El Gobierno nacional vuelve a la carga con una ambición que trasciende lo que hasta ahora había sido su principal bandera en materia electoral. No se trata apenas de cancelar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, aunque esa sigue siendo una meta prioritaria. La administración que comanda Javier Milei se propone ahora desplegar un debate más vasto sobre los cimientos del sistema político argentino, convencida de que el terreno parlamentario estará disponible para hacerlo a partir de mediados de septiembre. La movida requiere de una arquitectura política compleja: conversaciones con mandatarios provinciales, acuerdos con sectores de la oposición que estén dispuestos a dialogar, y una estrategia comunicacional que logre presentar los cambios como necesarios para la modernización del sistema. Lo que cambia en esta etapa es la escala de la propuesta y la complejidad de las negociaciones que esto implica.
Durante un encuentro que reunió a la cúpula de poder en la Casa Rosada durante la jornada de martes, los principales funcionarios de la gestión libertaria confirmaron que el cronograma está fijado. Karina Milei, titular de la Secretaría General de Presidencia, y Diego Santilli, jefe de Gabinete, coordinaron una sesión de trabajo que incluyó a los principales decisores del bloque oficial. Entre los participantes se encontraban Patricia Bullrich, quien comanda la bancada oficialista en la cámara alta; Martín Menem, presidente de Diputados; Santiago Caputo, asesor presidencial; y otros miembros de la estructura. La sesión se extendió por más de ciento veinte minutos, con un único objetivo: articular los pasos siguientes en la agenda legislativa. Aunque se tocaron otros temas —entre ellos, la próxima alocución presidencial anunciada para el jueves y detalles organizativos de la futura visita papal—, la reforma político-electoral monopolizó buena parte de la conversación.
Un proyecto que va más allá de las primarias
Lo que en un primer momento aparecía como un objetivo acotado —suprimir las PASO para 2027— se ha transformado en una iniciativa de envergadura considerablemente mayor. El Ejecutivo busca que el Senado abra el análisis a un menú más amplio de modificaciones institucionales. Según lo manifestado por los propios actores involucrados, la idea es revisar desde cero aspectos fundamentales: la estructura de los partidos políticos, los mecanismos de afiliación que podrían digitalizarse, los requisitos para el funcionamiento de organizaciones políticas, y la racionalización del gasto público destinado a procesos electorales. La Ficha Limpia, la otra columna vertebral de la reforma, también sería incluida en este paquete ampliado que presentó el Ejecutivo a la cámara de senadores.
Quienes integran el círculo cercano a Milei creen que ampliar el debate funciona estratégicamente a su favor. Si la conversación se limita únicamente a las PASO, el oficialismo está consciente de que carece de los votos suficientes para aprobar la medida. En cambio, si logra que la sesión legislativa transitar por distintos temas relacionados con la política electoral, tiene mayores probabilidades de construir mayorías de geometría variable: algunos legisladores que se oponen a eliminar las primarias podrían estar de acuerdo con otros aspectos de la reforma, o viceversa. Esta táctica de abarcar más territorio legislativo responde a una lógica de negociación conocida en el Congreso como "trading": intercambiar respaldos en distintos temas para alcanzar mayorías flexibles. En este contexto, los gobernadores juegan un papel decisivo. Santilli ha tenido múltiples encuentros con autoridades provinciales durante las últimas semanas, buscando tejer acuerdos que incluyan tanto promesas de recursos como concesiones políticas.
Contra reloj: el dilema de esperar a 2027
El oficialismo enfrenta una restricción temporal que condiciona su estrategia: 2027 será año electoral en Argentina. Ello significa que cualquier reforma electoral deberá estar completada antes de que termine este ejercicio legislativo. Una vez que comience la campaña política, los cálculos electorales dominarán las decisiones de cada legislador, transformando la negociación en una arena donde los incentivos están tan polarizados que casi ningún acuerdo es posible. Por eso el Gobierno insiste en que el debate debe abrirse en septiembre. Dejar el tratamiento para más adelante implicaría exponerse al riesgo de que el clima político se tense aún más con la proximidad de las elecciones. Además, una aprobación tardía no daría suficiente tiempo para que las provincias adecúen sus legislaciones locales y sus estructuras administrativas a los nuevos marcos que se establezcan a nivel nacional.
Bullrich, quien concentra una responsabilidad significativa en esta negociación como jefa de la bancada libertaria, ha sido explícita respecto de las incertidumbres que persisten. Reconoció públicamente que aún no existe claridad sobre si las PASO serán finalmente eliminadas o si se adoptará un mecanismo alternativo de selección de candidatos. Esa confesión, lejos de ser una debilidad, refleja la realidad de una negociación que recién comienza. Lo que sí queda establecido es el rango temporal aproximado: entre septiembre y octubre, el Gobierno espera alcanzar definiciones sobre este menú de reformas. La variabilidad en estos tiempos ya anticipa que las negociaciones no serán ni expeditivas ni unilaterales.
Para que esto prospere, el Gobierno requiere de acuerdos específicos con sectores de la oposición que tradicionalmente se han mostrado dispuestos al diálogo. Gobernadores como Gustavo Bordet, Raúl Jalil o Gildo Insfrán —algunos de ellos vinculados a espacios que mantienen relaciones pragmáticas con el oficialismo— podrían ser piezas clave en esta ecuación. También hay legisladores radicales, demócratas cristianos y peronistas no kirchneristas que, en el pasado, han demostrado capacidad para separarse de sus bloques en votaciones vinculadas a reformas institucionales. El desafío es convencerlos de que los beneficios de esta reforma superan los costos políticos que cada uno enfrenta en sus propios territorios y organizaciones.
El proceso que está por iniciarse refleja tanto la aspiración del Gobierno de reconfigurar reglas del juego político como las complejidades inherentes a cualquier reforma de esta naturaleza en democracias federales. Los meses venideros serán testigos de negociaciones intensas, posiblemente de amagos de ruptura de acuerdos preliminares, y de cálculos intrincados sobre qué legislador vota qué tema. Las perspectivas varían según se mire desde la óptica del Ejecutivo, desde los intereses provinciales, desde la lógica de cada bloque opositor, o desde el escrutinio de analistas institucionales. Lo que resulte de este proceso no solo determinará cómo se eligen candidatos en futuras contiendas electorales, sino que también redefinirá equilibrios de poder al interior de la estructura político-partidaria argentina.
