La percepción moldea la realidad política tanto como los números. Y en las últimas semanas, la realidad que comienza a consolidarse en la Argentina no es la que el Gobierno libertario imaginaba tras su arrasador triunfo electoral hace poco más de un año. Los indicadores económicos que debían demostrar la viabilidad del ajuste ortodoxo muestran grietas cada vez más profundas, mientras la oposición kirchnerista, que hace meses navegaba en aguas turbias de autocrítica y desconcierto, ha encontrado tierra firme en la cual pararse. El panorama que se abre ante nosotros no presenta un contexto de consolidación oficial, sino uno donde la batalla por la hegemonía política vuelve a librarse con renovada intensidad, y donde las certezas de hace seis meses parecen haberse evaporado.
El descenso de las expectativas y el ascenso de la desconfianza
Lo que comenzó como una narrativa de transformación radical y modernización económica enfrentado a un régimen agotado, se ha transformado gradualmente en un relato de promesas incumplidas y expectativas frustradas. Las mediciones de imagen presidencial muestran un declive sostenido que contrasta notablemente con el optimismo que caracterizó los primeros meses de gestión. Pero más allá de los números que los encuestadores capturan en sus cuestionarios, existe un fenómeno más profundo: la percepción ciudadana de que el proyecto libertario, lejos de resolver los problemas que prometía solucionar, ha generado nuevas dificultades o agudizado las existentes. En particular, dos indicadores económicos se han convertido en el termómetro de la crisis de legitimidad: el aumento consistente de la morosidad en diversos sectores y la contracción sistemática del poder de compra de los salarios.
La morosidad, ese indicador poco mencionado en los debates públicos cotidianos pero devastador en su materialidad, refleja la incapacidad creciente de amplios sectores de la población para cumplir con sus obligaciones financieras. Hipotecas impagadas, deudas de servicios, créditos en mora: la cadena se extiende desde los hogares hacia las empresas, retroalimentando un ciclo recesivo que ningún comunicado oficial consigue disimular. Simultáneamente, el poder adquisitivo que los trabajadores ejercen con sus salarios mensuales se erosiona de manera casi imperceptible pero inexorable. Las canastas de alimentos, los servicios básicos, el transporte: todos los rubros que conforman la vida cotidiana se vuelven progresivamente más costosos mientras los ingresos permanecen congelados. Esta combinación letal de mayor endeudamiento y menor capacidad de pago genera una sensación generalizada de asfixia económica que no responde a las palabras tranquilizadoras del establishment oficial.
La reconfiguración de la narrativa opositora y el espejo global
Es en este contexto donde el kirchnerismo, sorprendido apenas hace poco más de un año por su propia derrota electoral, ha comenzado a recuperar confianza y a reelaborar su discurso político. No se trata de una reactivación mecánica del pasado, sino de una reformulación que busca legitimarse en experiencias contemporáneas que parecerían legitimarla: la creciente influencia de figuras políticas que practican lo que podría denominarse intervencionismo estatal progresista, con énfasis particular en controles de precios, subsidios selectivos en servicios públicos y mayor tributación sobre los sectores de altos ingresos. Nueva York, tradicionalmente la capital mundial del capitalismo desregulado, ha elegido una administración local que promueve estas políticas, lo que proporciona al kirchnerismo un espejo en el cual mirarse que, previamente, habría resultado imposible de hallar. ¿Cómo resistir una propuesta que aparece validada en la metrópolis del liberalismo económico? Esta pregunta retórica flota en el ambiente del debate político argentino actual.
La operación retórica es sofisticada. El kirchnerismo no simplemente se rearma con sus antiguas consignas sobre extranjerización de la tierra, sobre el carácter dependiente de la economía argentina, o sobre la necesidad de un Estado activo en la distribución. Esas ideas siempre estuvieron presentes en su acervo ideológico, pero ahora obtienen un revestimiento de actualidad que les confiere nueva vitalidad. Cuando un alcalde de Nueva York implementa controles de precios en supermercados para proteger a las poblaciones vulnerables, o cuando apunta contra los sectores de mayores ingresos con política tributaria, el kirchnerismo puede señalar: eso que nosotros propusimos durante años y que nos fue presentado como anticuado, ahora surge con legitimidad en el corazón del mundo desarrollado. La batalla por las palabras que caractiza toda contienda política ha girado nuevamente a favor de quienes defienden la intervención estatal activa, aunque sea temporalmente.
Los síntomas de debilidad oficial y sus ecos históricos
La derrota que el Gobierno libertario experimentó en torno a la denominada "ley de tierras" constituye un síntoma revelador de su vulnerabilidad política en el Congreso. Sin embargo, la naturaleza de esta derrota trasciende lo meramente legislativo. En primer término, el kirchnerismo logró transformar el debate: lo que oficialmente se denominaba "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" fue reposicionado en el espacio público como "Ley de Tierras", un término que evoca no tanto un debate de derechos económicos abstractos, sino la materialidad territorial del conflicto histórico en Argentina. Este desplazamiento semántico no es una cuestión menor; es el resultado de una operación de poder cultural donde el kirchnerismo demostró mantener capacidades que momentáneamente se creía había perdido.
El senador que pronunció en el Senado frases como "el problema no es el gringo que nos compra sino el criollo que nos vende" estaba invocando una tradición de pensamiento económico argentino que se remonta décadas atrás, una tradición que en su momento fue articulada por intelectuales que planteaban la subordinación de la economía argentina a los intereses imperiales y a las elites locales cómplices. Esta invocación del pasado no opera como una trasnochada nostalgia, sino como la actualización de análisis que los sectores kirchneristas consideran estructuralmente válidos. El problema, según esta lectura, no reside en la regulación estatal de la economía, sino en la ausencia de regulación capaz de proteger los intereses nacionales frente a la penetración de capitales extranjeros.
Las imágenes de ocupación de calles frente al Congreso durante la votación senatorial evocan involuntariamente episodios previos de confrontación política en momentos de gobiernos liberales. Hace años, la disputa parlamentaria en torno a una reforma tributaria generó movilizaciones masivas y enfrentamientos que, retrospectivamente, pueden identificarse como los primeros síntomas de problemas de gobernabilidad que años después se materialized en derrotas electorales. Sin afirmar que los procesos políticos se repiten mecánicamente, sí es posible señalar que ciertos patrones de conflictividad institucional parecen reaparecer cuando los gobiernos de orientación económica liberal enfrentan resistencias importantes.
El difícil equilibrio entre la austeridad y la legitimidad política
El Gobierno tiene un desafío que trasciende lo técnico-económico. La frialdad con la cual responde a demandas sociales fundamentales sobre endeudamiento, desempleo y precarización laboral, puede resultar políticamente insostenible más allá de plazos muy acotados. Cuando una gestión recién asume el poder, puede atribuir los problemas al legado heredado. Cuando años han transcurrido bajo su administración, esa coartada se debilita. Milei y su equipo económico enfrentan exactamente esta transición: de ser los críticos de un sistema fallido a convertirse en los responsables de las consecuencias de sus propias políticas. La demanda de mayor gasto social, de regulaciones de precios, de subsidios a servicios básicos, no responde solamente a una ideología peronista resiliente, sino a la experiencia cotidiana de deterioro que millones de personas viven en sus propios hogares.
Paradójicamente, para el Gobierno la principal ventaja radica en la ausencia de una alternativa política creíble y articulada. Si el kirchnerismo fuese capaz de presentarse únicamente como una propuesta técnicamente viable de gestión económica diferente, sus posibilidades electorales serían limitadas dado su historial de inflación y déficit fiscal. Pero el kirchnerismo no necesita presentarse solamente como eso: puede presentarse como la resistencia contra un proyecto que genera sufrimiento material. Y más importante aún, puede convocar el miedo a un retorno a políticas que amplios sectores de la sociedad asocian con inflación, corrupción y desorden institucional. En el tablero electoral, el Gobierno libertario parece apostar a que el miedo al pasado kirchnerista sea un activo electoral más potente que la promesa de un futuro diferente.
La persistencia de la disyuntiva fundamental
El votante argentino se encuentra nuevamente atrapado en un dilema que se repite con variaciones desde hace décadas: elegir entre dos visiones de la economía que históricamente han fracasado parcialmente o que al menos han generado problemas significativos. De un lado, el proyecto libertario que apuesta a la apertura externa, la desregulación de mercados, la reducción del Estado y la confianza en mecanismos de mercado. Del otro lado, el proyecto kirchnerista que retorna a sus raíces en la intervención estatal, el control de precios, los subsidios selectivos, y la búsqueda de un capitalismo nacional menos dependiente de flujos externos. Ambas visiones encuentran respaldo en experiencias históricas parciales y en las tendencias políticas globales: el Gobierno se inspira en pensadores que abogan por una radicalización de la lógica de mercado, mientras la oposición busca legitimación en experiencias contemporáneas de democracias avanzadas que implementan medidas redistributivas.
El problema que ambas fuerzas parecen no poder resolver es el de la gobernanza institucional con criterios de competencia técnica, rendición de cuentas y eficiencia en la asignación de recursos, más allá de consideraciones ideológicas. La ciudadanía experimenta no solamente el resultado de las políticas económicas, sino también la calidad de las instituciones que las implementan, el grado de corrupción en la administración pública, y la capacidad del Estado para prestar servicios básicos con efectividad. En momentos donde ambas coaliciones políticas parecen estar más enfocadas en ganar la batalla narrativa sobre el modelo económico correcto que en demostrar capacidad para resolver problemas concretos, las consecuencias para la cohesión social pueden resultar profundas.
Proyecciones y escenarios abiertos
Las dinámicas que se desplegarán en los próximos meses resultarán determinantes para el futuro político argentino cercano. Si la morosidad continúa aumentando y el poder adquisitivo sigue erosionándose, es probable que el discurso kirchnerista gane espesor y capacidad de convocatoria. El regreso parcial de Kicillof en la provincia de Buenos Aires generó expectativas en los sectores kirchneristas que el resultado de 2023 había disminuido. Si se replica en otros espacios territoriales, podría indicar que la hegemonía libertaria inicial está siendo reconfigurada. Alternativamente, si el Gobierno logra demostrar resultados tangibles en reducción inflacionaria y recuperación de ingresos, aunque sea para sectores específicos, la narrativa de fracaso del proyecto liberal podría perder momentum.
Lo que parece menos probable es que el electorado argentino, en el próximo ciclo electoral decisivo, tenga ante sí opciones que representen genuinamente nuevas formas de gobernar. En su lugar, el dilema persistirá: entre un proyecto que promete modernización a través de mercados y uno que promete redistribución a través de intervención estatal. Ambos modelos han sido implementados en Argentina con resultados mixtos. Las consecuencias de esta persistencia del dilema no son neutrales: generan ciclos recurrentes de esperanza, decepción, castigo electoral y reconfiguración del tablero político, que impiden la acumulación de políticas de mediano plazo capaces de transformar estructuralmente las condiciones de vida de la población. La ciudadanía, entretanto, sigue buscando soluciones concretas a sus problemas inmediatos, no debates ideológicos sobre cual es el modelo correcto. Ese desajuste entre oferta política y demanda social constituye quizás el problema más profundo que ambas coaliciones deberían considerar antes de volver a enfrentar las urnas.
