Una ciudad dividida entre la teoría y la realidad

La paradoja es casi cinematográfica. Mientras en las salas climatizadas de un hotel de lujo se debatía el futuro económico de un país, en las calles adyacentes de Mar del Plata se vivía una realidad completamente distinta. La brecha entre lo que se discute en los grandes foros empresariales y lo que experimenta día a día la ciudadanía común es, quizás, una de las constantes más persistentes de la política argentina. En esta ocasión, sin embargo, esa brecha no pasó desapercibida. Lo que comenzó como una conversación privada entre ejecutivos terminó convirtiéndose en una pregunta pública incómoda: ¿quién gobierna realmente Mar del Plata? Esta interrogante, formulada por más de treinta organizaciones empresariales, sindicatos y colegios profesionales, trasciende la mera inquietud sobre seguridad. Refleja una fractura más profunda en la estructura de poder municipal, precisamente cuando la ciudad se acerca a su temporada de mayor visibilidad y movimiento económico. Los hechos que detonaron esta crisis son contundentes, medibles y preocupantes: en el primer semestre del año se registraron 25 homicidios dolosos, comparado con 17 en el mismo período del año anterior, representando un aumento próximo al 47%. Más allá de los números fríos, existe una sensación palpable de deterioro que está modificando comportamientos empresariales y patrones de vida cotidiana.

La situación de inseguridad no se limita a cifras estadísticas abstractas. Sus efectos son inmediatos y tangibles en la economía local. Negocios que nunca habían considerado modificar sus horarios ahora se ven obligados a cerrar antes de lo acostumbrado. Empresarios que realizaban sus actividades normales ahora toman decisiones defensivas basadas en la protección de sus trabajadores. En el segundo trimestre se reportaron 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, lo que representa un incremento del 31% respecto a los tres meses anteriores. Estos no son simples delitos; son síntomas de una descomposición social que afecta directamente la calidad de vida y la viabilidad de emprendimientos. Un pequeño empresario, cuyo laboratorio funcionaba sin inconvenientes desde hacía años, tuvo que replantear completamente su operatoria. A pesar de que su establecimiento nunca había sido asaltado y que los instrumentos que utiliza tienen poco valor en el mercado negro, decidió acelerar el cierre diario. Su razón era simple pero devastadora: la preocupación por la seguridad de sus empleados durante el regreso al hogar. Este tipo de decisiones, multiplicadas por docenas o cientos de emprendimientos, generan un efecto cascada que deteriora el tejido económico local.

El vacío de poder y sus consecuencias administrativas

Detrás de la crisis de seguridad existe un problema de orden político que los empresarios identificaron con precisión quirúrgica. Guillermo Montenegro fue reelegido intendente en las elecciones de 2023, pero poco después solicitó una licencia para asumir su cargo como senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral. La decisión fue calculada: no renunció a la intendencia, simplemente se ausentó. Esta maniobra dejó al frente de la gestión municipal a Agustín Neme, quien intentó imprimirle una orientación propia a la administración. Sin embargo, la herencia administrativa que recibió no era precisamente desahogada. Los tres últimos ejercicios presupuestarios de la gestión de Montenegro cerraron con números rojos. Solo en 2025, el déficit financiero consolidado alcanzó los $16.268 millones. En este contexto de estrechez fiscal, Neme debió presentar un presupuesto de casi $522.000 millones que tardó cuatro prórrogas en ser aprobado, un indicador más del conflicto y la incertidumbre que rodea las decisiones municipales.

La pregunta que formularon los empresarios adquirió entonces un significado más profundo. No se trataba solamente de saber quién estaba al frente de los temas de seguridad, sino de identificar dónde radicaba realmente la autoridad para tomar decisiones. ¿Gobernaba Neme con total autonomía o Montenegro seguía ejerciendo influencia desde el Senado? ¿Existía una conducción clara o se trataba de una estructura de poder ambigua donde nadie tenía verdadera responsabilidad? El documento presentado por las organizaciones empresariales fue explícito en este punto: si Neme governaba, debía tener autoridad plena; si Montenegro retenía influencia, eso debía ser público y transparente. La falta de claridad es, en política, un factor de desestabilización que genera desconfianza. Y la desconfianza, en economías como la de un municipio que depende de la actividad estacional del turismo, es un lujo que no se puede permitir.

Desde el Gobierno provincial, las acusaciones fueron directas. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, señaló que Montenegro había dejado "el municipio en banda". Luego fue más allá: "No hay gobierno en Mar del Plata". Esta afirmación, pronunciada desde el nivel provincial, no era un comentario casual. Reflejaba una evaluación oficial sobre la calidad de la administración municipal. El hecho de que una autoridad provincial dijera públicamente que no existe gobierno en un municipio es, en sí mismo, un síntoma de crisis institucional. Implica que desde la Provincia se considera que la gestión local carece de efectividad en sus funciones básicas, particularmente en seguridad, que es responsabilidad compartida entre ambos niveles de gobierno.

El anuncio velado y los movimientos detrás de escenas

Durante el Coloquio de IDEA, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional, realizó declaraciones que generaron expectativa. Describió la situación de Mar del Plata como "una crisis de seguridad muy fuerte" donde los ciudadanos estaban "indefensos". No fue una crítica pasajera: dejó entrever que había conversaciones en marcha con la ministra de Seguridad provincial, Alejandra Monteoliva, y que se estaba considerando un "desembarco" de fuerzas federales de cara al verano. Sin embargo, Bullrich fue estratégica en su comunicación: no quiso formalizar ella misma el anuncio, diciendo que "no me corresponde". Esta reserva sugiere negociaciones aún en curso o una intención de atribuir crédito a otros actores. El anuncio de fuerzas federales en una ciudad costera que está próxima a recibir cientos de miles de visitantes durante el verano no es un tema menor. Implica despliegue de recursos, coordinación entre jurisdicciones, y un mensaje político sobre dónde se encuentran las prioridades del Gobierno nacional.

Paralelamente, comenzó a circular información sobre un posible retorno de Montenegro a la intendencia. Según conversaciones en círculos políticos locales, la posibilidad de que el senador retome personalmente la gestión municipal había ganado fuerza considerablemente en las últimas semanas. Esto no requeriría una nueva elección: Montenegro conserva la posibilidad de regreso porque nunca renunció formalmente al cargo, solo solicitó licencia. Su regreso sería un acto administrativo, no un evento electoral. Fuentes cercanas indicaron que este retorno podría ser "inminente", con algunos mencionando "los próximos días" como período probable. Lo interesante es que Montenegro ha mantenido un silencio estratégico absoluto. No ha confirmado públicamente su regreso, pero tampoco lo ha descartado. Este mutismo, en política, es a menudo más elocuente que cualquier declaración. Sugiere que las negociaciones están en una fase delicada y que la comunicación se realiza a través de canales privados, no de la opinión pública.

La convergencia de estos elementos crea un escenario complejo. La inseguridad aceleró las conversaciones sobre el regreso de Montenegro, y en esas mismas conversaciones aparece un "fuerte acompañamiento del Gobierno nacional", según información disponible. Esto implica que el retorno del intendente licenciado no sería una iniciativa aislada de la política local, sino parte de un acuerdo más amplio que involucra al nivel nacional. El Gobierno de Javier Milei aparentemente está dispuesto a apoyar a Montenegro porque considera que es la forma más efectiva de restaurar la gobernabilidad y de implementar las medidas de seguridad que se avecinan. Es una apuesta de eficiencia política: cambiar el comando municipal para poder actuar con mayor celeridad frente a la crisis.

El factor temporal: el verano como límite de tiempo

Mar del Plata no es una ciudad cualquiera durante todo el año. Durante el verano, su población se multiplica dramáticamente. La ciudad costera que alberga alrededor de 600.000 residentes permanentes puede recibir entre 2 y 3 millones de visitantes durante la temporada estival. Este volumen de población temporal genera oportunidades económicas enormes, pero también multiplicadores de problemas. Una crisis de seguridad que es preocupante en invierno se convierte en un asunto de repercusión nacional durante el verano. Cada incidente violento, cada robo a turistas, cada enfrentamiento entre bandas criminales puede ser amplificado por los medios y difundido en redes sociales, generando una narrativa de caos que daña la imagen de la ciudad y desalienta el turismo. Para un municipio cuya economía depende en buena medida de esta actividad estacional, un verano con reputación de inseguridad es catastrófico.

Por eso el timing es crítico. No es coincidencia que la crisis de seguridad haya escalado precisamente en los meses previos a la temporada. Tampoco es casual que los empresarios hayan elevado sus reclamos justo en el momento del Coloquio de IDEA, cuando hay máxima visibilidad mediática sobre la ciudad. Y es significativo que Bullrich haya anunciado fuerzas federales "de cara al verano". El calendario está marcando un punto de inflexión. Los próximos meses determinarán si la ciudad logra recuperar una apariencia de orden o si ingresa a la temporada estival en medio de una crisis abierta de gobernabilidad. Llegar a estas fechas con una sucesión de hechos violentos documentados, con una discusión pública sobre quién realmente ejerce el poder, y con tensiones políticas sin resolver, tiene un costo que excede lo meramente político: afecta la seguridad de residentes y visitantes, la viabilidad de negocios, y la reputación de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Escenarios y consecuencias del cambio de mando

Lo que ocurra en los próximos días en Mar del Plata tendrá implicancias que trascenderán los límites del municipio. Si Montenegro efectivamente retorna a la intendencia, la decisión implicará reconocer que la estructura de gobernanza actual no es viable y que se requiere un cambio de liderazgo para enfrentar la crisis. Esto tiene lecturas diferentes según la perspectiva: para algunos, es una corrección necesaria ante una situación insostenible; para otros, es un fracaso de Neme en consolidar su autoridad; y para un tercer grupo, es una evidencia de que nunca hubo una verdadera intención de permitir que el intendente interino gobernara autónomamente. El retorno de Montenegro también condicionará la relación entre el municipio y la Provincia. Si ocurre con apoyo explícito del Gobierno nacional, podría generar dinámicas de mayor coordinación en seguridad. Pero también podría generar tensiones si Bianco o el Gobierno provincial ven el movimiento como una usurpación de su autoridad sobre municipios bonaerenses. En el campo de la seguridad específicamente, el anuncio de fuerzas federales es un factor que complicará aún más la ecuación. Los operativos de seguridad conjunta requieren articulación clara entre nivel nacional, provincial y municipal, y prescindir de cualquiera de estos actores reduce la efectividad. El silencio de Montenegro, en este contexto, es también una forma de negociación donde el próximo intendente buscará asegurar que tendrá las herramientas y los apoyos suficientes para actuar.