Hay una paradoja silenciosa que atraviesa décadas de historia argentina: cada vez que la política no logra ponerse de acuerdo, los tribunales terminan resolviendo lo que deberían resolver los legisladores. Esa paradoja fue puesta en palabras, con nombres y números, por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante su participación en la ExpoEFI, uno de los encuentros de referencia del empresariado local. Su mensaje no fue técnico ni críptico: la falta de acuerdos políticos genuinos convierte al Poder Judicial en un campo de batalla donde se dirimen disputas que tendrían que haber quedado saldadas en el Congreso. Y eso, dijo, tiene un costo económico concreto y mensurable.
Un tribunal desbordado: 15.000 sentencias frente a las 100 de Estados Unidos
Para graficar la dimensión del problema, Rosatti recurrió a una comparación que resulta tan elocuente como perturbadora. La Corte Suprema federal de los Estados Unidos dicta, en promedio, entre 80 y 100 sentencias por año. El Máximo Tribunal argentino, en el mismo período, emitió 15.000. La diferencia no se explica por el tamaño de la economía, ni por la cantidad de habitantes, ni por la complejidad del sistema jurídico. Se explica, según el propio Rosatti, por un fenómeno que viene creciendo sostenidamente: la judicialización de los debates que no encuentran resolución en el plano político. Cuando una ley no genera consenso suficiente, cuando una política pública irrita a sectores que no lograron imponer su postura en el Parlamento, el camino elegido es el judicial. Y ese camino, tarde o temprano, llega a la Corte.
Esta dinámica no es inocua. Cada causa que se abre, cada medida cautelar que se dicta, cada recurso que trepa por la pirámide judicial hasta llegar al Máximo Tribunal implica una demora en la implementación de políticas públicas. En términos prácticos, significa que programas económicos, reformas estructurales o iniciativas de transformación macroeconómica quedan suspendidos en el aire, a la espera de que la Justicia diga la última palabra. El titular de la Corte fue explícito al respecto: ese proceso de dilatación genera obstáculos reales para consolidar un desarrollo económico sostenible en el tiempo. No es una cuestión abstracta de teoría constitucional; es un freno concreto para quienes quieren invertir, producir y planificar a largo plazo.
Institucionalidad como variable económica: una mirada que la dirigencia suele ignorar
Uno de los ejes centrales del discurso de Rosatti fue la vinculación entre calidad institucional y desarrollo económico, una ecuación que los organismos internacionales llevan décadas señalando pero que en Argentina pocas veces ocupa el centro del debate público. "Buena parte de las frustraciones argentinas por un desarrollo económico sostenido están relacionadas con fallas en la institucionalidad", sostuvo, y añadió que incorporar ese elemento como una variable sustantiva es indispensable para pensar el futuro del país. Esta mirada conecta con una tradición de pensamiento que incluye, entre otros, a economistas institucionalistas como Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, quien demostró que las reglas formales e informales de una sociedad son tan determinantes para el crecimiento como los recursos naturales o el capital humano. Argentina tiene recursos, tiene capital humano, pero las reglas cambian con una frecuencia que desalienta la planificación.
En esa línea, Rosatti subrayó la importancia del carácter federal del país como una dimensión que los inversores muchas veces subestiman. Una transacción comercial, un proyecto de infraestructura o una iniciativa productiva no se rige únicamente por la legislación nacional: también inciden normas provinciales, ordenanzas municipales y tasas locales que, de no ser contempladas desde el inicio, pueden convertirse en fuente de conflictos legales. "Una inversión puede frustrarse o dificultarse por una norma local, por una norma provincial, por una tasa municipal", advirtió. Se trata de un mapa regulatorio complejo y fragmentado que, si no se navega con precisión, desemboca inevitablemente en litigios. Simplificar ese entramado, avanzar hacia reglas más claras y predecibles, fue otra de las demandas que el presidente de la Corte trasladó al auditorio empresarial.
En este punto, Rosatti respaldó la idea de avanzar en una simplificación tributaria, en consonancia con la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei. El argumento es que la seguridad jurídica no se construye congelando las reglas, sino garantizando que los cambios sean producto de acuerdos amplios y transparentes. "La seguridad jurídica es un valor que todos buscamos y está en que nos pongamos de acuerdo cada vez que queremos modificar las reglas, no en que no las modifiquemos", precisó, dejando en claro que la innovación normativa es legítima y necesaria, siempre que nazca del debate democrático y no de la improvisación.
El aborto como caso testigo: cuando la Justicia llega antes que el Congreso
Para ilustrar de forma concreta el problema de la secuencia institucional invertida, Rosatti eligió uno de los temas más sensibles de la agenda pública reciente: el acceso al aborto. Señaló que, en ese caso, fue la Justicia quien se pronunció primero, antes de que el Poder Legislativo sancionara la ley que finalmente regularía la cuestión. "Primero vino un fallo de la Corte, después vino la ley. La secuencia debería ser: primero debatimos, votamos, sale la ley y después la aplica el juez", explicó. El ejemplo no fue elegido al azar: se trata de un asunto donde el debate social fue intenso, las posiciones encontradas y el consenso difícil de construir. Precisamente por eso, la Justicia ocupó un espacio que, según Rosatti, no le correspondía ocupar en primer término. Cuando los canales políticos fallan, los tribunales absorben la presión. Pero ese no es su rol constitucional primario, y ejercerlo como tal tiene consecuencias sobre la legitimidad del propio sistema judicial.
La propuesta de fondo que planteó el presidente de la Corte apunta a revitalizar el rol del Poder Legislativo como ámbito natural de resolución de los grandes debates nacionales. Más y mejor negociación parlamentaria, acuerdos que trasciendan las fronteras de un gobierno o de una fuerza política particular, políticas de Estado capaces de mantenerse en el tiempo independientemente de quién ocupe el Ejecutivo. "Las reglas de juego son importantes y tiene que haber un consenso en la sociedad", afirmó, reclamando implícitamente una madurez política que, históricamente, la Argentina ha tenido dificultades para sostener más allá de las coyunturas favorables.
Además de todo lo anterior, Rosatti introdujo un elemento que suele estar ausente en los discursos judiciales: la cuestión monetaria y su anclaje constitucional. Argumentó que la emisión descontrolada de moneda no es solo un problema económico sino también una violación al espíritu de la Constitución Nacional, que impone al Estado la obligación de mantener una relación razonable entre la base monetaria y las reservas. "Es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda", sostuvo, y cerró con una afirmación que resume toda su intervención: "La Constitución está por encima de todos nosotros". No es un dato menor que el presidente del Máximo Tribunal haya elegido el ámbito empresarial para hacer ese recordatorio.
Las palabras de Rosatti abren, al menos, tres líneas de lectura posible. Por un lado, pueden interpretarse como un llamado genuino a la clase política para que retome sus responsabilidades y deje de delegar en los jueces decisiones que son esencialmente políticas. Por otro, pueden leerse como una señal hacia el sector privado: sin estabilidad institucional, no hay inversión que resista, y esa estabilidad depende de que cada poder del Estado cumpla su función sin invadir la del otro. Finalmente, algunos analistas podrían ver en estas declaraciones una advertencia implícita sobre los límites de cualquier programa de transformación económica que no construya consensos suficientes antes de implementarse. Los tres enfoques son compatibles entre sí, y los tres apuntan al mismo diagnóstico: en Argentina, el cortocircuito entre la política y la institucionalidad sigue siendo una de las principales hipotecas sobre el futuro.
