La tensión entre Washington y Buenos Aires por cuestiones de seguridad tecnológica llegó esta semana al recinto legislativo cuando Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, decidió no presentarse ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de Diputados. El encuentro había sido programado para que el representante diplomático brindara explicaciones sobre la posición estadounidense respecto a los acuerdos comerciales entre la cooperativa CALF y la empresa china Huawei, particularmente vinculados a proyectos de infraestructura de fibra óptica y centros de procesamiento de datos en la región neuquina de Vaca Muerta. La inasistencia generó reacciones encontradas en el bloque opositor, que cuestiona tanto la falta de respuesta como la escalada de presiones que Washington habría intensificado en los últimos días.
El origen de esta convocatoria se remonta a mediados de agosto, cuando directivos de CALF expusieron ante la comisión legislativa las advertencias que habrían recibido desde la embajada estadounidense. Durante esa audiencia parlamentaria, los representantes de la cooperativa plantearon que enfrentaban presiones externas relacionadas con la contratación de tecnología procedente de Huawei. Aldo Leiva, quien preside la comisión y pertenece a la bancada de Unión por la Patria, resolvió entonces que era necesario escuchar directamente al embajador para comprender las preocupaciones de la administración Trump. Lo que parecía un trámite protocolario de diplomacia parlamentaria terminó convertirse en un síntoma de fricciones más profundas sobre soberanía tecnológica y alineamientos geopolíticos en el Cono Sur.
Las argumentaciones estadounidenses sobre seguridad digital
Lamelas ha sido consistente en sus posicionamientos públicos respecto a la tecnología china. Días antes de la ausencia en Diputados, durante el Energy Summit 2026 organizado por AmCham, el embajador volvió a expresar sus cuestionamientos de manera directa. En esa oportunidad, señaló que "China exige a sus empresas que le den al Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Todo controlado por el Partido Comunista Chino". Estas argumentaciones constituyen la columna vertebral de la posición estadounidense que, según documentación entregada a CALF mediante correspondencia oficial, refleja la política de la administración de Donald Trump en su segundo mandato.
En la misiva dirigida a los directivos de la cooperativa, Lamelas fue explícito respecto a los objetivos de Washington. El embajador afirmó que Estados Unidos busca la finalización del contrato entre CALF y Huawei, justificando su intervención en términos que trascienden los intereses estadounidenses. "Consideramos que proteger estos datos es una prioridad compartida: una cuestión que afecta la seguridad y la posición competitiva a largo plazo de la provincia, no solo los intereses de Estados Unidos", expresó en la comunicación oficial. En ese mismo texto, reafirmó que Huawei es una empresa que reporta al Partido Comunista Chino y que las compañías alcanzadas por leyes de inteligencia y seguridad de Beijing están obligadas a entregar datos recopilados, incluso cuando operan en jurisdicciones externas.
Las críticas parlamentarias y el reclamo por respuestas
La ausencia del embajador en el recinto despertó respuestas encontradas que revelaron divisiones ideológicas conocidas. Germán Martínez, quien lidera la oposición en Diputados, utilizó la ocasión para cuestionarla inasistencia. Martínez señaló que se perdió una oportunidad crucial para "esclarecer los hechos" y subrayó que "no puede haber excusas para no venir". Sin embargo, su planteo incluyó un matiz diplomático significativo: enfatizó que el bloque que encabeza respeta a Estados Unidos y cree en la diplomacia parlamentaria, refiriéndose incluso al Grupo de Amistad con los EE.UU. que preside el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. Este último, junto con su bancada, decidió ausentarse de la sesión a último momento, lo que algunos interpretaron como una señal de alineamiento con la postura oficial del Ejecutivo.
Pablo Todero, diputado peronista, fue más directo en su crítica. Argumentó que Lamelas no solo incumplió con la invitación parlamentaria, sino que además "redobló su postura" durante su participación en la Cumbre de AmCham de la semana previa. Según Todero, el embajador realizó un "apriete a todas las empresas, al gobierno nacional y a los funcionarios nacionales", pero "no hubo respuestas ni del Canciller (Pablo) Quirno, ni el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa". Esta observación resulta particularmente relevante porque expone una aparente falta de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros sectores del gobierno ante las presiones diplomáticas estadounidenses. Por su parte, Esteban Paulón, legislador socialista, interpretó la ausencia como correlato de la ausencia de funcionarios que el propio gobierno nacional ha mostrado respecto al Congreso, estableciendo una crítica más abarcativa sobre el funcionamiento institucional.
También participaron de la sesión los diputados Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, y José Núñez, de Provincias Unidas. Ambos se sumaron a la convocatoria sin que sus intervenciones específicas trascendieran públicamente. Lo que sí quedó en claro es que, con excepción de la bancada libertaria, hubo un consenso multipartidista respecto a la necesidad de que el representante diplomático concurriera a brindar explicaciones ante el parlamento. En respuesta a la inasistencia, Leiva remitirá una nueva invitación a Lamelas en los próximos días, reafirmando que el Congreso mantiene la intención de escuchar la posición estadounidense en el recinto.
La situación pone en evidencia tensiones que exceden la mera cuestión comercial entre una cooperativa argentina y una empresa tecnológica china. Refleja, en cambio, una disputa geopolítica más amplia sobre la autonomía de los Estados en materia de decisiones tecnológicas y de infraestructura. Mientras Washington argumenta desde premisas de seguridad nacional y protección de datos, distintos actores parlamentarios reclaman el derecho a que esas preocupaciones sean canalizadas mediante diálogos institucionales transparentes y no mediante presiones externas. Las próximas semanas dirán si el embajador considerará pertinente responder a una segunda invitación, lo que podría reconfigurar el actual estado de relaciones entre ambos gobiernos o mantener la actual situación de tensión no resuelta. Las implicancias de esta disputa trascienden lo diplomático: afectarán decisiones sobre inversión extranjera, desarrollo de infraestructura regional y el posicionamiento de Argentina en un contexto global donde competencia tecnológica y alineamientos geopolíticos se entrelazan con creciente intensidad.
