La Escuela ORT, una de las instituciones educativas más tradicionales del país con 90 años de trayectoria, se encuentra bajo escrutinio después de haber alojado un acto presidencial que generó profundo malestar en distintos sectores de su comunidad. Lo que comenzó como una iniciativa para conmemorar un aniversario institucional derivó en una crisis de reputación que expone tensiones más amplias sobre los límites entre la actividad política y los espacios educativos. La situación plantea interrogantes sobre el rol que deben jugar las instituciones escolares en contextos de polarización política, y qué responsabilidad les cabe ante los contenidos que se difunden dentro de sus aulas.
El evento ocurrió hace más de veinticuatro horas, pero la institución ha optado por mantener un silencio prácticamente absoluto. Consultada sobre los detalles de lo sucedido, la conducción de la ORT se ha rehusado a emitir declaraciones públicas que permitan aclarar su postura frente a lo ocurrido. Según versiones provenientes de personas con acceso a información institucional, la totalidad de los aspectos relacionados con la visita presidencial —desde los preparativos previos, el desarrollo del evento mismo, hasta las comunicaciones posteriores— quedó bajo la órbita exclusiva de Presidencia de la Nación. Esta decisión operativa, de traspasar completamente la gestión del acto a los equipos gubernamentales, permitió que la escuela se distanciara de cualquier responsabilidad editorial sobre lo expresado en el discurso.
Un discurso que dividió aguas
Durante aproximadamente cuarenta minutos, el Presidente se dirigió a un auditorio colmado de estudiantes, docentes y directivos. Su intervención incluyó referencias a su próximo libro, "La moral como política de Estado", entrelazadas con citas de origen bíblico. El tono general osciló entre críticas dirigidas a la oposición política y ataques contra el trabajo periodístico, con expresiones que generaron aplausos y abucheos entre la audiencia presente. En ningún momento, según registros de lo ocurrido en la sede de Yatay, hubo intervenciones de las autoridades escolares que expresaran objeciones o reparos sobre el contenido o la metodología del discurso. La ausencia de cualquier posicionamiento institucional durante el evento mismo fue interpretada por muchos como una aquiescencia tácita.
Padres de alumnos y exalumnos de la institución no tardaron en manifestar su desacuerdo a través de redes sociales. Las quejas se multiplicaron con rapidez, reflejando una preocupación compartida sobre qué tipo de mensaje se estaba transmitiendo a los estudiantes en espacios que deberían estar orientados hacia la formación crítica y plural. Entre las voces que tomaron postura pública se encontraba Adrián Moscovich, quien ejerció como director de la ORT durante dos décadas. En declaraciones realizadas a través de medios de comunicación, Moscovich expresó su malestar señalando que, si bien él mismo había votado por el actual Presidente, consideraba que la institución educativa no debería ser empleada como plataforma para polarizar al país ni para instigar comportamientos tales como abuchear a representantes de otras actividades profesionales. "La ORT no es el lugar para convocar a abuchear a los periodistas", resumió su posición el exdirector, haciendo énfasis en que profundizar divisiones contradice los valores fundacionales de cualquier comunidad escolar.
La defensa institucional y sus grietas
Cuando se le pidió a la institución que aclarara su postura, fuentes cercanas a la dirección sostuvieron que ni la comunidad educativa, ni la DAIA —organización que representa a las instituciones judías del país—, ni la propia ORT asumen posicionamientos de índole político. Bajo esta lógica, la invitación formulada al Presidente respondería únicamente a su investidura como mandatario democrático y al marco de celebración de los noventa años de existencia de la escuela. Las voces consultadas argumentaron, además, que "se respeta la investidura presidencial, pero no está a nuestro alcance lo que el presidente transmita". Esta afirmación introduce una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto una institución que abre sus puertas a un funcionario público puede desligarse de responsabilidad sobre el contenido que se difunde ante su población estudiantil? La DAIA, por su parte, también se abstuvo de realizar cualquier comunicación pública posterior al discurso. Sin embargo, horas antes del evento, su vicepresidente Gabriel Salem había compartido un video en redes sociales en el cual caracterizaba el encuentro como "una excelente charla enfocada en educación, valores y desarrollo de la juventud". Esta comunicación previa fue catalogada por voceros institucionales como un acto planificado con anticipación, buscando así argumentar que no se trataba de una respuesta al discurso en sí.
En paralelo a las inquietudes expresadas por padres y exautoridades, surgieron acusaciones más específicas vinculadas a operaciones políticas. Moscovich denunció públicamente la circulación de integrantes del círculo presidencial por las dependencias escolares de la ORT, mencionando específicamente a Arlene Fern, vinculada al rabino Sergio Bergman, como parte de lo que caracterizó como una estrategia de intercambio de favores políticos. Según su relato, estos movimientos habrían estado asociados a la postulación de Patricia Holzmann, directora de una institución educativa, como candidata a diputada. Cuando esta acusación fue consultada a personas cercanas a Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Ciudad, y a la propia Holzmann, ambas negaron categóricamente los hechos alegados. Sostuvieron que la selección de Holzmann como candidata fue resultado de una relación personal de larga data entre ella y Ramírez, sin que mediar influencias de rabinos ni acuerdos implícitos. La cronología presentada sitúa la visita de Ramírez al colegio Arlene Fern recién en junio de 2026, posteriormente a los comicios de octubre en los que Holzmann resultó elegida.
El diputado de la bancada de izquierda Gabriel Solano llevó el conflicto a un terreno institucional diferente. Utilizó la línea gubernamental de la Ciudad destinada a denunciar situaciones vinculadas a "convivencia escolar" para radicar una acusación formal contra el Presidente, registrada bajo el expediente número 2169. Solano caracterizó lo ocurrido como un "acto macartista" —haciendo alusión al movimiento anticomunista estadounidense de mediados del siglo XX que persiguió a intelectuales y artistas— y subrayó que en su propia trayectoria como legislador, cuando ha participado en eventos escolares, siempre ha procurado fomentar espacios de debate auténtico donde estudiantes tuvieran la posibilidad de expresar opiniones divergentes y donde se escucharan múltiples perspectivas. El contraste que plantea Solano sugiere que el evento en la ORT operó según una lógica inversa: la de un funcionario con poder estatal utilizando su autoridad para transmitir un mensaje unidireccional a una audiencia cautiva compuesta por menores de edad.
Interrogantes sobre espacios educativos en tiempos polarizados
La situación que se desarrolló en la Escuela ORT refleja un dilema más amplio que atraviesa a instituciones educativas en contextos de aguda polarización política. Por un lado, existe el principio democrático según el cual funcionarios públicos elegidos pueden acceder a espacios públicos y privados para exponer sus ideas. Por otro, existe la responsabilidad de las instituciones educativas de garantizar que sus dependencias no se conviertan en plataformas para la difusión de mensajes que puedan afectar el desarrollo de pensamiento crítico entre sus estudiantes. La decisión de traspasar completamente el control del evento a Presidencia, según consignaron fuentes con conocimiento de los hechos, permitió que la escuela se blindara de críticas al mismo tiempo que facilitaba la realización del acto sin restricciones. Esto plantea interrogantes sobre cuál es exactamente el compromiso institucional cuando se toman decisiones de este tipo.
Las distintas reacciones registradas en días posteriores —desde padres preocupados hasta exdirectivos que cuestión el uso del espacio, pasando por legisladores que elevan denuncias formales— evidencian que la comunidad vinculada a la ORT no es homogénea en su respuesta. La búsqueda de "dar vuelta de página" mencionada por voceros institucionales contrasta con la persistencia de los cuestionamientos en redes sociales y espacios públicos. Mientras que la institución intenta retomar su actividad ordinaria, los debates sobre qué sucedió en su auditorio, por qué fue permitido y qué implicancias tiene para el futuro de los espacios educativos, continúan desarrollándose fuera de sus muros. La polarización que el evento intentaba evitar mediante el silencio institucional parece haberse profundizado, cuestionando el supuesto de que guardar silencio es equivalente a neutralidad.
