La administración nacional está desplegando una estrategia sistemática de acercamiento hacia los mandatarios provinciales que respaldan su gestión, combinando compromisos de obra pública con negociaciones políticas de largo plazo. Este movimiento va más allá de la típica gestión administrativa: representa un esfuerzo deliberado por asegurar tanto votos legislativos inmediatos como apoyo electoral hacia 2027. El viaje de Diego Santilli y Luis Caputo a Catamarca el pasado viernes ejemplifica esta táctica dual: mientras se firman acuerdos sobre infraestructura hídrica, simultáneamente la Casa Rosada negocia con la coalición opositora para construir futuras alianzas electorales.
El desplazamiento de los dos funcionarios nacionales hacia el norte argentino había estado previsto para la semana anterior, pero las condiciones meteorológicas adversas obligaron a reprogramar la agenda. Una vez que las circunstancias lo permitieron, ambos viajaron para formalizar convenios vinculados con la Red de Acueductos y Planta Potabilizadora Albigasta, que beneficiará a Catamarca y Santiago del Estero. En el encuentro participaron Raúl Jalil, gobernador catamarqueño, y Elías Suárez, su par santafesino. Más allá de la firma de documentos sobre infraestructura hídrica, la ocasión permitió al Gobierno refrendar otro acuerdo: la delegación de la gestión integral de diversos tramos de rutas nacionales en manos de ambas provincias, un esquema que ya se había implementado semanas antes en Santa Fe y San Juan.
Una red de contactos que se expande hacia el norte
Lo significativo del viaje trasciende lo meramente formal. Apenas dos días antes, Santilli ya había estado presente en Misiones presidiendo el encuentro del Consejo Federal del Norte Grande, donde confluyeron varios mandatarios afines al oficialismo libertario. En esa oportunidad estuvieron presentes Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y el anfitrión Jalil. Esta cadena de encuentros regionales no responde al azar. Apenas una semana antes, los mismos funcionarios habían tejido contactos con gobernadores de Corrientes y Chaco. La frecuencia de estas visitas expone una agenda deliberada: el Poder Ejecutivo busca consolidar acuerdos con administraciones provinciales clave, no por solidaridad política abstracta, sino porque necesita sus votos en el Congreso para impulsar iniciativas legislativas que enfrenta resistencia.
Entre los proyectos que requieren ese apoyo legislativo se encuentran cambios de envergadura institucional. La propuesta de reforma política incluye la posible supresión de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y contempla modificaciones a la estructura orgánica del Banco Central. Estos no son ajustes menores: implican transformaciones en cómo se estructura el sistema electoral y quién controla la política monetaria. Los gobernadores provinciales, que cuentan con representación legislativa y control territorial, se transforman en piezas indispensables de cualquier aritmética parlamentaria que el Gobierno pretenda armar. Sin embargo, mantener esa coalición legislativa requiere una gestión política constante. Los episodios recientes ejemplifican las tensiones que atraviesan estas alianzas. Durante la votación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada apenas hace días, el Ejecutivo debió hacer retrocesos significativos: eliminó varios capítulos de la norma al ver que carecía de apoyo suficiente en el recinto. La situación se tornó lo bastante incómoda como para que Patricia Bullrich, líder del bloque libertario, le exigiera a Joaquín Benegas Lynch, senador del espacio, retractarse de haber calificado como "tibios" a buena parte de los gobernadores aliados. Benegas Lynch fue obligado a pedir disculpas públicas uno por uno.
Las negociaciones con Pro abren un nuevo frente
Mientras cultiva relaciones con mandatarios provinciales, la administración nacional simultáneamente abrió un segundo canal de negociación política de mayor envergadura. A inicios de esta semana, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, realizó una llamada a Mauricio Macri, expresidente de la nación. De esa conversación derivó la decisión de iniciar encuentros formales entre representantes de ambos espacios políticos. El primer cónclave se concretó el jueves pasado: de parte del Gobierno estuvieron Santilli junto a Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, en representación de los libertarios. Del lado de Pro participaron Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Tras esa primera reunión, ambas delegaciones acordaron repetir los encuentros con periodicidad quincenal. No se trata de gestos aislados: la apertura de diálogos con Pro responde a la necesidad de construir coaliciones electorales de cara a 2027, cuando volverá a convocarse a elecciones nacionales.
En cuanto a los proyectos de infraestructura que fundamentan los viajes provinciales, la iniciativa del acueducto reviste importancia concreta. La obra busca ampliar significativamente el acceso a agua potable en Catamarca y Santiago del Estero, al tiempo que genera capacidades productivas nuevas para ambas jurisdicciones. El financiamiento proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permite al Gobierno nacional avanzar con inversión en obras públicas sin comprometer el equilibrio fiscal, objetivo central de la actual administración. Según las versiones oficiales, tanto el jefe de Gabinete como el ministro de Hacienda sostienen que el equilibrio fiscal y la inversión en infraestructura no constituyen conceptos antagónicos. La estrategia planteada se basa en impulsar proyectos sostenibles a través de financiamiento de organismos multilaterales a tasas competitivas y plazos extendidos, complementados con inversión privada. En enero de 2025, las administraciones provinciales de Catamarca y Santiago del Estero cursaron solicitud formal al Gobierno nacional para avanzar con esta iniciativa. Luego se impulsó el proceso licitatorio internacional, se abrieron ofertas y ahora las jurisdicciones avanzan hacia la ejecución.
La simultaneidad de estas acciones gubernamentales—viajes provinciales, acuerdos de infraestructura, negociaciones electorales y gestión legislativa—sugiere un diseño más integrado que lo que los comunicados oficiales revelan explícitamente. Cada movimiento refuerza a los otros: los acuerdos de obra pública generan capital político local que consolida el apoyo de gobernadores, cuyo respaldo legislativo es crucial para impulsar reformas que a su vez podrían redefinir el mapa político de 2027. Los diálogos paralelos con Pro amplían el espectro de alianzas posibles, reduciendo la vulnerabilidad de depender de un único bloque. Sin embargo, estas dinámicas también exponen las fragilidades inherentes: la necesidad de negociar constantemente con múltiples actores políticos puede generar demoras en la aprobación de leyes, como sucedió con la ley de inviolabilidad. La capacidad del Gobierno de mantener esta compleja arquitectura de alianzas, mientras gestiona restricciones fiscales y presiones de distintos sectores, determinará en gran medida su capacidad de gobernar durante los próximos años y de posicionarse competitivamente en el horizonte electoral que se aproxima.
