Hace poco más de un año que un dispositivo electrónico envía señales cada vez que Cristina Fernández de Kirchner traspasa los límites establecidos por la Justicia. Desde el 19 de junio de 2025, cuando la tobillera modelo E4 fue activada en su pierna derecha, un engranaje burocrático conformado por organismos de seguridad y juzgados federales registra cada uno de sus movimientos. Sin embargo, conforme avanza la investigación judicial sobre la adquisición de un piso adicional en el mismo edificio donde cumple su condena, afloran detalles inquietantes: ese mismo sistema de vigilancia, sofisticado en apariencia, presenta una limitación fundamental que sus operadores parecen haber minimizado o ignorado deliberadamente durante meses.

La revelación sobre esta brecha tecnológica no es trivial. El equipamiento instalado en San José 1111 funciona mediante coordenadas geográficas que delimitan un perímetro donde la expresidenta tiene permitido permanecer. Cada vez que el dispositivo detecta que ella trasciende ese radio de acción, emite una alerta en la central de monitoreo. Pero aquí radica el nudo problemático: esas coordenadas operan en dos dimensiones, no en tres. Dicho en términos simples, la tecnología puede determinar si Fernández de Kirchner está dentro o fuera del edificio, pero resulta completamente ciega respecto de en qué piso, departamento o sector del inmueble se encuentra. Un funcionario del área consultado para esta investigación fue explícito al respecto: "Si va arriba o va abajo, va a marcar que está afuera de la casa. Es la tecnología que hay. Lo que puede detectar es que está en su edificio".

Cómo funciona realmente el monitoreo

El protocolo de vigilancia electrónica en casos de arresto domiciliario requiere que el dispositivo mida lo que los especialistas denominan "el rango": un conjunto de coordenadas que rodean físicamente la vivienda donde debe cumplirse la condena. Cada transgresión de ese perímetro genera un reporte automático. Pero, como explicaron múltiples fuentes internas del sistema, esos límites no reconocen ni registran diferencias de altura. Una persona que se traslada entre pisos dentro del edificio autorizado no está, técnicamente, abandonando la propiedad desde la perspectiva de la geolocalización satelital.

Esto adquiere relevancia extrema cuando se considera que el 30 de marzo de este año, Fernández de Kirchner salió de su departamento durante diez minutos. Según los registros oficiales, antes de hacerlo comunicó al centro de monitoreo que accedería a la terraza, donde tiene permitido estar desde diciembre del año anterior. El informe de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) consigna el hecho con una frase reveladora: "Previa comunicación con el Centro de Monitoreo, se informó que accedería a la terraza del edificio. (En rango por el Dispositivo GPS)". Esa anotación, según personal familiarizado con el sistema, es un eufemismo que significa precisamente lo que no debería significar: que el GPS detectó presencia dentro del edificio, pero que nadie puede verificar con certeza dónde estaba realmente. El uso del tiempo verbal en potencial —"accedería"— responde a que el sistema no tiene capacidad de confirmar la ubicación concreta.

La Justicia tardó en advertir esta vulnerabilidad. Solo después de que trascendió públicamente la compra de un departamento en el piso inferior del mismo edificio —adquisición realizada por una militante kirchnerista vinculada a La Cámpora que se desempeña como sindicalista— el tribunal comenzó a formular preguntas incómodas. ¿Pudo la condenada haber estado en ese piso? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién lo autoriza o controla? Estas interrogantes llevaron al juez Rodrigo Giménez Uriburu a solicitar esta semana a la Dapve un informe exhaustivo sobre cada uno de los desplazamientos de Fernández de Kirchner dentro del edificio, un documento que será entregado próximamente.

La estructura de vigilancia y sus puntos débiles

La arquitectura del control que rodea a la expresidenta es compleja y, como revelan los documentos, parcialmente desconectada. Intervienen en ella dos organismos oficiales: la Dapve, que monitorea a distancia la información transmitida por la tobillera, y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep), que realiza visitas mensuales presenciales para verificar el cumplimiento de las reglas. Entre ambas, pretendidamente, se asegura la vigilancia permanente. Sin embargo, esas visitas inspectivas presentan un cronograma limitado: ocurren una única vez por mes, y siempre después de que las visitas registradas en el libro de actas ya se retiraron. Esto significa que existe una ventana temporal de hasta treinta días donde cualquier movimiento no documentado en ese registro quedaría sin supervisión directa.

Los documentos a los que se accedió revelan que entre julio de 2025 y junio de 2026, especialistas del Dcaep visitaron el edificio en quince ocasiones. Cada una de esas inspecciones se volcó en informes trimestrales que detallaban el estado de la residencia, las comunicaciones realizadas y, supuestamente, el control del régimen de visitas. El primer ciclo de supervisión, que incluyó inspecciones el 31 de julio, 22 de agosto (apenas dos días después de la adquisición del piso) y 12 de septiembre, aparentemente no identificó anomalía alguna. Solo dos meses después surgieron problemas. Cuando Fernández de Kirchner publicó en redes sociales una fotografía donde se la veía en una reunión con nueve economistas, el entonces juez a cargo, Jorge Gorini, interpretó que ello violaba implícitamente las restricciones y procedió a limitar las visitas: máximo tres personas por ocasión, durante dos horas, dos veces semanales.

Ese incidente desencadenó una cadena de respuestas administrativas que ilustra cómo el sistema intenta compensar sus carencias tecnológicas mediante controles burocráticos. El segundo informe trimestral incorporó tres chequeos adicionales del libro de visitas como mecanismo de verificación. Dicho registro permanece ubicado en una mesa en el hall de acceso al edificio y es manejado por los efectivos de la custodia apostados allí. Pero acá aflora otra limitación: los controles se realizan solo una vez al mes y cuando ya se completó el período fiscalizado. En una anotación del informe correspondiente al 12 de diciembre de 2025, los especialistas consignan haber accedido al libro de actas y verificado que efectivamente ingresaron y egresaron tres personas autorizadas: el senador Carlos Linares y los diputados Paula Penacca y Germán Martínez. Ese registro, sin embargo, depende enteramente de la precisión y el cumplimiento de quienes lo completan, sin que exista otro respaldo digital o mecanismo de corroboración independiente.

Respecto de las autorizaciones para acceder a la terraza, los documentos muestran que desde el 17 de septiembre del año anterior se permitió ese desplazamiento dentro de un horario acotado: entre las 6:00 y las 20:00 horas, por un máximo de dos horas. Sin embargo, los registros de la Dapve que se conocen public y parcialmente documentan apenas tres ocasiones en que Fernández de Kirchner efectivamente accedió a ese espacio, todas ellas durante marzo de este año, con duraciones que no superaron los treinta y dos minutos. Esa discrepancia entre la autorización otorgada y el uso real no pasó desapercibida en los tribunales, lo que sugiere nuevamente que algún nivel de interrogación comenzó a generarse sobre la veracidad de los reportes o sobre lo que realmente sucede dentro del edificio.

La tobillera E4 que porta Fernández de Kirchner está equipada con GPS, pero el protocolo contempla también la posibilidad de contactar telefónicamente a un "referente" para verificar ubicación en casos de duda. En este caso, esa persona es Mariano Cabral, uno de sus secretarios, quien anteriormente se desempeñó como prosecretario administrativo del Senado cuando ella presidía esa cámara. Cabral aparece en los informes como el puente de comunicación entre la expresidenta y la Justicia, responsable de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud, los movimientos y cualquier eventualidad que requiera notificación oficial. La confianza depositada en un intermediario humano para un sistema que pretende ser automático subraya nuevamente cuán frágil resulta el edificio de controles montado alrededor del arresto domiciliario.

Incidentes técnicos y misterios sin resolver

Entre los detalles menos conocidos de la vigilancia figuran los problemas técnicos que enfrentó el dispositivo. El 14 de enero de este año, a las 17:56, el sistema registró una alerta crítica: "Falta de Mensaje de Supervisión - Unidad de Control Domiciliaria". En términos operativos, esto significa que la tobillera quedó desconectada de la central de monitoreo. Al día siguiente, a las 14:00 horas, fue reemplazada. Los documentos de visita técnica indican que el nuevo dispositivo cuenta con dos proveedores de telefonía celular para reforzar los controles y evitar que vuelva a ocurrir una desconexión. Pero no consta en los registros públicos qué sucedió durante las aproximadamente diecinueve horas en que la vigilancia estuvo interrumpida, ni si se realizó alguna investigación al respecto.

La pregunta que flota sobre todas estas revelaciones es qué finalidad tuvo realmente la adquisición del primer piso del edificio. Las fuentes consultadas aseguran que la compradora, cuyos vínculos con La Cámpora son públicos y documentados, nunca utilizó efectivamente ese departamento. Se han especulado diversas hipótesis: que se habría destinado a que descansen las mujeres que realizan tareas de cuidado personal de la expresidenta (de las cuales hay al menos tres empleadas domésticas); que los propios custodios utilizarían ese espacio para pasar horas de descanso durante sus turnos; o incluso que la compra respondería a cuestiones de seguridad, para mantener ese piso "vacío" como medida preventiva. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Lo concreto es que Giménez Uriburu, actual magistrado a cargo de la ejecución de la condena, solicitó a la Dapve que entregue un reporte completo de todos los movimientos de Fernández de Kirchner dentro del edificio, explícitamente para descartar si existe evidencia de que haya estado en ese primer piso.

El régimen de visitas también generó incidentes de menor gravedad que, sin embargo, merecieron atención judicial. El 14 de junio de este año, cuatro días después de que el Dcaep presentara su último informe trimestral —donde se señalaba que el entorno se observaba "tranquilo"— se registró lo que los documentos catalogaron como "un incumplimiento de la regla de conducta referida". El motivo: una bandera que atravesaba la calle San José y se agarraba del balcón del departamento de la expresidenta. El asunto fue tratado con relativa liviandad, mediante un simple llamado de atención, pero su anotación en los registros oficiales sugiere que la Justicia se mantiene atenta a cualquier potencial violación, por menor que sea.

En San José 1111 conviven capas de un sistema que intenta ser totalizante pero que exhibe fisuras en múltiples puntos. Allí están los custodios de la Policía Federal apostados permanentemente, el dispositivo electrónico que registra movimientos sin poder especificarlos, un libro de visitas de doscientas páginas que la Justicia examina una vez por mes, vecinos cuyas identidades nunca fueron investigadas sistemáticamente, y reglas de conducta que se modifican conforme surgen inconvenientes. La maquinaria incluye engranajes del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial que, aunque pretenden operar coordinadamente, revelan frecuentes desajustes. La custodia de la Policía Federal es el único eslabón que permanece constantemente en el lugar, según han confirmado personas que visitaron a la expresidenta. Esos efectivos suelen estar en la puerta de su departamento y en la entrada del edificio, pero su mandato se circunscribe exclusivamente a la seguridad personal de Fernández de Kirchner. No tienen obligación de informar sobre quiénes son los vecinos ni qué sucede en otros pisos, lo cual deja amplios espacios sin supervisión coordinada.

La situación pone de manifiesto una tensión fundamental entre dos imperativos que la Justicia debe equilibrar: garantizar la ejecución de una condena a través del arresto domiciliario y preservar la seguridad personal de una figura política que sufrió un intento de homicidio en 2022. Esa confluencia genera dinámicas complejas donde los requerimientos de vigilancia penal conviven con necesidades de protección, y donde la tecnología disponible, aunque avanzada en ciertos aspectos, presenta limitaciones que los responsables del sistema aparentemente no anticiparon o no quisieron reconocer públicamente. Las próximas semanas, cuando se entreguen los informes solicitados por el tribunal, probablemente despejarán algunos interrogantes pero también podrían revelar nuevas preguntas que el sistema de monitoreo actual no está equipado para responder definitivamente.