La Argentina enfrenta una encrucijada compleja donde los números económicos comienzan a revelar una realidad más áspera de lo que los anuncios oficiales sugieren. Mientras el Gobierno intenta avanzar con su agenda legislativa en materia de reforma electoral y presupuestaria, el mercado laboral muestra señales de deterioro que trascienden los comunicados de prensa. Esta fotografía económica dual genera tensiones internas en la coalición gobernante y abre interrogantes sobre la viabilidad de los supuestos que respaldan las proyecciones oficiales para los próximos ejercicios fiscales. Lo que ocurre en estos días no es simplemente un ajuste técnico de números: representa una batalla silenciosa entre la estabilización macroeconómica y el costo social de esa estabilización.
El desmoronamiento del empleo privado registrado
Durante los primeros seis meses de este año, la economía argentina experimentó el cierre de 8.734 empresas y unidades productivas. Esa cifra, revelada por la Secretaría de Trabajo, no es un número abstracto: representa establecimientos que dejaron de funcionar, familias sin ingresos y un tejido productivo que se contrae. Simultáneamente, el país perdió 136.410 puestos de trabajo registrados, aquellos que cuentan con beneficios sociales, aportes jubilatorios y cierta estabilidad contractual. Para compensar esta caída, creció la cantidad de monotributistas, esa categoría donde conviven emprendedores genuinos con trabajadores que simplemente busaban sobrevivir sin protección laboral.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares profundizan este panorama desolador. El país acumula 100.000 desocupados adicionales en comparación con períodos anteriores, elevando la tasa de desempleo al 7,9 por ciento, lo que significa aproximadamente 1,8 millones de personas sin empleo. Este incremento no se distribuye de manera uniforme geográficamente. Gran Córdoba, considerada bastión electoral del oficialismo, experimentó un aumento de la desocupación. Lo mismo sucedió en Gran Santa Fe y en el conurbano bonaerense, zonas históricamente vinculadas a la industria manufacturera. En contraste, Neuquén—provincia donde convergen el petróleo y cierta dinámica económica propia—mantiene niveles de desocupación del 3,2 por ciento, sustancialmente menores.
La informalidad laboral creció al 45 por ciento, superando el 42,6 por ciento registrado hace menos de un año. Esto significa que casi la mitad de los ocupados carece de protección social, obra social o estabilidad contractual. La tasa de ocupación, por su parte, creció levemente del 44,5 al 45 por ciento, pero ese crecimiento esconde una trampa definitoria: en Argentina se considera ocupado a quien trabaja "al menos una hora" en la semana de referencia. Un dato que relativiza cualquier optimismo sobre la recuperación del empleo.
La industria en caída libre y la concentración de ganancias en sectores específicos
El sector manufacturero, columna vertebral de la actividad económica durante décadas, mostró señales de deterioro persistente. En julio, el uso de la capacidad instalada cayó al 58,2 por ciento, una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a junio. Aunque este dato se sitúa en un punto medio entre niveles más altos de hace meses y más bajos de fin de año anterior, la tendencia es inequívoca: las fábricas no funcionan a plena capacidad, sus máquinas permanecen ociosas y sus trabajadores fuera de la nómina.
El informe de avance del Producto Bruto Interno revelado recientemente permite completar un cuadro de ganadores y perdedores muy definido. En lo que va del año, la economía acumula un crecimiento del 2,2 por ciento, aunque en el tercer trimestre se desaceleró. Los sectores ganadores son puntuales: la pesca creció 44,7 por ciento; la minería avanzó 16,4 por ciento; y el agro se expandió 6,9 por ciento. Estos tres rubros—altamente dependientes de las exportaciones de commodities y con poca capacidad de generar empleo masivo—traccionan los números agregados. Los perdedores son más amplios: el comercio mayorista y minorista permanece estancado en 0 por ciento, mientras que la industria manufacturera retrocede 2,1 por ciento. Esta estructura de ganancias y pérdidas genera un país de dos velocidades donde ciertas provincias y sectores prosperan mientras el corazón industrial se debilita.
El presupuesto como apuesta y sus supuestos cuestionables
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, presentado en este contexto, revela una intención del Gobierno de ser más realista que sus estimaciones previas, pero también expone supuestos económicos que varios analistas consideran optimistas. El documento proyecta un crecimiento para 2027 del 4 por ciento, cifra que supera los cálculos de prácticamente todos los economistas consultados independientemente. Para la inflación, estima un 18 por ciento anual, significativamente inferior al 32 por ciento con el que cerrará 2026. Este salto implicaría alcanzar una inflación mensual promedio de 1,4 por ciento, un objetivo ambicioso en un país donde los precios relativos siguen ajustándose.
La estabilidad inflacionaria que el documento presupone es frágil. La inflación mayorista cerró julio en el celebrado 0,8 por ciento, pero repuntó a 2,1 por ciento en agosto por el alza internacional del petróleo. Esta volatilidad refleja una economía vulnerable a shocks externos y a dinámicas de precios que no terminan de consolidarse. El Gobierno necesita que varias piezas encajen simultáneamente: que la inflación minorista baje de manera sostenida, que la mayorista se recomponga, que no haya sorpresas electorales que disparen expectativas de devaluación y que los salarios reales recuperen poder adquisitivo después de perder el 3 por ciento en lo que va del año.
El presupuesto promete que para 2027 los salarios crecerán 25,4 por ciento y superarán la inflación. Pero la pregunta que los economistas se hacen es otra: ¿será ese el dato real en septiembre de 2027, el mes previo a las elecciones presidenciales? Porque ese será el número que los votantes tendrán en mente. El documento prevé terminar 2027 con un superávit primario de 1,3 por ciento del PBI y un excedente financiero de 0,2 por ciento, ambos menores a los proyectados para 2026. La presión por mantener los números fiscales impone decisiones difíciles que generan fricciones políticas.
El conflicto silencioso por universidades y discapacidad
La redacción del presupuesto generó una crisis política interna que reveló grietas en la coalición gobernante. La sección dedicada a universidades propone asignar 7,3 billones de pesos cuando el sector solicita 11 billones. El recorte implícito del 33 por ciento desata debates sobre la viabilidad de mantener la calidad educativa y los salarios docentes. El argumento oficial esgrime necesidad: el superávit financiero se aproxima a cero y la recaudación no repunta como esperado, por lo que los ajustes son inevitables. Las universidades, sin embargo, argumentan que ese recorte compromete su funcionamiento.
La situación en la cartera de Discapacidad es distinta y más reveladora. El tema tiene prácticamente nulo impacto presupuestario: ajustar o ampliar fondos en esa área no modifica sustancialmente los números fiscales. Fue precisamente por eso que Patricia Bullrich reaccionó con dureza cuando se enteró de que el Ministerio de Economía había descartado compromisos que ella había tejido con bloques opositores. Bullrich interpreló la decisión no como un ajuste económico, sino como un golpe político. Consideró que fue debilitada como jefa de bloque, que la dejaron expuesta ante sus interlocutores y que la decisión fue deliberadamente política. Cuando afirmó que fue "una bomba atómica", estaba expresando que la víctima de esa explosión había sido ella misma.
El conflicto tuvo consecuencias concretas. El Gobierno anunció que revisaría el capítulo de Discapacidad y retomará negociaciones previas. Analiza refuerzos de fondos y modificaciones al esquema propuesto, mientras intenta evitar la prórroga de la emergencia durante 2027. El episodio ilustra tensiones dentro de la coalición gobernante: no todos los funcionarios alinean automáticamente con la agenda económica ortodoxa, y ciertos temas generan resistencias políticas que trascienden los números.
El escenario externo y las limitaciones de la política económica doméstica
La Reserva Federal norteamericana subió la tasa de interés por primera vez en tres años, movimiento que busca anclar la inflación estadounidense en el 2 por ciento cuando actualmente ronda el 3,4 por ciento interanual. Esa decisión enfriará la economía norteamericana y tiene correlatos inmediatos para Argentina. Aleja la posibilidad de que el país vuelva a los mercados internacionales de crédito en condiciones favorables, a pesar de que el Gobierno solicitó autorización en el presupuesto para endeudarse por 34.000 millones de dólares. Simultáneamente, fortalece al dólar, la moneda que el Gobierno utiliza como ancla para bajar la inflación interna e inducir caídas de precios en commodities.
Este contexto externo limita las opciones de política económica doméstica. El Gobierno no puede ignorar lo que ocurre en los mercados globales, las tasas internacionales ni las expectativas de inversores externos. Esa restricción explica parcialmente por qué Milei insiste en que "el rumbo no es negociable": está convencido de que mantener la ortodoxia fiscal y monetaria es el único camino para transformar la matriz productiva del país, aun cuando el costo sea alto. La motosierra, su principal símbolo de gestión, sigue presente en la mesa de trabajo presidencial como recordatorio de que los ajustes continuarán.
Las provincias entre el crecimiento y la mora crediticia
Los datos sobre mora crediticia revelan otra complejidad territorial. A nivel nacional, 26,6 por ciento de los deudores no pagan sus obligaciones. Pero en las provincias donde se concentra el crecimiento por efecto del petróleo y la minería, la mora no es sustancialmente menor. San Juan registra 35,6 por ciento de moradores; Salta, 31 por ciento; Neuquén, 23,6 por ciento. Estos números sugieren que incluso donde hay ganancias económicas reales, existe fragilidad crediticia. Los gobiernos provinciales enfrentan limitaciones presupuestarias, los consumidores cargan deudas acumuladas de años anteriores, y las instituciones financieras mantienen carteras problemáticas. El crecimiento no se traduce automáticamente en mejora del acceso al crédito ni en alivio de la deuda.
Los gobernadores aliados, reunidos separadamente con Diego Santilli, confirmaron que Milei cumplió avanzando con el acuerdo sobre zonas frías y cálidas—beneficios tributarios para esas regiones—. Pero, según sus testimonios, no trataron el tema de fondo que preocupa al Ejecutivo: la suspensión o derogación de las PASO. Los gobernadores parecen más interesados en extraer recursos y beneficios que en acelerar una reforma electoral que podría beneficiar al Presidente pero no necesariamente a sus propias estructuras políticas.
Reflexiones sobre lo que viene
La convergencia de estos procesos económicos, políticos y electorales abre múltiples escenarios posibles. Si el Gobierno logra consolidar la estabilidad inflacionaria y los salarios reales recuperan poder adquisitivo, existe potencial para que la gestión reciba respaldo electoral. Una encuesta reciente de Lucas Romero indica que 54 por ciento de los argentinos opina que el país está peor este año, pero ese número desciende al 48 por ciento cuando se pregunta por expectativas para el próximo ejercicio. El 15 por ciento de indecisos es suficiente para inclinar un resultado final. Si el Gobierno logra derogar las PASO y competir en primera vuelta, multiplica sus chances de reelección.
Sin embargo, existen riesgos significativos. El empleo registrado sigue cayendo; la informalidad crece; la industria se debilita; el escenario externo se endurece. El presupuesto supone alcanzar metas de crecimiento y estabilidad inflacionaria que muchos observadores consideran difíciles. Las tensiones dentro de la coalición gobernante—evidentes en el episodio de Bullrich—sugieren que la unidad política podría fracturarse bajo presión. Las provincias mantienen demandas que el Gobierno difícilmente pueda satisfacer sin afectar sus objetivos fiscales. La economía argentina, históricamente volátil, podría sorprender en cualquier dirección. Los próximos meses serán determinantes para establecer si la estrategia económica actual produce los resultados que sus promotores predicen o si nuevos ajustes resultan necesarios.
