Un giro inesperado en la trama judicial que rodea los casi nueve años desde el hallazgo del cuerpo del fiscal Alberto Nisman trae de vuelta al centro de la escena a quien fue la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos. Fabiana Fein, la fiscala que encabezó las primeras diligencias la noche del 18 de enero de 2015 en el departamento ubicado en la torre Le Parc de Puerto Madero, ahora se defiende de acusaciones que la vinculan con presuntas irregularidades en la preservación del sitio donde fue descubierto el cadáver. La jugada procesal representa un momento crítico en una investigación que, desde su origen, ha oscilado entre hipótesis contradictorias y ha dejado interrogantes sin resolver sobre las responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo los primeros pasos de la pesquisa.

El escenario que enfrentaba Fein aquella noche de verano portaba toda la complejidad de un caso político de máxima envergadura. Cuatro días antes de su muerte, Nisman había presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, acusándola de haber suscripto un acuerdo secreto con Irán tendiente a blindar a funcionarios iraníes procesados por el atentado a la AMIA ocurrido en 1994. El fiscal aparecía sin vida en la bañera de su hogar, con un proyectil alojado en la cabeza y un arma en las proximidades de su cuerpo. Las primeras horas resultarían determinantes, tanto para establecer la verdad de lo sucedido como para definir responsabilidades institucionales.

La estrategia defensiva y sus argumentos centrales

A través de su defensa legal, encabezada por el abogado Lucio Simonetti, Fein ha presentado ante los tribunales un planteo que busca su exoneración de los cargos o, alternativamente, que se declare la insuficiencia de mérito para procesarla. El recurso impugna con vehemencia el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien es quien lleva adelante esta línea acusatoria. Según la presentación escrita, el fiscal Taiano esgrime una teoría de "acciones deliberadas" orientadas a borrar y ocultar material probatorio, pero simultáneamente utiliza expresiones como "errores", "equivocaciones" y "falta de recaudos". Esta contradicción interna constituye, para la defensa, un punto débil fundamental de la acusación.

El argumento legal desarrollado por la defensa profundiza en aspectos técnicos del derecho penal. Para configurar el delito de encubrimiento agravado, sostiene, se requiere que el sujeto actúe con dolo directo: es decir, con conocimiento previo y certeza de que está ocultando un delito. Fein, según su posición, no podía poseer esa certidumbre en el momento en que llegó al departamento, cuando la hipótesis sobre lo sucedido aún se encontraba en etapa de definición. Además, la defensa subraya una dificultad probatoria fundamental: Taiano no ha podido identificar con precisión qué elementos específicos habrían sido destruidos u ocultados durante aquella noche. El fiscal habla de "contaminación" de la escena basándose en "cuestiones metodológicas", pero no detalla rastros concretos que se hayan perdido de modo irreparable. Esta ausencia de especificidad constituye, a juicio de los abogados de Fein, un obstáculo insalvable para sostener la acusación.

El contexto de los primeros pasos de la investigación

La noche del descubrimiento, además de Fein, concurrieron al domicilio jefes policiales de rango superior, el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. La convergencia de estos actores en un espacio reducido, en una situación de máxima complejidad política, genera por sí sola una trama de intereses y dinámicas que trasciende cualquier evaluación meramente técnica del protocolo. El comisario general retirado Román Di Santo, quien fue convocado por Berni y su colaborador Darío Ruiz, posteriormente dejó constancia de su presencia, señalando que se puso a disposición de Fein apenas llegó al lugar. En sus declaraciones posteriores, tanto el entonces ministro Aníbal Fernández como la propia Fein afirmaron que no existió desmanejo significativo de la escena por parte del personal policial que concurrió.

La investigación que encabeza Taiano ha derramado sus ramificaciones hacia múltiples direcciones. Más allá de Fein, han sido imputados el exsecretario de Seguridad Berni, su colaborador Ruiz, Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler. El técnico informático Diego Lagomarsino fue procesado por su participación en los hechos, acusado de haber aproximado el arma mediante la cual se consumó el disparo. También lo fueron los excustodios personales del fiscal. La hipótesis que estructura la pesquisa apunta hacia una confrontación entre aparatos de inteligencia que respondían a distintas estructuras de poder, ya sea al círculo kirchnerista o a Jaime Stiuso, un exfuncionario de los servicios de inteligencia cuyas declaraciones han sugerido involucración de sectores ligados al antiguo gobierno. La intensidad anómala de comunicaciones telefónicas registrada entre agentes de inteligencia durante los días 18 y 19 de enero, y el descubrimiento de un virus introducido en el teléfono de Nisman, complementan un cuadro acusatorio que se despliega en múltiples capas.

La defensa de Fein ha llevado su crítica más allá de lo meramente jurídico. Ha señalado que exigirle a una fiscal que ella misma tomara la temperatura del cadáver, custodiara los accesos al estacionamiento o impartiera órdenes a mandos policiales superiores representa una petición absurda e impracticable. Adicionalmente, su abogado ha cuestionado la pretensión de que Fein encubriera deliberadamente a desconocidos, lo que calificó como un "acto de altruismo ilícito" sin antecedentes lógicos. Simonetti ha propuesto, además, que se admitan nuevas diligencias de prueba destinadas a reconstruir con precisión lo actuado durante aquella noche y disipar dudas sobre el operativo policial y fiscal.

Implicancias y perspectivas abiertas

La resolución de este incidente procesal puede incidir de formas diversas en el curso general de la causa. Si prospera el pedido de sobreseimiento de Fein, se restarían actores al esquema acusatorio que Taiano ha venido tejiendo. Si se admitieran nuevas pruebas, podrían emerger elementos que esclarezcan u oscurezcan aún más las responsabilidades individuales de quienes participaron en los primeros momentos. La causa por la muerte de Nisman, clasificada legalmente como homicidio, ha permanecido abierta durante casi una década sin que se haya definido de modo concluyente quién o quiénes fueron los autores materiales ni cuáles fueron los móviles últimos. La muerte de Nisman coincidió con un momento de máxima tensión política, el fiscal se encontraba investigando al gobierno en funciones, y la hipótesis de manipulación de la escena del crimen ha flotado constantemente en el horizonte de la pesquisa. Los distintos actores que ocuparon roles de responsabilidad en esas primeras horas —autoridades policiales, funcionarios de seguridad, judiciales— enfrentaban presiones institucionales y políticas de envergadura. Cualquier error procedural, real o supuesto, quedó inscrito en un contexto donde toda acción podía ser leída como intencional. Será el análisis minucioso de la evidencia, el escrutinio de lo que pudo haberse alterado o perdido, y la evaluación de si existió efectivamente dolo o si se trató de limitaciones operativas de esas primeras horas, lo que determinará si la acusación contra Fein resiste el examen judicial o si, por el contrario, los argumentos de su defensa logran persuadir a la magistratura de que carece de fundamento.