Un congelamiento que delata fracturas en el poder
La máquina administrativa de la Casa Rosada frenó en seco el avance de dos nominaciones judiciales que se encontraban en trámite legislativo. Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos magistrados especializados en penal económico, permanecen desde hace ochenta días sin que sus candidaturas prosperen en el Senado de la Nación. El motivo del bloqueo no responde a objeciones sustanciales sobre sus antecedentes profesionales, sino a un tejemaneje político que expone grietas profundas entre distintos sectores de la administración libertaria. Lo que comenzó como un proceso de designación relativamente expedito se transformó en una parálisis que ilustra cómo las rivalidades internas pueden detener engranajes institucionales. El acontecimiento revela algo más inquietante: la posibilidad de que decisiones sobre la estructura judicial estén siendo influenciadas por intereses relacionados con investigaciones penales en curso.
El punto de quiebre se ubica en las primeras semanas de mayo, cuando ambos candidatos comparecieron ante el plenario legislativo para defender sus postulaciones. Nada sugería inconvenientes. El 6 de mayo, durante una audiencia pública en el Salón Azul del Congreso, los legisladores de distintos bloques —tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista— rubricaron los dictámenes respectivos sin presentar objeción alguna. Los despachos gozaban de respaldo. Sin embargo, entre esa jornada y los días subsecuentes, algo se modificó radicalmente en los cálculos políticos de la Casa Rosada. Las instrucciones bajaron desde la Secretaría General de la Presidencia, específicamente desde el despacho de Karina Milei. El mensaje fue inequívoco: detener el proceso. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, ejecutó la orden coordinando que los senadores retiraran las firmas ya estampadas. Los dictámenes que días antes parecían en vía hacia la aprobación quedaron vaciados de todo respaldo legislativo.
La sombra de la AFA sobre las designaciones judiciales
El cambio de dirección guarda relación directa con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Específicamente, con Claudio Tapia, presidente de la entidad, y Pablo Toviggino, tesorero de la institución. Ambos dirigentes se encuentran bajo investigación penal por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. En el escenario político de la época, estas investigaciones constituían un área de fricción considerable entre el gobierno nacional y la dirigencia futbolística. La Casa Rosada veía en estos procesos judiciales una herramienta potencial para presionar o debilitar a una organización que no respondía a sus lineamientos. Desde esa perspectiva, resulta significativo que la parálisis de las designaciones haya sido gatillada precisamente cuando se evidenciaba la existencia de posibles vínculos entre los magistrados nominados y los investigados.
En el caso de Galván Greenway, el nexo que motivó las suspicacias resulta más concreto. El magistrado, quien dirige el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7, emitió un pronunciamiento el 24 de abril —es decir, poco antes de su comparecencia legislativa— en el cual determinó el sobreseimiento de Tapia en un expediente iniciado en 2018. En esa causa, el dirigente era investigado por los mismos cargos de lavado de dinero. El fallo de Galván Greenway argumentó que Tapia disponía de herramientas lícitas para justificar el origen de su patrimonio, incluyendo ingresos declarados, instrumentos financieros legales y créditos hipotecarios. Esa resolución, independientemente de sus méritos técnicos, encendió alarmas en la esfera decisoria del Ejecutivo nacional.
Respecto a Catania, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8, los vínculos con la dirigencia futbolística se presentan de manera más velada. Sin embargo, circulan interpretaciones en ámbitos institucionales según las cuales su ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Penal Económico podría potencialmente beneficiar a Tapia y Toviggino en futuras apelaciones y resoluciones sobre medidas cautelares. Ambos magistrados eran propuestos para ocupar vacantes en distintas salas de esa instancia de apelación, tribunal que en ese momento enfrentaba decisiones cruciales sobre la radicación territorial de las causas. Las defensas de los dirigentes de la AFA pretendían que los expedientes fueran trasladados al juzgado de Campana, bajo la órbita de Alejandro González Charvay. La composición del tribunal encargado de resolver esa cuestión adquiría, por lo tanto, una importancia estratégica indiscutible.
Consecuencias que aún se desenvuelven
La estrategia de congelamiento ejecutada por la Casa Rosada logró sus objetivos inmediatos. En el calendario judicial, la Cámara de Apelaciones del fuero Penal Económico, carente de Galván Greenway y Catania en su composición, resolvió que el expediente relacionado con una propiedad inmueble ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a Toviggino, fuera derivado a la jueza María Verónica Straccia. No obstante, el tablero se modificó nuevamente de manera inesperada. Días antes de que el sistema judicial entrara en receso invernal, la Cámara Federal de Casación Penal —instancia superior de revisión— intervino de modo sorpresivo. Los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky acogieron un recurso de queja y determinaron analizar si los expedientes debían tramitar en la órbita penal ordinaria o en la penal económica. Para la segunda quincena de agosto fijaron una audiencia destinada a dirimir definitivamente estas cuestiones preliminares.
Los efectos de estas maniobras trascienden el ámbito meramente procesal. El bloqueo de las nominaciones judiciales abre interrogantes sobre los límites de la influencia ejecutiva en materia de designaciones. Mientras algunas perspectivas sostienen que el gobierno actuó dentro de sus facultades constitucionales al ejercer presión sobre su bloque parlamentario, otras advierten que subordinar decisiones sobre la composición de tribunales a consideraciones sobre causas pendientes genera riesgos de erosión institucional. Los procedimientos diseñados para evaluar idoneidad judicial corren el riesgo de transformarse en instrumentos de disputa política, desplazando criterios técnicos o de trayectoria profesional. Por otra parte, la demora en completar tribunales afecta directamente la capacidad operativa del sistema, generando congestión de expedientes y prolongando los tiempos de resolución. La ciudadanía termina siendo el principal afectado cuando la administración de justicia se enlentece, independientemente de los motivos políticos que originen esos retrasos. Finalmente, las acciones del gobierno pueden interpretarse como un intento de resguardar investigaciones de su interés mediante el control de la composición de tribunales que las resolverán, un mecanismo que diversos actores institucionales y académicos han señalado como problemático para la autonomía del poder judicial.
