Hace más de seis meses que la justicia argentina se debate sobre quién debe investigar lo que sucedió en la suntuosa propiedad ubicada en Pilar, donde funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino acumularon bienes de un lujo casi cinematográfico. En el corazón de esta contienda judicial se encuentra Adrián González Charvay, magistrado del Juzgado Federal de Campana, quien mantiene una puja tenaz por recuperar un expediente que, en su complejidad y ramificaciones, ha terminado involucrando a múltiples jurisdicciones y generando una serie de movimientos procesales que merecen análisis detallado. El caso trasciende la simple ubicación geográfica de una propiedad: se trata de desentrañar posibles maniobras de lavado de activos, desvíos de fondos y esquemas financieros que podrían haber beneficiado a directivos de una de las instituciones deportivas más influyentes del país.

Los hechos que originaron esta investigación comenzaron a develarse cuando se descubrió que la quinta de Pilar, registrada a nombre de Luciano Pantano (monotributista) y su madre Ana Conte (jubilada), funcionaba como receptáculo de un patrimonio extraordinario. La propiedad alberga no solo una vivienda principal, sino también instalaciones de haras, una colección de vehículos de lujo que supera el medio centenar de unidades —incluyendo una Ferrari y múltiples modelos de alta gama como BMW y Audi— y otros bienes que sugieren una acumulación de riqueza que desafía toda explicación lógica considerando el perfil económico de sus propietarios formales. Los investigadores sospechan que Pantano y Conte actúan como testaferros, es decir, como intermediarios que ocultan la verdadera identidad de quienes poseen realmente estos bienes. Los indicios apuntan hacia Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, como una de las figuras centrales en esta trama.

La ingeniería financiera detrás de la fortuna

Lo que hace particularmente intrincada esta investigación es la existencia de TourProdEnter, una empresa comercial vinculada a Javier Faronique, que actúa como agente encargado de recaudar ingresos de la AFA en mercados internacionales. Esta compañía retiene un 30 por ciento de lo que cobra, generando un flujo financiero de magnitudes considerables. Paralelamente, existe otra firma llamada Real Central, asociada a Pantano y Conte, que habría recibido transferencias cuyo origen e intención permanecen bajo investigación. Todo indica que podría existir una ingeniería financiera sofisticada que, utilizando estructuras empresariales como intermediarias, permitiría la desviación o el blanqueo de fondos que debería estar bajo control de la entidad deportiva. El peritaje contable ordenado por la justicia busca precisamente establecer si los ingresos generados por la AFA desde 2019 ingresaron íntegramente a sus arcas o si existieron desviaciones en el camino, así como analizar si la comisión que cobra TourProdEnter se ajusta a parámetros internacionales de mercado.

El recorrido del expediente por distintas instancias judiciales ilustra la complejidad de definir competencias cuando una causa abraza múltiples dimensiones delictivas. Originalmente, el caso se encontraba en Comodoro Py, el epicentro de las investigaciones federales en Buenos Aires. Sin embargo, Leopoldo Bruglia, camarista federal, ordenó su traslado a la Cámara en lo Penal Económico, tribunal especializado en delitos de naturaleza financiera. En ese contexto, el expediente llegó a manos del juez Marcelo Aguinsky. Fue precisamente en esta etapa cuando Bruglia, en su resolución, abrió la puerta a una posibilidad que hasta ese momento no estaba considerada: que el caso pudiera radicar en Campana. Pantano y Conte, junto a sus asesores legales, no desaprovecharon esta ventana procesal. Presentaron un pedido dirigido a González Charvay solicitándole que interpusiera una inhibitoria —un recurso que permite a un juez cuestionar la competencia de otro— para atraer la causa hacia su jurisdicción. González Charvay respondió positivamente a este planteo, iniciando así una cadena de movimientos que llevaría a la Cámara de Casación a intervenir para resolver la disputa.

Los argumentos técnicos y las interpretaciones encontradas

González Charvay sustenta su posición en dos argumentos que, desde la perspectiva de la justicia federal tradicional, poseen validez técnica. En primer lugar, invoca el principio del "juez natural", que en materia territorial establece que corresponde juzgar al magistrado del distrito donde se encuentra ubicado el bien que es objeto de investigación. Dado que la quinta está emplazada en Pilar, zona bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana, González Charvay sostiene que es el foro natural para conocer del caso. En segundo lugar, argumenta que mantener la causa en su juzgado evitaría la duplicación de procedimientos judiciales, un principio económico del proceso penal que busca evitar investigaciones paralelas y contradictorias. Funcionarios judiciales de Campana señalan que este tipo de movimiento es frecuente en su fuero, especialmente en casos de narcotráfico —materia en la que González Charvay ha construido una reputación de juez implacable— y que solo ha ganado visibilidad en esta ocasión debido a la relevancia pública del caso AFA.

No obstante, la Cámara en lo Penal Económico presentó una interpretación sustancialmente distinta. En su fallo, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio argumentaron que la investigación no podía reducirse simplemente a la ubicación geográfica de una propiedad. Según esta postura, el objeto de la indagación se inserta en una trama mucho más vasta, que incluye operaciones financieras complejas, posibles maniobras de lavado de dinero y desvíos de fondos de una institución de envergadura nacional. En otras palabras, la naturaleza económica y financiera del caso lo trasladaba fuera del ámbito de competencia natural de un juzgado federal ordinario. Además, la Cámara en lo Penal Económico hizo una observación procedimentalmente significativa: señaló que, hasta ese momento, el expediente mostraba un ritmo de avance apaciguado, sin que se hubiera establecido aún la situación de imputado formal para ninguna de las personas investigadas, ni se hubieran realizado actos procesales que demostraran un progreso sustancial. Esta observación sugería, implícitamente, que un cambio de jurisdicción no necesariamente alteraría la velocidad de la investigación.

El magistrado y su trayectoria en decisiones sensibles

Para comprender la relevancia de esta disputa, resulta imprescindible examinar quién es González Charvay y cuál es su historial en el ejercicio de la función judicial. El magistrado ha demostrado ser una figura activa y, en ciertos aspectos, polémica. En 2021, fue responsable de la investigación denominada "Bobinas Blancas", que resultó en condenas para integrantes de una organización criminal transnacional que ocultaba cocaína en bobinas de acero especialmente modificadas. Ordenó allanamientos coordinados en la terminal portuaria de Zárate, en Garín, Marcos Paz y Guernica, obteniendo resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico. Esta causa cimentó su reputación como un juez severo y operativo en materia de drogas. Sin embargo, su actuación también ha trascendido el ámbito penal stricto sensu. En noviembre del año anterior, procesó al exministro bonaerense de Transporte Jorge D'Onofrio, funcionario cercano al dirigente peronista Sergio Massa, imputándolo por presunto lavado de activos e imponiéndole un embargo de 350 millones de pesos. Años atrás, procesó y elevó a juicio oral al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté, del partido Pro, por irregularidades en la firma de convenios relacionados con obras en barrios y un programa de microcréditos. Desde entonces, la trayectoria política de Ducoté experimentó una pausa considerable.

Simultáneamente, durante la gestión del intendente Federico Achával —que sucedió a Ducoté en el cargo— González Charvay autorizó que la municipalidad cobrara sus tasas a través de la misma boleta que el servicio de electricidad o gas, una decisión que contrastaba con lo que había determinado el gobierno de Javier Milei a nivel nacional. Esta medida también benefició a los municipios de Campana (gobernado por Pro) y Escobar (en manos del peronismo). Estos antecedentes sugieren que González Charvay es un magistrado acostumbrado a tomar decisiones de peso, con implicancias políticas y económicas considerables, y que no siempre ha limitado su actuación a cuestiones estrictamente jurisdiccionales. Es en este contexto donde debe interpretarse su insistencia por recuperar el control del expediente AFA.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la supervisión de la jueza Verónica Straccia, quien lo subroga hasta fin de año en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10. Sin embargo, González Charvay dejó de estar formalmente a cargo hace aproximadamente un mes, aunque durante un tramo significativo de los seis meses de puja fue el magistrado responsable. La Cámara de Casación tiene previsto resolver la disputa de competencias después de una audiencia programada para el 12 de agosto. Lo que hace inusual esta situación es que una eventual decisión a favor de González Charvay estaría en contracorriente respecto de lo que ha dispuesto la Cámara en lo Penal Económico, así como contraria a los dictámenes emitidos por todos los fiscales que han intervenido en la causa hasta el momento. González Charvay aún conserva bajo su conducción otro capítulo de la trama AFA: un expediente originado en Santiago del Estero donde el fiscal provincial Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Toviggino por movimientos millonarios que la entidad habría girado hacia una red de sociedades vinculadas al tesorero. El juez Sebastián Argibaye rechazó ese pedido de detención y resolvió el traslado a Campana, generando así otra bifurcación procesal. Actualmente, la Cámara Federal de San Martín debe dirimir si González Charvay retiene esta causa, si regresa a Santiago del Estero o si se remite al fuero Penal Económico.

El peritaje contable que está siendo realizado por expertos de la Corte Suprema se perfila como la medida más determinante para el futuro de la investigación, independientemente de quién termine siendo el juez competente. Este análisis busca establecer si los ingresos generados por la AFA desde 2019 ingresaron completa y efectivamente a sus arcas o si existieron desvíos, cuál fue el comportamiento de las transferencias recibidas por Real Central, empresa de Pantano y Conte, y si la comisión de 30 por ciento que retiene TourProdEnter se ajusta a los parámetros habituales del mercado internacional. Los resultados de este peritaje tendrán el potencial de modificar sustancialmente el curso de la investigación, más allá de consideraciones jurisdiccionales. Un funcionario judicial que ha seguido de cerca el proceso matizó las críticas sobre la lentitud, señalando que han transcurrido apenas seis meses de investigación, un plazo que en la experiencia de la justicia argentina es relativamente breve para casos de esta complejidad.

Las implicancias de esta disputa trascienden las fronteras de lo puramente procesal. Si González Charvay recupera competencia, la investigación continuaría bajo la supervisión de un magistrado que ha demostrado disposición a actuar cuando detecta irregularidades de peso, pero también de uno que ha estado particularmente receptivo a los argumentos esgrimidos por quienes aparecen como investigados. Si por el contrario la causa permanece en el fuero Penal Económico o es derivada a otra instancia, podría interpretarse como una afirmación del carácter fundamentalmente económico-financiero de los delitos bajo investigación, más allá de la geografía. Lo cierto es que la resolución de la Cámara de Casación, cualquiera que sea, establecerá un precedente relevante sobre cómo la justicia argentina define la competencia en casos que combinan elementos territoriales con características que trascienden lo local. Las distintas perspectivas sobre cómo debe interpretarse el "juez natural" en la era de los delitos financieros complejos seguirán siendo objeto de análisis jurídico intenso.