Después de nueve meses de idas y vueltas procesales que más parecen una novela que un expediente judicial, la disputa sobre dónde debe investigarse la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar vuelve a intensificarse. Este lunes, el fiscal Mario Villar compareceráante la Cámara Federal de Casación para plantear un nuevo recurso que busca revertir una decisión que, según su perspectiva, favorecería a quienes están acusados de maniobrar detrás de bambalinas para ocultarla verdadera titularidad de un inmueble tasado en 20 millones de dólares. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntos testaferros evolucionó hacia un litigio de competencias que expone las complejidades del sistema judicial argentino y, de paso, pone en evidencia la capacidad de influencia que ejercen ciertos sectores en las instituciones de justicia.
El trasfondo de esta batalla legal es tan intrigante como turbio. Investigadores sospechan que la mansión ubicada en la localidad bonaerense corresponde a Pablo Toviggino, quien se desempeña como tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La hipótesis fiscal sostiene que para disimular la verdadera procedencia de la propiedad, se utilizó un mecanismo clásico en esquemas de ocultamiento: interponer terceros sin conexión aparente con el dueño real. En este caso, se identificó a Luciano Pantano, un monotributista, y a Ana Conte, su madre jubilada, ambos presuntamente vinculados con la estructura administrativa de la AFA. Lo que llama la atención no es solo la operación inmobiliaria en sí, sino el rastro de evidencia hallado dentro de la vivienda: objetos personales, retratos familiares y pertenencias marcadas con el nombre del dirigente. Esos indicios materiales constituyen la base sobre la cual descansa la sospecha de que se trata de un caso de lavado de activos.
La geografía judicial como campo de batalla
Aquí es donde la trama se complica y adquiere dimensiones políticas innegables. Hace poco más de dos semanas, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Cámara Federal de Casación, tomaron una decisión que desató críticas: remitieron el expediente al juzgado federal de Campana, específicamente bajo la competencia del juez Adrián González Charvay. Para los observadores del caso, esto representa un triunfo procesal de los acusados, quienes aparentemente preferían que la investigación transcurriera bajo esa jurisdicción. El fiscal Villar, en cambio, sostiene que los hechos investigados ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Su argumento es sólido: la sede de la AFA funcionaba en la capital al momento de los hechos, el dinero se movió desde allí, la operación notarial se concretó en la ciudad, y la compra de la propiedad fue gestionada desde la órbita porteña. Para la fiscalía, trasladar la causa a Campana no solo sería territorialmente inapropiado, sino que abriría la puerta a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Lo que hace especialmente singular esta disputa de competencias es que ha paralizado cualquier avance sustantivo en la investigación durante prácticamente un año. Ningún juez ha podido sustanciar pruebas, interrogar imputados ni profundizar en la naturaleza de los hechos denunciados. Un funcionario judicial resumió la situación con cierta ironía amarga: nueve meses transcurrieron sin que se resolviera quién investigaría, comparándolo con un proceso de gestación anormalmente prolongado. Esta paralización no es accidental; forma parte de una estrategia que ha demostrado ser efectiva en casos anteriores. Los directivos del fútbol profesional argentino han logrado, hasta el presente, que las indagaciones no avancen de manera sustantiva, mediante maniobras procesales que explotan las complejidades del entramado jurisdiccional.
Una red que cruza fronteras y sistemas financieros
Más allá del conflicto sobre dónde debe proseguir la investigación, los hechos que se busca esclarecer adquieren proporciones considerables. La fiscalía ha identificado lo que describe como una estructura internacional de intermediarios financieros que habría operado durante un lapso que va desde 2021 hasta 2025. Según las sospechas, estos actores habrían canalizado hacia afuera del sistema bancario argentino sumas significativas de dinero que la AFA obtuvo mediante derechos comerciales, acuerdos de patrocinio y transmisiones televisivas. Estos fondos habrían sido derivados hacia sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, que la fiscalía presume son simples fachadas utilizadas por personas cercanas a la dirigencia de la entidad deportiva o directamente por los mismos actores.
La cadena de operaciones presuntamente fraudulentas no terminó en la compra de la mansión de Pilar. Los investigadores rastrearon un abanico más amplio de movimientos patrimoniales que incluye la adquisición de unidades funcionales en el complejo residencial Ayres Plaza, la acumulación de 54 vehículos hallados en un galpón en Villa Rosa, la compra de ejemplares de caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de considerable valor. El patrón que emerge de este análisis sugiere que la operación inmobiliaria de Pilar habría constituido apenas uno de los puntos de una estrategia más vasta de traslado y ocultamiento de activos. Para el fiscal Villar, estos hechos encajan dentro de lo que técnicamente se denomina lavado de activos: la conversión de fondos de origen potencialmente ilícito en bienes y propiedades que aparentan legitimidad.
La posición de la fiscalía se refuerza en un argumento de especialización jurisdiccional. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con estructuras de investigación especializadas en delitos de lavado de activos y fraude económico, lo cual resultaría pertinente para un caso de esta envergadura. Trasladar la causa a la jurisdicción de Campana, sostiene Villar, no solo violaría principios de territorialidad, sino que debilitaría la capacidad investigativa al alejar el expediente de los centros donde se generaron los actos presuntamente delictivos. Además, el fiscal ha señalado una contradicción en el proceder del juez Borinsky: primero planteó que no correspondía abrir ciertos recursos, para posteriormente abrirlos con el propósito de conceder competencia a Campana. Este cambio de postura, desde la óptica de la acusación, evidencia la fragilidad de los fundamentos jurídicos en los que se basó la decisión.
El recorrido hacia la Corte y sus obstáculos
El camino que le queda por transitar al fiscal está sembrado de obstáculos procedimentales de considerable envergadura. Villar presentará un recurso extraordinario ante los tres magistrados de la Casación que decidieron el traslado. Sin embargo, dadas las características de ese fallo previo, existen probabilidades de que el recurso sea rechazado. De ocurrir así, la fiscalía deberá recurrir a una estrategia alternativa: interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Este tipo de herramientas procesales están concebidas para situaciones donde existe una sentencia definitiva o equiparable a tal, pero una cuestión puramente competencial —como en este caso— no encaja naturalmente en esa categoría. Por eso Villar deberá desplegar creatividad argumentativa para convencer al máximo tribunal de que este caso posee particularidades que justifican una intervención de oficio.
Uno de esos argumentos radica en que el conflicto ha generado un bloqueo temporal casi completo del proceso. Hace nueve meses que ningún juez avanza sobre el fondo del asunto porque antes debe resolverse quién tiene competencia. Esa parálisis prolongada, sin precedentes conocidos en casos de esta índole, podría constituir un argumento para que la Corte admita conocer en la materia. Además, Villar subraya que existe una arbitrariedad en la decisión de Borinsky y Barroetaveña, ya que el tribunal no se pronunció expresamente sobre la competencia territorial, sino únicamente sobre la materia. Esta omisión procedural podría ser considerada como un vicio que justifique la revisión.
Paralelamente a esta batalla sobre la jurisdicción de la mansión de Pilar, existen otros frentes abiertos en la Corte que apuntan en la misma dirección. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha emitido dictámenes en al menos dos casos vinculados a la AFA donde se opone a que el juzgado federal de Campana concentre las investigaciones. En uno de esos expedientes, se investiga el presunto desvío de fondos relacionados con la empresa TourProdEnter LLC, cuyos ingresos millonarios habrían sido canalizados de manera fraudulenta. Casal recomendó a la Corte que esa causa continúe tramitando ante la justicia penal ordinaria, específicamente ante el juzgado de Paula Petazzi en la Capital. En un segundo dictamen, el Procurador también se pronunció para que un expediente vinculado a la omisión de registros en los balances contables de la AFA permanezca en la órbita de la justicia ordinaria porteña. Estos pronunciamientos institucionales refuerzan la posición de Villar y sugieren que existe una línea de pensamiento en ciertos sectores del aparato judicial que se opone a la concentración de causas en Campana.
La situación presenta una dinámica donde los acusados de manejar testaferros para ocultarla titularidad de bienes, aparentemente, han logrado mediante maniobras procesales mantener la investigación en una jurisdicción que, según la percepción de fiscales y otros actores institucionales, resultaría menos apta para desentrañar la complejidad de la red internacional de operaciones. Mientras tanto, el ministerio público se ve obligado a navegar un laberinto de recursos y contrarrecursos que consume tiempo valioso y potencialmente dilata la posibilidad de llegar a conclusiones substantivas sobre los hechos investigados. La Corte Suprema tendrá que decidir si admite revisar cuestiones de competencia que técnicamente no constituyen sentencias definitivas, lo cual implicaría una expansión de su rol institucional en función de las particularidades del caso.
Cualquiera sea el resultado de esta sucesión de movidas judiciales, los distintos escenarios que pueden desplegarse de aquí en adelante presentan implicancias significativas para la investigación de presuntos actos de corrupción en instituciones deportivas. Si la Corte decide no intervenir y permite que la causa continúe en Campana, ello podría interpretarse como una apertura para que futuros casos de similares características también sean derivados a jurisdicciones federales alejadas del lugar donde ocurrieron los hechos. Inversamente, si el máximo tribunal revierte la decisión y ordena que el expediente regrese a Buenos Aires, podría enviar un mensaje sobre la importancia de investigar delitos en el territorio donde se perpetraron y donde residían los actores involucrados. La demora en resolver estas cuestiones preliminares, más allá de cuál sea el resultado final, ya ha producido efectos concretos: la paralización de una investigación que, según la acusación, involucra transferencias internacionales de fondos, adquisición de múltiples bienes de valor, e integración de una presunta red de intermediarios financieros.
