La trama de la investigación que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad se expande nuevamente, esta vez con la incorporación de un nuevo testimonio que promete arrojar luz sobre los detalles de las presuntas maniobras ilícitas. El fiscal Franco Picardi ha solicitado formalmente que Nadia Beller, abogada y expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declare ante la justicia argentina en el marco de la causa que examina irregularidades en la institución. Este movimiento judicial representa un escalón más en una investigación que ya ha generado múltiples ramificaciones, y que cobra especial relevancia considerando los eventos violentos que rodearon a los protagonistas en los últimos meses. La medida adquiere peso sustancial porque coloca en el centro del proceso a alguien que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano pero que, según los argumentos de la defensa, posee información crucial sobre la procedencia y características de pruebas centrales del expediente.

El rol de Cerimedo en la trama de ANDIS

Cerimedo, quien se desempeñaba como asesor en el gobierno de La Libertad Avanza, ya ha brindado su testimonio ante la fiscalía en septiembre de 2025. Durante esa comparecencia, el consultor relató detalles que resultaron particularmente sensibles para la investigación: según manifestó, Diego Spagnuolo, titular del organismo en cuestión, le había comunicado la existencia de un presunto mecanismo de retornos económicos vinculado a la adquisición de fármacos. El alcance de sus revelaciones no se limitó al funcionario en cuestión. Cerimedo también mencionó que Spagnuolo le habría informado sobre una conversación mantenida con el presidente Javier Milei en la residencia presidencial de Olivos, donde supuestamente se abordó esta situación. Además, en su declaración incorporó referencias a Eduardo "Lule" Menem, integrante relevante del relato que reconstruye el circuito que la fiscalía investiga. Estos elementos colocaron a Cerimedo como una pieza informativa de considerable importancia, aunque su situación actual complica significativamente cualquier seguimiento de su cooperación. El consultor se encuentra actualmente detenido en Bolivia, donde enfrenta cargos por un intento de homicidio agravado contra Beller.

Beller en el eje de la controversia: audios y autenticidad

La incorporación de Beller al expediente de ANDIS no responde a una decisión espontánea de la fiscalía, sino a un proceso que se gestó durante los procedimientos de peritaje de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. La defensa del exfuncionario, representada por el abogado Mauricio D'Alessandro, utilizó declaraciones de Beller para cuestionar la autenticidad del material de audio central para la acusación. Específicamente, D'Alessandro argumentó que Beller había realizado afirmaciones relacionadas con la procedencia de los audios y que, según su relato, Cerimedo le habría comunicado la existencia de una operación de inteligencia vinculada con la filtración de estos registros. Esta línea argumentativa se desplegó mientras la defensa levantaba la hipótesis de que las grabaciones habrían sido objeto de manipulación deliberada. El abogado defensor utilizó esta versión para sembrar dudas sobre la integridad de las pruebas incorporadas a la causa. Sin embargo, la justicia no se dejó disuadir por estos cuestionamientos iniciales.

El juez federal Ariel Lijo, en una decisión reciente, rechazó el pedido de Spagnuolo para detener los análisis periciales. Gendarmería continúa realizando estudios técnicos sobre las grabaciones con el objetivo de establecer su origen, verificar su autenticidad y determinar si han sufrido cortes, ediciones o alteraciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. Este proceso pericial reviste importancia central porque, más allá de las controversias sobre los audios, la fiscalía sostiene que existen otros elementos probatorios independientes que sustentan la investigación: documentación diversa, teléfonos decomisados en allanamientos y resultados de procedimientos de registro domiciliario. La multiplicidad de fuentes de prueba amplía significativamente el alcance de la investigación y reduce la dependencia exclusiva respecto del material auditivo cuestionado.

Circunstancias de violencia y protección judicial

El contexto en el que Picardi busca que Beller declare está atravesado por hechos de violencia que han impactado profundamente en la situación de la abogada. El 17 de agosto, Beller fue víctima de un ataque a disparos en Bolivia, donde recibió tres impactos de bala que requirieron su internación hospitalaria durante cinco jornadas consecutivas. Por este hecho, la autoridad judicial boliviana dispuso la prisión preventiva de Cerimedo durante 180 días mientras avanza la investigación por intento de femicidio. El consultor ha negado de manera categórica tanto su participación directa en el ataque como cualquier contratación de terceros para perpetrarlo. Tras recibir el alta médica, Beller ha permanecido bajo medidas de seguridad, manifestando públicamente temores fundados respecto de posibles represalias futuras. En sus declaraciones públicas, la abogada ha atribuido motivaciones políticas al atentado e identificado a Cerimedo como responsable, acusaciones que éste ha rechazado sistemáticamente.

Paralela a la investigación de ANDIS, Beller había sido citada a declarar en otra causa judicial relacionada con presuntos enriquecimiento ilícito imputado a Cerimedo. El 26 de agosto, Beller solicitó suspender esa comparecencia y pidió su incorporación al régimen de testigos protegidos debido a preocupaciones genuinas sobre su seguridad personal. Este pedido refleja una realidad compleja: la abogada posee información relevante para múltiples investigaciones judiciales, pero su situación de vulnerabilidad genera obstáculos concretos para su participación en procedimientos convencionales. La solicitud de protección especial responde a condiciones materiales que afectan su disponibilidad y capacidad de comparecer sin riesgos.

Implicancias de la medida y proyecciones futuras

El exhorto cursado por Picardi representa un mecanismo legal mediante el cual la justicia argentina busca obtener información de una persona que se encuentra fuera del territorio nacional. Este procedimiento es habitual cuando testigos o potenciales declarantes residen temporalmente en el extranjero, y requiere la cooperación de autoridades judiciales del país donde se encuentran. En el caso específico, Beller permanece en Bolivia sometida a medidas de seguridad, lo que genera complejidades adicionales respecto de cómo y cuándo podrá realizarse su declaración. La información que proporcione podría resultar decisiva para esclarecer varios puntos críticos del caso: el origen real de las grabaciones, el contexto en el que Cerimedo obtuvo información sobre presuntas irregularidades en ANDIS, y los detalles sobre operaciones de inteligencia vinculadas con la filtración de material probatorio.

La evolución de esta investigación seguirá dependiendo de múltiples variables. Por un lado, la continuidad de los análisis periciales sobre los audios permitirá establecer con mayor precisión técnica si éstos han sido alterados. Por otro, la declaración de Beller podría confirmar o desmentir versiones sobre la cadena de custodia del material probatorio y las circunstancias de su obtención. Simultáneamente, la situación de Cerimedo en Bolivia genera interrogantes sobre su disponibilidad futura para ampliar o aclarar su testimonio previo. La complejidad jurisdiccional —con la justicia argentina, boliviana y potencialmente otras autoridades involucradas— añade capas adicionales a un proceso que ya exhibe ramificaciones múltiples. Dependiendo de los resultados de estos procedimientos, la causa podría consolidar acusaciones contra funcionarios, cuestionar la validez de pruebas centrales o, alternativamente, revelar manipulaciones en la cadena de evidencia. Lo que resulta evidente es que el testimonio de Beller se proyecta como un elemento de importancia estratégica en la arquitectura judicial que se está construyendo.