Tras permanecer veinticuatro días fuera de la Casa Rosada, Javier Milei retomó las riendas del Gobierno esta semana y convocó a su equipo ministerial a una reunión que puso en evidencia la complejidad creciente de su entorno laboral. Lo que aparenta ser un encuentro protocolar entre funcionarios es, en realidad, un escenario donde convergen tensiones políticas, desajustes en la comunicación gubernamental y conflictos de poder que moldean la gestión. La cita del lunes reveló aspectos poco conocidos sobre el funcionamiento interno de la administración y dejó al descubierto las fricciones que emergen entre los propios miembros del círculo presidencial.
Las reglas del juego en el Salón Eva Perón
El manual de procedimientos para la reunión de Gabinete se parece menos a una dinámica de trabajo convencional y más a un protocolo que responde a necesidades particulares del Presidente. Los postigos del salón donde se reúnen deben mantenerse cerrados para resguardar al mandatario de la sensibilidad lumínica que padece. El aire acondicionado funciona de manera permanente a dieciséis grados centígrados, incluso durante la temporada invernal, creando un ambiente que algunos describen como inhóspito pero que es considerado indispensable. Los cafeteros solo pueden hacer su ingreso previo al inicio de las disertaciones y no pueden volver a presentarse bajo circunstancia alguna. Los ministros y otros asistentes deben remover su café con las cucharitas antes de que el Presidente comience a hablar, ya que los sonidos derivados de esa acción lo perturban.
El control sobre los dispositivos móviles es absoluto: todos quedan en el exterior de la sala. Pero existe una disposición que ha generado particular malestar entre los convocados y se ha convertido en tema de conversación constante. Independientemente de la duración del encuentro, que en esta ocasión se extendió durante tres horas, ningún asistente está autorizado a retirarse para satisfacer necesidades fisiológicas. Esa restricción, de la cual más de un funcionario ha salido con molestias físicas, se suma a otras dos reglas categóricas: quien llega con atraso no puede entrar, y quien sale no tiene permitido regresar. Es un régimen que expresa la naturaleza autoritaria de la dinámica pero que también genera interrogantes sobre la capacidad de resistencia de quienes participan.
Santiago Caputo y el misterio de su ausencia
Precisamente estas normas pueden explicar la no comparecencia de Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, en esta reunión de Gabinete. Caputo llegó a la Casa de Gobierno a las once de la mañana, es decir, una hora después de que la reunión comenzara a las diez. Si hubiera querido participar, técnicamente estaba dentro del horario permitido para ingresar. Su falta de presencia en el encuentro ocurrió en una semana donde se produjo un cambio sustancial en los roles de la comunicación digital oficial, un terreno donde Caputo ha ejercido influencia considerable. La ausencia abre interrogantes sobre la naturaleza de los vínculos dentro del triángulo que forman el Presidente, su asesor de confianza y su hermana Karina Milei, quien ocupa un lugar central en la estructura de poder.
Este episodio merece profundización no solo por lo que significa en términos de dinámicas internas sino porque expresa tensiones que van modelando el funcionamiento cotidiano del Gobierno. Los cambios en los circuitos de comunicación oficial representan movimientos estratégicos donde el control de la información y el posicionamiento público juegan roles determinantes. La ausencia de Caputo a una reunión donde se debatieron cuestiones cruciales de la política económica sugiere que existen fisuras en ese sistema de poder que había mostrado una solidez relativa durante los meses anteriores.
Milei y su sensación de incomprensión frente a la realidad
Durante el encuentro de tres horas, el tema central fue la economía, pero no desde una perspectiva técnica de análisis de variables sino desde un registro fundamentalmente emocional. El Presidente expresó sentirse "incomprendido" por la sociedad, por los sectores empresariales y por prácticamente toda la estructura política. Este estado emocional no es novedoso: viene siendo visible desde su reclusión creciente en la residencia de Olivos y se agudiza por condiciones físicas que incluyen dolores de espalda que, según personas cercanas, lo mantienen en un estado de irritabilidad permanente. Esa combinación de factores psicológicos y corporales ha generado un temperamento cada vez más inestable.
Durante la reunión, Milei presentó datos sobre morosidad y comportamiento de consumo que, según su interpretación, validan su estrategia económica de continuidad sin flexibilizaciones. Presentó estos números como evidencia de que el rumbo no admite rectificaciones ni concesiones. Es una postura que entra en colisión directa con quienes, dentro de su propio Gabinete, perciben que la sociedad experimenta un sufrimiento económico considerable y que la empatía hacia esa realidad es políticamente necesaria. Aquí emerge la figura de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien se convirtió en la voz que más públicamente cuestiona ese posicionamiento. Durante el Gabinete del lunes, Bullrich planteó la necesidad de que el Gobierno mostrara mayor comprensión por la situación de las personas, algo que el Presidente rechazó explícitamente, esgrimiendo que su plan económico requiere coherencia ideológica total.
Bullrich desafía desde adentro mientras Bausilli genera debate senatorial
El conflicto entre Milei y Bullrich no es puramente conceptual sino que expresa diferencias tácticas sobre cómo comunicar y ejecutar la gestión. La ministra de Seguridad, quien mantiene una base de poder significativa en términos de liderazgo político propio, viene ejerciendo un rol de contrapeso dentro del Gabinete. Su expresión pública sobre la necesidad de "empatía con la realidad" fue un acto de disidencia velada pero perceptible que marca un territorio diferente al que ocupa el Presidente. Estas fracturas internas adquieren mayor relevancia cuando se consideran los movimientos tácticos que el Gobierno realiza paralelamente.
A tan solo cuarenta y ocho horas de la reunión ministerial, el Ejecutivo anunció un plan de créditos hipotecarios financiado con fondos de la ANSES que funcionó como una corrección de ruta comunicacional. El anuncio llegó en momentos donde el Gobierno buscaba recuperar aire político tras el desacuerdo generado por la Ley de Tierras. En paralelo, se dieron a conocer mejoras en el Índice de Confianza de la Di Tella, se aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y avanzó en temas como Inocencia Fiscal. En el Senado, se aprobó masivamente un conjunto de pliegos de jueces, incluyendo magistrados de la Cámara Federal que tendrán injerencia en el caso LIBRA. Esta ventana de reordenamiento político permitió que el Gobierno posicionara nuevamente la agenda de Reforma Electoral como eje prioritario para los próximos meses legislativos.
Sin embargo, existe una pieza del rompecabezas que permanece en suspenso y genera fricción política: la aprobación del pliego de Santiago Bausilli como presidente del Banco Central. Bausilli, quien funciona como una "dupla histórica" con Caputo dentro del esquema económico gubernamental e incluso asiste a las reuniones de Gabinete, necesita validación senatorial para consolidar su permanencia en el cargo hasta 2028. El dato interesante es que ese es un requisito reglamentario que hace largo tiempo no se cumple en la Argentina y que otorgaría una autonomía esperada a la cabeza del ente monetario. No obstante, los conteos legislativos indican que lograr esa aprobación en el Senado será complicado. Y aquí, nuevamente, aparece Bullrich con una posición que coincide con la dificultad legislativa: hace dos meses, en el encuentro del Harvard Club de Argentina en el Club Francés, cuando fue consultada sobre qué funcionarios no mantendría el Gobierno en caso de una eventual reelección, Bullrich mencionó solo un nombre: Santiago Bausilli. Esa respuesta, dada en un círculo cerrado de empresarios, expresa una diferencia de criterio sobre los hombres clave que deberían permanecer en la estructura de poder.
El operativo de CFK desde la prisión domiciliaria
Mientras el Gobierno busca estabilizar su gestión atravesando tensiones internas, en San José 1111, donde se encuentra recluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurren movimientos que sugieren una estrategia política compleja. Dos meses después de iniciada su prisión domiciliaria, una operación inmobiliaria llamó la atención: María Soledad Calle, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y referente de La Cámpora en Campana, adquirió el departamento ubicado exactamente en el piso inferior al de la ex Presidenta. El precio de transacción fue de ciento ochenta y nueve mil dólares estadounidenses por una propiedad de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados. Ese valor representa un descuento notable respecto a cotizaciones previas del mismo departamento, que solía alcanzar cifras cercanas a los trescientos mil dólares. La compra ocurre en circunstancias donde Calle está bajo investigación por un polémico contrato entre su sindicato y USEM, una empresa donde ella tiene participación.
La operación genera preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para esa adquisición y, más significativamente, sobre la posibilidad de que Cristina Fernández o su círculo cercano utilicen esa propiedad como una extensión o complemento de sus movimientos durante la reclusión. Mientras esto ocurría, la ex Presidenta mantenía una rutina de actividad intensa. Quienes la visitan reportan que nunca la vieron en mejor estado físico, dedicada a un entrenamiento sistemático. Además, recibe educación en idioma chino impartida por un profesor que pertenece al círculo de Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino durante el gobierno kirchnerista. Gran parte de su tiempo lo dedica a construir visiones sobre el panorama electoral vislumbrado y a desarrollar estrategias para la carrera política que se aproxima.
La estrategia judicial de CFK: padrón electoral y Naciones Unidas
La ex mandataria posee una condena firme en la causa Vialidad: seis años de prisión y prohibición de por vida de ejercer cargos públicos. Con esa sentencia confirmada, tomó una decisión que trasciende la mera defensa legal: presentarse ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar el proceso y la sentencia que la condenó. Ese movimiento aparenta ser defensivo pero oculta una estrategia electoral de mayor alcance. El elemento decisivo que no suele mencionarse es que una condena firme produce la expulsión del padrón electoral. Esa es una situación diferente a la de los reclusos que aún tienen instancias penales pendientes, quienes conservan sus derechos electorales. Sin estar en el padrón, una persona no solo no puede votar sino que, fundamentalmente, no puede ser candidata a cargo alguno.
La jugada es compleja pero tiene una lógica interna coherente. El Comité de la ONU no es un órgano jurisdiccional con poder vinculante sobre la justicia argentina, pero sus opiniones son reconocidas por Pactos Internacionales que poseen validez constitucional en el país. Una resolución favorable de ese Comité, obtenida en plazos más breves que los de otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriría la posibilidad de presentarse ante la Cámara de Casación para solicitar la revisión del caso. Si la revisión fuera abierta, Fernández recuperaría su lugar en el padrón electoral porque estaría nuevamente dentro de un proceso penal en tramitación. En ese contexto, la estrategia contempla la presentación de una fórmula presidencial compuesta por ella como candidata principal y un o una vicepresidenta cuya identidad permanece en secreto. Si la justicia posteriormente rechazara su candidatura como inválida, la normativa vigente dispone que el compañero o compañera de fórmula ocupe automáticamente el lugar de postulante a la Presidencia. Es una maniobra que retoma un elemento histórico del accionar político de Cristina Fernández: la apuesta al factor sorpresa, a la irrupción inesperada en la escena mediante un candidato revelado en el último momento.
Nadie duda de que la justicia argentina dificilmente reabrirá el caso Vialidad, aún con respaldo internacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de esta maniobra? La respuesta reside en que no se trata de un intento por recuperar la Presidencia sino de un esfuerzo por mantener la capacidad de dominar la discusión dentro del peronismo y de la izquierda política nacional. Fernández posee una visión del mapa electoral que lo divide en cuatro sectores: el kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista, el mileísmo y los sectores desencantados del Gobierno que tampoco se sienten identificados con el kirchnerismo. Ese último cuadrante, emergente producto del sufrimiento económico y de los excesos retóricos presidenciales, aparece en todas las encuestas como un espacio en crecimiento. La pregunta que falta responder es dónde se posicionaría el gobernador bonaerense Axel Kicillof en ese tablero. Cuando se le consulta sobre posibles negociaciones con él, su respuesta es lacónica: "Si viene a hablar conmigo, vemos". Es la expresión de alguien que mantiene la convicción de que cualquier fórmula política debe ser construida bajo su aprobación tácita, repitiendo a visitantes que Kicillof es un "producto político" que debería estar eternamente agradecido a ella por su existencia.
El tercer espacio y los movimientos de actores alternativos
En paralelo, otros actores políticos perciben la fragilidad del escenario y movilizan sus propias estrategias. Daniel Hadad, después de desarrollar
