 mil dólares. Este fraccionamiento en dos ejercicios fiscales diferentes introduce una complejidad adicional al análisis patrimonial que realiza la justicia. El empresario pertenece al estudio de arquitectura denominado Alta Arquitectura, desde donde coordinó toda la operación constructiva. Según su relato, el primer contacto con Adorni ocurrió por la aplicación de mensajería WhatsApp durante agosto de 2024, momento en el cual se inició la etapa de evaluación técnica de los trabajos a ejecutar en la propiedad de fin de semana.
Un dato adicional que emerge del testimonio de Tabar añade otra capa a la investigación: mientras se desarrollaban las tareas de remodelación en la casa del country, Adorni optó por alquilar una vivienda alternativa dentro del mismo complejo residencial de Exaltación de la Cruz. Este alojamiento transitorio le permitió residir en la zona durante el período de obras sin exponerse a los inconvenientes propios de una construcción activa. El costo de este alquiler temporal ascendió a 13 mil dólares durante los meses que se extendieron las refacciones. Aunque podría parecer un gasto menor comparado con la obra principal, representa un egreso adicional que se suma al análisis general de la capacidad de gasto del funcionario durante el período investigado. La adquisición de la propiedad misma se concretó a fines de 2024, según detalló Tabar en su aporte al expediente.
El contratista también entregó voluntariamente su propio equipo celular a la justicia, facilitando de esta manera el acceso a sus registros de comunicación. Paralelamente, proporcionó información minuciosa sobre cada uno de los oficios que participaron en la ejecución del proyecto: mencionó a los albañiles que realizaron la obra gruesa, a los plomeros que instalaron los sistemas de agua potable y desagüe, a los electricistas que renovaron las instalaciones eléctricas, y a otros especialistas según correspondía a cada tarea. Esta información particularizada sobre los actores involucrados en la obra permite a los investigadores triangular datos y verificar la consistencia de lo declarado, rastreando pagos y estableciendo la cadena de ejecución del proyecto de construcción.
El panorama más amplio: otras operaciones bajo lupa
La investigación dirigida por Pollicita bajo supervisión de Lijo no se circunscribe únicamente a la refacción de la casa del country. Los pesquisadores examinan la evolución patrimonial integral del matrimonio conformado por Adorni y Angeletti. Dentro de ese análisis global figura la adquisición de un departamento localizado en el barrio porteño de Caballito, operación por la cual se desembolsaron 230 mil dólares. La estructura de ese pago combinó dinero de contado—concretamente 30 mil dólares en efectivo—con financiamiento del saldo restante sin carga de intereses, mecanismo inusual que se extiende hasta noviembre. La confluencia de estas múltiples operaciones inmobiliarias en un breve lapso temporal, todas ellas involucrando capitales significativos, constituye el núcleo central de la pesquisa judicial.
Adorni ha realizado declaraciones públicas en las que rechaza categóricamente cualquier acusación de aumento patrimonial irregular. Aseveró que dispone de explicaciones documentadas para justificar los más de 100 mil dólares que ya ha invertido en propiedades, además de otros 335 mil dólares que se compromete a abonar antes de la fecha límite de noviembre, cantidad que también correspondería a operaciones inmobiliarias. Estas afirmaciones del funcionario contrastan con la marcha investigativa que continúa profundizando en documentación, testimonios y ahora en registros digitales de comunicaciones personales. La orden judicial de peritaje del teléfono de Tabar busca específicamente rescatar conversaciones que pudieron haberse producido entre el contratista, el funcionario y su esposa, con el propósito de establecer si existieron acuerdos sobre términos, montos, formas de pago o cualquier otro extremo que pudiera resultar relevante para la investigación.
Desde una perspectiva más amplia, este avance de la causa refleja cómo los mecanismos de investigación contemporáneos incorporan análisis de comunicaciones digitales como instrumento complementario a la pesquisa tradicional. La extracción y análisis de datos de dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta estándar en casos donde se investigan operaciones financieras complejas, transacciones en efectivo sin documentación formal, o cuando existen indicios de coordinación entre múltiples actores. En Argentina, la utilización de peritajes tecnológicos en causas federales de esta envergadura ha ganado relevancia en los últimos años, permitiendo reconstruir cadenas de decisión y acuerdos verbales que de otro modo quedarían fuera del alcance investigativo. La especialidad técnica requiere de profesionales capacitados para extraer información de sistemas encriptados, recuperar mensajes eliminados, y establecer cronologías precisas de comunicaciones.
Las implicancias de este desarrollo pueden proyectarse en múltiples direcciones. Por un lado, si el análisis de los registros digitales confirma la versión de Tabar sobre los términos de la obra y los montos pagados, ello podría fortalecer la hipótesis investigativa sobre la fuente y legitimidad de los fondos utilizados. Por el otro, si emergen indicios de coordinación adicional, comunicaciones que sugieran arreglos previos, o información que contradiga lo declarado, la pesquisa podría adquirir mayor complejidad y profundidad. Desde la perspectiva de Adorni, las conclusiones del peritaje podrían ser favorables si demuestran que las comunicaciones son consistentes con una transacción comercial ordinaria, sin elementos que sugieran irregularidad alguna. Independientemente de cómo continúe evolucionando la causa, queda claro que la justicia federal mantiene activa su investigación sobre la acumulación patrimonial del matrimonio durante el período examinado, utilizando para ello todas las herramientas disponibles en la investigación moderna.
