La causa que atraviesa a Sofía Clerici dentro de la red de investigaciones sobre patrimonio no declarado mantiene su pulso judicial en tensión. El órgano acusador federal ha decidido no bajar los brazos respecto a la imputación de la modelo tras la decisión de la semana anterior de un magistrado de limpiarla de cargos. Todo indica que los próximos capítulos de este expediente se escribirán bajo nuevas dinámicas procesales, con otro juez asumiendo el control de un caso que ha generado múltiples interrogantes sobre movimientos patrimoniales, flujos de dinero sin explicación y una cadena de transacciones que no encuentran correlato con ingresos registrados.
La semana pasada, el juez Luis Armella —quien se desempeñaba como suplente en el tribunal— resolvió apartar a Clerici de la acusación por considerarla que no existían elementos documentales que probaran su participación en maniobras de conversión o disimulación de fondos. Sin embargo, esa decisión no tardó en generar reacciones desde el lado de la persecución penal. Federico Mola, titular de la fiscalía federal con asiento en Lomas de Zamora, trabaja codo a codo con Diego Velasco, especialista en delitos de blanqueo de capitales, para articular un recurso que cuestione esa resolución ante la instancia de alzada. Mañana martes, Juan Tomás Rodríguez Ponte tomará las riendas del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora como magistrado titular, lo que marca un punto de inflexión institucional en el trámite de la causa.
El peritaje contable y sus vacíos: lo que dice y lo que deja sin resolver
El fundamento sobre el cual descansa el sobreseimiento de Clerici tiene nombre y apellido: un informe pericial en materia contable que examinó los movimientos patrimoniales tanto de Martín Insaurralde como de Jésica Cirio, su expareja. En el punto 77 de ese dictamen técnico figura una conclusión que se convirtió en el eje de la defensa: no existe documentación que respalde que el exjefe de Gabinete bonaerense le haya transferido dinero a Clerici, ni tampoco hay rastros de que le hubiera adquirido bienes de lujo tales como accesorios de marcas premium o relojes. El magistrado Armella tomó ese hallazgo como piedra angular para sobreseer a la modelo, aunque con una aclaración que resulta muy específica: el sobreseimiento no significa que se haya comprobado que Clerici posea un patrimonio lícito, sino únicamente que se descarta la hipótesis de que esos dólares secuestrados provengan del patrimonio de Insaurralde o que ella hubiera actuado en su blanqueo.
Pero aquí radica el quid de la cuestión: los fiscales Mola y Velasco consideran que la ausencia de documentación no basta para cerrar un expediente cuando existen inconsistencias de envergadura sin resolver. El dinero encontrado en poder de Clerici sigue siendo un misterio desde la perspectiva de su origen. Se trata de 569.911 dólares en efectivo secuestrados en su domicilio ubicado en Nordelta. Además de esa cifra, existe un conjunto de bienes cuya procedencia permanece opaca: monedas de diversos países por valor aproximado de 517 millones de pesos, un inmueble adquirido por 510.000 dólares mediante la sociedad que presidía, un vehículo de alta gama comprado por 50.000 dólares en agosto de 2022, y distintos accesorios de lujo incautados durante los allanamientos. Para la fiscalía, la carencia de papeles que conecten a Insaurralde con estos bienes no es sinónimo de que no haya mediado entrega alguna, especialmente porque el exintendente de Lomas de Zamora tenía por costumbre utilizar efectivo como forma de pago para solventar gastos en viajes, hospedajes y adquisiciones varias.
Inconsistencias patrimoniales y un rompecabezas que sigue armándose
El cuadro de irregularidades que rodea el patrimonio de Clerici constituye por sí solo un catálogo de enigmas sin respuesta. En primera instancia, el patrimonio declarado por la modelo no encuentra consonancia con los ingresos que consta que ha percibido. Existe un faltante de aproximadamente 173 millones de pesos que carece de justificación alguna en los registros. Luego está la cuestión de cómo se adquirieron esos 517 millones de pesos en monedas de diferentes naciones, una cantidad inusual que levanta sospechas sobre operaciones de cambio no registradas. La compra del inmueble en Los Lagos de Nordelta por medio de la sociedad NOGOYÁ 3333 S.A. presenta otro punto crítico: esa empresa no registró actividades comerciales entre 2019 y 2022, carece de fondos documentados que justifiquen la operación, y sin embargo logró realizar una transacción inmobiliaria de considerable cuantía. El contrato de mutuo de 25.000 dólares no cuenta con registro de cambio a moneda local ni depósito bancario correlativo. Los 28.000 dólares pagados como alquiler del lote donde presumiblemente instaló un emprendimiento tampoco tienen trazabilidad clara. Y por último, la adquisición del Ford Mustang en agosto de 2022 sigue siendo un acto de consumo que no encuentra respaldo en fuentes de fondos identificables.
La relación entre Clerici e Insaurralde, como contexto importante para evaluar la cadena de eventos, no comienza en el viaje a Marbella en octubre de 2023 a bordo del yate El Bandido, aquel viaje que ella misma publicitó en redes sociales y que gatilló toda la investigación. Los registros de ingreso al barrio donde residía el exintendente demuestran contactos previos entre ambos, lo cual sustancia una relación de larga data. Este factor, combinado con el patrón de comportamiento de Insaurralde de efectuar pagos en efectivo para financiar sus desplazamientos y consumos, amplía los escenarios posibles para la fiscalía. Si bien es cierto que la ausencia de documentación es un dato, también lo es que ciertos tipos de operaciones financieras clandestinas se caracterizan precisamente por la falta de rastros documentales, especialmente cuando se trata de transacciones en efectivo sin intermediación bancaria.
La estrategia defensiva de Clerici incluyó argumentos vinculados con perspectiva de género, alegando que era perseguida por su condición de mujer y por desempeñarse como "acompañante de viajes", lo cual —en su consideración— la exponía a estereotipos y prejuicios. La fiscalía no desestimó la relevancia de abordar la causa desde una óptica de género que evite reproducir prejuicios, pero aclaró que ese enfoque no constituye una causal independiente para resolver favorablemente el caso, ni tampoco invalida la investigación sobre bienes cuyo origen permanece sin aclarar. Los fiscales entienden que es posible investigar exhaustivamente sin caer en sesgos discriminatorios, y que las inconsistencias patrimoniales detectadas trascienden cualquier consideración sobre la profesión u orientación personal de la imputada.
Los actores procesales se preparan para la próxima etapa
Con la asunción del nuevo magistrado, la causa entrará en una fase de revisión de criterios. El fiscal Mola presentará ante el juzgado la apelación contra el sobreseimiento, y todo indica que Rodríguez Ponte otorgará el recurso para que sea la Cámara Federal de La Plata quien considere la cuestión en su fondo. No se trata de un trámite menor: una cámara de apelaciones tiene la facultad de revisar tanto los aspectos procedimentales como sustantivos de una decisión de primera instancia. La Unidad de Información Financiera, que participa como querellante en el expediente, prepara igualmente su propio recurso impugnativo. También la organización civil Poder Ciudadano, que ha venido monitoreando el desarrollo de esta causa como parte de su labor en materia de transparencia y control de patrimonio, estudia presentar argumentaciones propias ante la cámara.
Mientras tanto, la fiscalía continúa diseñando estrategias de investigación complementaria. Los fiscales Mola y Velasco avanzan en el análisis de nuevas medidas probatorias destinadas a esclarecer no solo la situación de Clerici, sino también la de Insaurralde, sus familiares, y eventualmente otros imputados que pudieran vincularse a maniobras de blanqueo de capitales. Este frente acusador permanece activo, buscando construir un andamiaje probatorio que sustancie una hipótesis acusatoria más robusta frente al nuevo magistrado. La investigación sobre enriquecimiento ilícito del exjefe comunal de Lomas de Zamora sigue en movimiento, y la situación de quienes lo acompañaban en sus desplazamientos y transacciones continúa siendo objeto de escrutinio.
Los próximos meses serán determinantes para definir si la ausencia de documentación explícita que vincule a Insaurralde con los fondos de Clerici resulta suficiente para excluirla de una causa de lavado de dinero, o si por el contrario las inconsistencias patrimoniales no resueltas justifican mantenerla imputada mientras continúa la investigación. El cambio de magistrado introduce una variable nueva en la ecuación, pues cada juez posee criterios propios para evaluar la solidez de pruebas y la consistencia de argumentaciones. Desde perspectivas distintas, diferentes sectores seguirán estos pasos procesales: la defensa de Clerici buscará consolidar su posición de exclusión, la fiscalía intentará revertirla, los organismos de control pretenderán que se esclarezcan todas las aristas del caso, y la justicia federal deberá balancear principios como presunción de inocencia, certeza probatoria y responsabilidad por enriquecimiento ilícito en un contexto donde los hechos económicos bajo examen registran múltiples dimensiones sin explicación aparente.
