La estructura del Consejo de la Magistratura vuelve a atravesar turbulencias institucionales. En las últimas horas, dos de sus integrantes desactivaron sendas acciones judiciales que buscaban ampliar sus mandatos, mientras que otros miembros de filiación legislativa mantienen sus reclamos ante los tribunales. El escenario complejo que genera esta situación pone nuevamente en evidencia las tensiones que rodean la composición y funcionamiento del organismo encargado de la administración del Poder Judicial, cuestión que viene siendo materia de disputa política desde hace más de dos décadas en Argentina.

El camarista Diego Barroetaveña, quien preside la Cámara Federal de Casación, presentó días atrás un escrito de desistimiento ante la justicia federal. Con ese movimiento, abandonó su intención de competir por un nuevo período como consejero representante de los jueces. La decisión llegó luego de que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendiera una medida cautelar que le permitía participar en las elecciones que se realizarán antes de fin de año. El juzgado a cargo del magistrado Enrique Lavié Pice dio por desistida la acción declarativa de certeza que Barroetaveña había presentado, acción que buscaba establecer con claridad cuáles eran las reglas de juego aplicables para su reelección.

La encrucijada jurídica que precipitó la retirada

La complejidad de la situación radica en una contradicción normativa que lleva años sin resolverse de manera definitiva. En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de 2006 que había reducido la estructura del organismo de veinte a trece miembros. Ese fallo supremo señaló que la reforma había roto el equilibrio entre los distintos estamentos representados en el Consejo y ordenó restaurar la composición original: cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como titular ex officio. Sin embargo, la restauración de esa estructura anterior no aclaró automáticamente cuáles leyes continuaban vigentes respecto a las condiciones de elegibilidad y permanencia de los consejeros.

Barroetaveña había argumentado ante los tribunales que era imperativo determinar si regía la ley original, que permitía la reelección consecutiva, o si seguía en vigor la normativa de 2006, que exigía dejar transcurrir un período completo antes de poder postularse nuevamente. El juez Lavié Pice le otorgó una medida cautelar que habilitaba su participación en las próximas elecciones sin entrar en el debate de fondo. No obstante, el Consejo de la Magistratura apeló esa decisión, y cuando el caso llegó a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, los jueces hicieron lugar al recurso y suspendieron la medida cautelar con efectos inmediatos. Ante ese panorama desfavorable, Barroetaveña optó por retirarse del litigio. En el estamento de los jueces, en particular dentro de la Asociación de Magistrados donde Barroetaveña integra la lista Bordó, había resistencias significativas a su movimiento reeleccionista.

El desistimiento de De la Torre y los proyectos que continúan

De forma paralela, la abogada Jimena De la Torre también comunicó su decisión de no insistir en su pretensión de renovación de mandato. De la Torre había sido electa como consejera en octubre de 2022 junto a Miguel Piedecasas, ambos por la lista "Abogacía por una Justicia Independiente", que obtuvo dos de los cuatro espacios destinados a la representación de los abogados en el organismo. Al comunicar su retractación, De la Torre señaló que dirigirá sus energías hacia el fortalecimiento de su nueva estructura "Abogados en Acción" y la promoción de nuevos referentes en ese espacio político. La consejera expresó su convicción de que el proyecto político que encabeza trasciende las personas y los cargos individuales, lo que le permitiría garantizar continuidad institucional más allá de su propia permanencia en el Consejo.

No obstante, otros integrantes del organismo mantienen activos sus reclamos en el ámbito judicial. La consejera abogada Fernanda Vázquez continúa con su presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, ahora bajo supervisión del magistrado Esteban Furnari. En el mismo rumbo avanzan los legisladores de extracción kirchnerista: el senador Mariano Recalde y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Estos últimos presentaron sus solicitudes a través de los jefes de bloques legislativos, José Mayans en el Senado y Gerardo Martínez en Diputados. Esos reclamos se encuentran en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo del magistrado Martín Cormick. En los pasillos judiciales existe consenso acerca de las pocas probabilidades de que estas demandas prosperen, dado el reciente precedente que dejó suspendida la medida cautelar que beneficiaba a Barroetaveña.

El escenario que se despliega hacia el final del año incluye la necesidad de convocar a elecciones en los diferentes estamentos para renovar la integración del Consejo de la Magistratura. Los jueces deberán seleccionar candidatos a través de sus agrupaciones dentro de la Asociación de Magistrados y realizar el correspondiente proceso electoral. Asimismo, la comunidad jurídica se preparará para elegir a los representantes de la abogacía. Estas definiciones ocurren mientras el organismo sigue operando bajo la estructura de veinte miembros restaurada por mandato de la Corte, aunque aún existen dudas sobre la aplicabilidad plena de las normativas que rigieron en diferentes períodos de su historia institucional. La remuneración que perciben los consejeros equivale en términos generales al salario de un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, cifra que ronda actualmente los diez millones de pesos mensuales para abogados y académicos, mientras que los legisladores mantienen sus respectivos salarios como miembros del Congreso.

Implicancias y proyecciones del recambio institucional

Las consecuencias de estos desistimientos y de los litigios pendientes se desplegarán en múltiples direcciones. Por un lado, la retirada de Barroetaveña y De la Torre permite que los procesos electorales internos de sus respectivos estamentos se desarrollen sin el bloqueo que generaban las acciones cautelares suspendidas, facilitando así la conformación de nuevas listas y la participación de nuevos candidatos. Por otro lado, la persistencia de demandas por parte de legisladores mantiene viva la tensión jurídica sobre cuáles son exactamente los marcos normativos que rigen la elegibilidad en el Consejo. Los tribunales deberán eventualmente pronunciarse con mayor profundidad sobre esta cuestión si alguno de esos reclamos llega a instancias superiores. Además, el resultado electoral del próximo recambio podría alterar significativamente la composición política del organismo, con implicaciones para la forma en que se ejerza la administración judicial y disciplinaria. Desde ciertos sectores institucionales se observa con preocupación la repetida modificación de la estructura del Consejo a lo largo de los años, mientras que desde otras perspectivas se valora la búsqueda de equilibrios entre los estamentos. Lo cierto es que el ordenamiento del Poder Judicial argentino seguirá siendo objeto de disputa política en los años venideros.

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