Diez meses transcurrieron sin que exista claridad sobre cuál será el tribunal competente para investigar uno de los casos más complejos relacionados con la administración de fondos en el fútbol argentino. Lo que comenzó como una denuncia sobre supuesto lavado de dinero vinculado a la dirigencia de la AFA se ha convertido en un verdadero periplo por los pasillos de la justicia federal, donde cada resolución genera nuevas disputas y cada fallo parece alejarse más de una investigación definitiva. La mansión de Pilar valuada en 25 millones de dólares, que reúne bajo un mismo predio una colección de vehículos de lujo, caballos árabes, un helipuerto y todas las comodidades que caracterizan a las propiedades de élite, se ha convertido en el símbolo de una investigación que languidece mientras los acusados avanzan en sus estrategias de defensa. Lo que importa aquí no es solo quién será juzgado, sino dónde y por quién; porque el juzgado que finalmente tome este caso se convertirá de facto en el tribunal de la AFA, absorbiendo todas las causas conexas de fraude y desvío de fondos que involucran a la cúpula directiva de la confederación.
El inicio: una denuncia que apuntaba al corazón de la dirigencia
Fue el 1 de diciembre de 2025 cuando tres dirigentes de la Coalición Cívica—Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe—presentaron la denuncia original que iniciaría este largo proceso. Su acusación no era menor: presumían lavado de dinero en la operación que permitió la compra y operación de la quinta ubicada en Villa Rosa. Sin embargo, los presuntos titulares del inmueble sobre el papel eran Luciano Pantano, un exdirigente de futsal, y su madre Ana Conte, una jubilada. Sus perfiles económicos contrastaban de manera abismal con la magnitud de los activos allí concentrados.
La sospecha de los denunciantes radicaba en que ambas personas actuaban como testaferros, interponiendo sus nombres para ocultar la verdadera procedencia de los fondos y los auténticos beneficiarios de la operación. Cuando la policía científica realizó el allanamiento de la propiedad, los investigadores encontraron elementos que vinculaban directamente el lugar con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA: un cuadro que lo mostraba junto a su padre, un bolso con sus pertenencias, botellas de whisky con sus iniciales, fotografías personales y, lo más revelador, las cédulas azules que habilitaban a conducir varios de los vehículos hallados en el galpón. Dentro del predio funcionaba todo un universo de lujos: canchas de fútbol, un haras con caballos de raza, un helipuerto, gimnasio, construcciones anexas para residencia, espacios de esparcimiento con quincho y parrilla, y un galpón que albergaba 54 automóviles de alta gama, algunos clásicos de colección y otros deportivos de última generación.
La complejidad de la operación: una red internacional de intermediarios
A medida que la investigación avanzaba, emergía un esquema de proporciones internacionales. Según los datos reunidos por la fiscalía, entre 2021 y 2025 habría operado una red compleja de intermediarios financieros que canalizaba recursos fuera del circuito bancario argentino, aprovechando la vigencia del cepo cambiario y cobrando comisiones extraordinarias del 30 por ciento. La hipótesis fiscal sostiene que los ingresos lícitos de la AFA—provenientes de derechos de televisión, patrocinios internacionales y derechos comerciales vinculados a la Selección Nacional—fueron desviados hacia cuentas bancarias offshore ubicadas en paraísos fiscales, para luego ser remitidos nuevamente al país de forma ilegal, transformando su origen y ocultando su procedencia.
La ruta de los fondos, según lo que se investiga, pasaba por Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro), Q22 Services Limited (segundo intermediario), Stratega Consulting USA LLC (tercera intermediaria, con sede matriz en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (operador desde diciembre de 2021). Desde allí, los fondos habrían fluido hacia sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, presuntamente sin actividad económica real ni empleados. La quinta de Pilar fue comprada el 30 de abril de 2025, apenas meses después de iniciarse formalmente este esquema de circulación de capitales. Pero no fue la única adquisición: también se investiga la compra de unidades en el barrio privado Ayres Plaza, la adquisición de los 54 vehículos y la compra de caballos árabes de valor significativo, todos utilizados como mecanismos para blanquear dinero.
El laberinto jurisdiccional: cuando la competencia se convierte en arma
Lo que sucedió después ilustra de manera casi didáctica cómo el sistema judicial puede, sin intención declarada pero con efecto real, entorpecer investigaciones. La causa pasó por múltiples jurisdicciones: el juez federal Daniel Rafecas, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, la Cámara en lo Penal Económico, la jueza Verónica Straccia, el juzgado federal de Campana bajo Adrián González Charvay, la Cámara Federal de San Martín y finalmente la Cámara Federal de Casación. En el medio, dos jueces se excusaron: Carlos Mahiques argumentó que tenía otras tareas y no podía ocuparse del expediente, decisión que llegó poco después de que se divulgara que había celebrado su cumpleaños en la propia quinta de Pilar, el mismo inmueble que la causa investigaba. Daniel Petrone también se apartó. Borinsky y Barroetaveña—este último con el antecedente de haber renunciado a un tribunal de la AFA antes de intervenir—conformaron la mayoría en la Sala I de Casación.
El 14 de agosto de 2026, con los votos de Barroetaveña y Borinsky, y en contra del voto de Alejandro Slokar, la Cámara de Casación resolvió el conflicto de competencia a favor de la defensa de Pantano y Conte. La orden fue clara: sacar el expediente del fuero Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladarlo al Juzgado Federal de Campana, donde presidiría González Charvay. Esta decisión fue precisamente lo que los abogados defensores esperaban. No se trató de un accidente procesal: fue el resultado de una argumentación que, desde la perspectiva de la acusación, desconocía la naturaleza integral del delito y su origen.
La controversia que llegará a la Corte: jurisdicción versus verdad material
El fiscal federal Mario Villar no aceptó el resultado. A fines de agosto de 2026 presentó un recurso extraordinario federal cuestionando la resolución de Casación, alegando que el tribunal había incurrido en arbitrariedad. Su planteo iba más allá de tecnicismos procesales: sostenía que la decisión consideraba únicamente el lugar donde se ubicaba físicamente la propiedad, ignorando completamente la complejidad de la hipótesis delictiva que incluía operaciones financieras, desviaciones de fondos, participación de intermediarios y lavado de dinero iniciado en la Ciudad de Buenos Aires. Para Villar, el verdadero núcleo del delito no estaba en Pilar sino en los despachos de la AFA, en las cuentas bancarias, en las decisiones de ejecutivos y dirigentes que ordenaron o permitieron estas transferencias.
El recurso llegó entonces a la Cámara Federal de Casación nuevamente, ahora ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, con plazos perentorios para resolver. Todo indica que la mayoría nuevamente rechazará el planteo del fiscal, lo que lo obligaría a presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Ese es un camino difícil: tradicionalmente, la Corte no interviene en cuestiones de competencia territorial, solo lo hace cuando existe una denegatoria de fuero federal, situación que no se presenta en este caso. Sin embargo, como admiten hasta los propios operadores judiciales, esta causa es tan excepcional y toca intereses tan significativos que existe una posibilidad, aunque reducida, de que el máximo tribunal decida tomarla.
Los investigados: una lista que abarca la dirigencia de la AFA
Mientras el expediente navega por los vericuetos judiciales, la lista de investigados crece y se complejiza. El fiscal Villar ha apuntado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la confederación. Pero también incluye a Dario Fabián Toviggino, hermano del tesorero, vinculado a Soma SRL; Juan Pablo Beacon, de la dirección ejecutiva; María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y extesorera; Leandro Petersen, jefe del área comercial y de marketing; Marcelo Fabián Ramón Saracco, primer operador financiero junto a Toviggino; y Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, pareja vinculada a TourProdEnter LLC. También aparecen Mauro J. Paz, exdirector de la liga femenina, y decenas de sociedades fantasma constituidas en jurisdicciones diversas. Pero lo relevante aquí es que, más allá de los nombres, existe un patrón: intermediarios financieros sin actividad real, constituidos en paraísos fiscales, controlados por personas de escasos recursos económicos residentes en Bariloche—ciudadanos que presumiblemente nunca tuvieron contacto real con estas operaciones internacionales—, todo formando parte de un mecanismo que, si se prueba, representaría uno de los mayores escándalos de desvío de fondos en la historia del fútbol argentino.
Las implicancias de una investigación paralizada
Diez meses sin que se defina la jurisdicción. Una década de gestiones administrativas, movilizaciones de expedientes, escritos recursivos y resoluciones contradictorias. Durante ese tiempo, las pruebas permanecen en archivos, los testigos envejecen, la memoria de los hechos se desvanece. Los acusados mantienen su libertad de movimiento. Las sociedades fantasma siguen en los registros. Los fondos que se presumen desviados ya hace tiempo abandonaron sus rutas originales. No existe certeza sobre qué ocurrirá si la Corte Suprema rechaza intervenir o, inversamente, si decide sorprender a todos tomando el caso. Lo único seguro es que el tribunal que finalmente asuma la investigación cargará con el peso de dirimir no solo quién es dueño de la quinta de Pilar, sino también la naturaleza de todo un sistema de operaciones financieras que involucra a la dirigencia máxima del fútbol argentino.
