Los relojes políticos argentinos se adelantaron. Cuando todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el país ya vibra con ritmo de campaña. Las definiciones sobre candidaturas recién llegarán hacia mediados de año, pero la aceleración es palpable: la Casa Rosada intenta frenar los tiempos mientras Javier Milei se desata con críticas incendiarias que alimentan la polarización. Lo paradójico es que esta prisa electoral no responde a una estrategia deliberada del Gobierno, sino a la urgencia de los actores políticos por buscar alianzas defensivas frente a los números que arroja la economía real. En Argentina, como ha ocurrido históricamente, política y economía no son compartimentos estancos sino engranajes de una misma maquinaria que ahora chirría.
El economista Luis Caputo anticipó semanas atrás que durante 2025 la actividad económica podría desplazar la atención de los temas electorales. Ocurrió lo opuesto. Los indicadores de desempeño económico son precisamente lo que catapultó la anticipación del juego político. La tasa de desocupación subió, pero más preocupante aún es que la mayor parte de los nuevos empleos corresponden al sector informal. El trabajo no registrado alcanza el 45 por ciento de la ocupación total. Simultáneamente, la pobreza trepó hasta el 32 por ciento, fenómeno particularmente grave porque incluye a personas que poseen un empleo. En el ramo de la construcción, actividad históricamente sensible al ciclo económico argentino, el empleo retrocedió 1,1 por ciento, quebrando una racha positiva de quince meses consecutivos. La industria manufacturera acumula una contracción interanual del 5,7 por ciento, aunque entre julio y agosto mostró cierta estabilización. El consumo masivo, termómetro confiable del bienestar de la población, decreció 1,1 por ciento. Estos guarismos no son cifras abstractas: representan hogares que ajustan gastos, empresarios que congelan planes, trabajadores que ven esfumarse esperanzas.
El fantasma de la recesión en Wall Street y París
Mientras en Buenos Aires se debaten agendas legislativas, en los mercados financieros internacionales crece la inquietud. Los bancos de inversión más prestigiosos del planeta advirtieron a sus clientes sobre la posibilidad de que Argentina ingrese en una recesión técnica, es decir, que la economía se contraiga durante seis meses consecutivos. La actividad cayó 2,9 por ciento en julio. Consultoras locales señalan una leve recuperación en agosto, pero los números oficiales del trimestre recién se conocerán en noviembre. Incluso si el país cerrara el año con un crecimiento del PBI entre 1,5 y 2 por ciento, no está garantizado que estos dos meses basten para revertir el signo negativo del período. La inflación, ese demonio que gobernó la política económica argentina durante décadas, sigue mostrando inercia: en septiembre se ubicó cerca del 1,7 por ciento, y algunas consultoras proyectan alcanzar el 1,9 por ciento, sin lograr descender hacia la meta del uno por ciento.
Lo que más alarma a los operadores financieros internacionales es un interrogante específico: ¿podrá el Gobierno de Milei enfrentar el montaña de vencimientos de deuda que se aproximan en 2027? La respuesta oficial es afirmativa. Caputo ha insistido en que el modelo genera dólares, que las exportaciones alcanzarán los 100.000 millones de dólares este año y escalarán a 180.000 millones en 2031, y que no existe riesgo de devaluación. Sin embargo, los banqueros desconfían. Para cerrar la brecha entre lo que el Gobierno afirma y lo que el mercado teme, Milei recurrió a un lenguaje belicoso. En su presentación ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, anunció que dispone de una "bazuka de dólares" para contrarrestar intentos desestabilizadores. El índice de riesgo país llegó a 650 puntos, tras escalar 19 por ciento durante septiembre. Es el termómetro del miedo: expresa la apreciación de los inversores sobre la probabilidad de que Argentina no pague sus compromisos.
Señales de debilidad en el frente de las reservas
Un dato adicional alimenta las preocupaciones: el Banco Central desaceleró su ritmo de compra de divisas. En septiembre adquirió 473 millones de dólares, una cifra 40 por ciento inferior a la registrada en agosto. Este cambio de ritmo en la acumulación de reservas, aunque la Casa Rosada lo presente como resultado de un mercado normalizado, genera inquietud sobre la disponibilidad de dólares frescos. Los inversores desembolsan recursos en moneda extranjera para aplicaciones en bonos ligados al dólar, pero se deshacen de los títulos que vencen en 2028 y 2029. Las empresas manufactureras retrasan sus decisiones sobre nuevas inversiones porque carecen de confianza en el horizonte próximo. Las personas, por su parte, han protagonizado una fuga de capitales por consumo: durante julio compraron 3.300 millones de dólares y en agosto lo hicieron con 2.800 millones, parte de los cuales permanecen atesorados en cajas de seguridad, se envían al exterior o se destinan a pagar consumos en moneda extranjera. Esta conducta masiva de cobertura individual contra la devaluación revela que el mensaje de confianza del Gobierno no permea en la población.
Caputo se mostró ofensivo respecto de quienes proponen una devaluación, catalogándolos como "momias" que desean retornar a una Argentina de economía cerrada, salarios empobrecidos y precios subsidiados. Sin embargo, la realidad es que amplios sectores del tejido productivo y financiero están protegiéndose de escenarios futuros desfavorables. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, concluyó su revisión de los números económicos y a través de su portavoz pidió explícitamente que el crecimiento no se concentre en energía, agricultura y minería, sino que se distribuya de forma más equitativa hacia el resto de la economía. El organismo internacionaliza su preocupación por la sustentabilidad del modelo: crecer en ciertos enclaves no alcanza para sostener la viabilidad política de un programa.
El dilema de la distribución y las inversiones anunciadas
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura visible del oficialismo, resonó con la inquietud del FMI. Afirmó que no es posible mantener ciertos sectores en expansión mientras que el comercio y la industria se contraen, e intentó tender un puente entre la Argentina próspera del litio, el petróleo y los granos y la Argentina industrial del área metropolitana que requiere reubicarse. Milei, por el contrario, confía en que los sectores más dinámicos generen derrames naturales de empleo e inversión hacia el resto de la estructura productiva. El optimismo presidencial se sustenta en los anuncios de inversión extranjera. Toyota prevé una inversión de 1.350 millones de dólares para producir camionetas híbridas destinadas parcialmente a la exportación. Total Energies anunció 10.000 millones de dólares adicionales en petróleo y gas. Pan American Energy avanza con nuevas inversiones en Chubut. Eramet amplió su compromiso en litio con 350 millones de dólares más en Salta. Todos estos proyectos fueron incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, mecanismo que otorga beneficios impositivos y aduaneros. Milei aseguró que 2028 será "el mejor año de la historia argentina", cifra que ilustra tanto la confianza presidencial como la apuesta electoral implícita.
La oposición, mientras tanto, supo instalar una agenda alternativa con éxito. Logró posicionar la fragilidad económica como tema central y cuestionó la incapacidad del Gobierno para contener a los sectores sociales más vulnerables. Fijó la mira en deudores morosos, personas con discapacidad y trabajadores desempleados o precarizados: la Argentina que no llega a fin de mes, que contrasta con la Argentina petrolera y minera del mapa oficial. Forzó un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados sobre el tema de la morosidad, logrando instalar una propuesta de emergencia y refinanciamiento que el Gobierno rechaza por considerarla incompatible con el equilibrio fiscal. Además, consiguió un tema de resonancia política: el debate sobre la venta de tierras a extranjeros. Una normativa del kirchnerismo había limitado esa operación; el decreto que anuló esa restricción fue impugnado ante la Corte Suprema, que rechazó la demanda. La oposición busca recrear el escenario de fines de 2024, cuando presionó con suficiente fuerza para que se sancionen leyes sobre discapacidad y financiamiento universitario que el Gobierno rechazó. Solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el propósito de derogar nuevamente la norma sobre venta de tierras y avanzar con discapacidad y morosidad.
Hacia 2027: incertidumbre compartida
El escenario que se despliega combina movimientos contradictorios. Por un lado, el Gobierno insiste en que el modelo genera crecimiento y dólares, y busca demostrar que cuenta con los instrumentos para enfrentar turbulencias. Por otro, los inversores internacionales dudan y se protegen. La oposición intenta convertir la fragilidad económica en capital político, mientras que sectores productivos clave reducen sus expectativas. El interrogante de fondo es si una Argentina que crece en energía y minería, pero que contrae en industria y construcción, que genera empleo informal más que formal, y cuya población se cubre contra la devaluación comprando dólares, tiene las bases para sostener un modelo político durante los próximos dos años o, alternativamente, si la fatiga económica erosionará el apoyo electoral actual y abrirá puertas a giros de política más radicales. Si Milei no gana las elecciones de 2027, existe riesgo de que el modelo económico sea objeto de revisiones sustanciales, un escenario que agrega volatilidad a las decisiones de inversión y consumo de hoy. Si las gana, la pregunta será si logrará expandir el crecimiento hacia sectores que hoy se contraen, o si profundizará la especialización en extractivos, generando una estructura económica más concentrada. Los hechos económicos de los próximos meses, no las promesas electorales, determinarán hacia dónde se inclina la balanza.
