La maquinaria investigativa del Departamento de Justicia norteamericano se puso en movimiento para desentrañar uno de los capítulos menos transparentes de la administración de la Asociación del Fútbol Argentino: la circulación de cientos de millones de dólares a través de entidades financieras estadounidenses durante años en los que el país atravesaba restricciones cambiarias severas. Lo que comenzó como una pesquisa preliminar hace apenas meses escaló hacia una fase activa de recopilación de testimonios, con fiscales federales y agentes del FBI tomando declaraciones de personas con acceso directo a esas operaciones. El punto de inflexión no fue menor: mientras el mundo futbolístico seguía de cerca los partidos del certamen mundial disputado en territorio estadounidense, en despachos de Washington DC y Miami se gestaban las primeras pistas de una trama que involucra transferencias cuya justificación económica permanece en la penumbra.

Hace apenas una semana, un encuentro virtual que se extendió por tres horas reunió a fiscales y agentes del FBI procedentes de ambas ciudades con un empresario vinculado a la ruta del dinero que transitó por el sistema financiero norteamericano. El diálogo se produjo bajo reserva, pero los temas que se abordaron giraron en torno a cómo operó la entidad presidida por Claudio Tapia en suelo estadounidense y de qué manera canalizó recursos que, en algunos casos, no parecen corresponder a gastos operativos identificables de una organización deportiva. Los investigadores buscan establecer si determinadas transacciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense, delitos que caen bajo jurisdicción federal. La pregunta central que estructura la investigación es directa: ¿qué sucedió realmente con ese dinero que ingresó a través de multinacionales como Adidas y Warner pero no derivó en inversiones o gastos que pudieran justificarse documentalmente?

El papel de TourProdEnter LLC: la empresa que se convirtió en centinela de fondos

En el centro de esta investigación reposa una sociedad que funcionó como agente colector de los ingresos internacionales de la AFA: TourProdEnter LLC. Durante aproximadamente cuatro años, esta empresa—administrada por Javier Faroni y Erica Gillette—operó como intermediaria capaz de captar fondos provenientes de patrocinadores globales y luego distribuirlos según criterios que hasta ahora permanecen parcialmente opacos. El contrato que vinculaba a la AFA con esta sociedad le otorgaba amplias facultades: percibía el treinta por ciento de todos los ingresos internacionales —una vez descontados impuestos— además de una comisión adicional equivalente al diez por ciento sobre los egresos ligados a la logística. Bajo estos términos, la firma de Faroni y Gillette manejó cifras que oscilaron alrededor de US$260 millones en fondos de origen identificable como ingresos de la institución futbolística. Sin embargo, los registros bancarios permiten rastrear que US$57 millones fueron distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios cuya conexión económica con actividades de la AFA no aparece documentada de manera clara.

El viaje de esos fondos atravesó las bóvedas de cinco bancos estadounidenses de primer nivel: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Desde cuentas abiertas en estas instituciones, la empresa canalizó recursos que, en teoría, deberían haber financiado operaciones futbolísticas pero que en varios casos terminaron en transferencias hacia sociedades cuya razón de ser permanece incógnita. Documentos bancarios analizados durante meses revelan que fondos por decenas de millones de dólares fueron girados hacia entidades que, de acuerdo con registros públicos, eran controladas por personas que paralelamente percibían asistencia social y residían en localidades como Bariloche o Buenos Aires. Este patrón de movimientos financieros es precisamente lo que ha capturado la atención de los tres fiscales federales asignados al caso: Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington DC, y Michael Berger, destacado en Miami. Gushue dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos dentro de la estructura del Departamento de Justicia, mientras que Berger posee antecedentes en casos de alto perfil, incluyendo la condena del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni por delitos de lavado de activos en la ciudad de Miami.

Rastros de una trama más compleja: conexiones que el dinero reveló

La red de beneficiarios de esas transferencias inexplicadas se extiende más allá de lo que podría considerarse razonable dentro del funcionamiento administrativo de una organización deportiva. Los registros muestran pagos dirigidos a sociedades directamente ligadas con Pablo Toviggino—quien ocupó un rol estratégico en la administración de la AFA durante la gestión de Tapia—y a su entorno familiar, incluyendo entidades como SOMA SRL y Cabello SRL. Además, aparecen transferencias canalizadas hacia la pareja de Toviggino y hacia miembros de la familia de una persona que ejercería influencia sobre decisiones deportivas de la selección argentina bajo la categoría de "guía espiritual". Estos patrones de distribución de fondos constituyen exactamente el tipo de entramado que las autoridades federales estadounidenses buscan comprender mediante testimonios directos de personas que participaron en las decisiones operativas. El Departamento de Justicia analiza la posibilidad de convocar también a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible respecto de las actividades de la AFA o que participaron en su supervisión durante los últimos años.

Lo notable en torno a esta investigación es que la curiosidad de las autoridades estadounidenses por el tema no es enteramente reciente. Varios meses antes de que los fiscales Gushue, Ting y Berger comenzaran a tomar testimonios de manera sistemática, el entonces Ministerio de Seguridad—conducido por Patricia Bullrich—había transmitido a funcionarios estadounidenses información sobre posibles factores de riesgo vinculados con la institución futbolística. Esa transferencia de inteligencia se produjo luego de una reunión entre autoridades estadounidenses y un empresario que había entablado un conflicto con la dirigencia de la AFA. En aquella oportunidad—septiembre de 2024—los agentes del FBI concluyeron que el enfrentamiento que protagonizaban no presentaba suficientes elementos de sustancia como para justificar el inicio de una investigación criminal formal. No obstante, el escenario modificó su naturaleza cuando las revelaciones periodísticas permitieron visibilizar el alcance verdadero del entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias que se había desarrollado en territorio floridano. La cobertura de esas actividades, que se desplegó desde fines de diciembre del año anterior, expuso cómo TourProdEnter LLC había funcionado como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA durante un período en el cual Argentina mantenía vigentes controles de cambio severos y convivían múltiples cotizaciones del dólar en el mercado doméstico.

Las cifras específicas revelan la magnitud de lo que fue movido a través de ese conducto: Adidas canalizó US$60 millones mientras que Warner giró US$40 millones hacia las cuentas controladas por Faroni y Gillette. Estos montos no son anodinos cuando se considera el contexto macroeconómico argentino de los años en cuestión. Durante ese lapso, acceder a dólares en el mercado oficial era una tarea prácticamente imposible para la mayoría de los actores económicos, lo que hacía que los fondos internacionales que ingresaban a través de canales formales tuvieran un valor político y económico extraordinario. La AFA, por su ubicación como entidad rectora del fútbol profesional y de la selección nacional, tenía capacidad para generar ingresos en dólares en momentos donde prácticamente ninguna otra institución podía hacerlo con esa magnitud. Cómo se administró esa ventaja comparativa y dónde terminaron las ganancias derivadas de esa posición privilegiada son preguntas que ahora los investigadores estadounidenses buscan responder a través de declaraciones y análisis de documentación financiera.

La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a tomar forma durante el año 2025, con los tres fiscales federales iniciando un trabajo que puede incluir requerimientos formales de documentación dirigidos a bancos y empresas, además de rondas más amplias de entrevistas con personas que poseen conocimiento directo o indirecto sobre las operaciones que están siendo analizadas. Mientras tanto, desde el ámbito de la AFA se han producido movimientos defensivos. Tomás Regalado, quien desempeña un rol de "embajador" de la entidad para América del Norte, y el penalista Mariano Lizardo participaron recientemente en un foro público sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami. En esa oportunidad, ambos reclamaron que se respete la presunción de inocencia de las personas involucradas, enfatizando que los procesos investigativos por sí mismos no determinan culpabilidad alguna. Su argumento apuntó a recordar que medidas procesales son distintas de responsabilidad probada.

Implicancias futuras: diversas lecturas de una investigación en marcha

Las consecuencias potenciales de esta pesquisa pueden evaluarse desde múltiples ángulos. Para quienes observan con preocupación la salud institucional del fútbol argentino, la investigación representa una oportunidad de transparencia: determinar si recursos que pertenecen a una organización de interés público fueron malversados constituiría un hallazgo de relevancia institucional que podría catalizar reformas administrativas. Desde otra perspectiva, la investigación federal estadounidense puede ser interpretada como un mecanismo de presión externa que eventualmente propulsaría investigaciones complementarias en territorio argentino, donde la Justicia cuenta con sus propios recursos para analizar estas operaciones. Por el contrario, otros analistas advierten que una investigación extranjera de estas características podría generar asimetrías informativas que favorezcan ciertos intereses políticos domésticos sobre otros, o que la intervención de autoridades estadounidenses en asuntos de gobernanza de una institución deportiva nacional plantea interrogantes sobre soberanía. Lo cierto es que los movimientos de fondos que se investigan ocurrieron durante un período de crisis macroeconómica aguda en Argentina, cuando cada dólar que ingresaba al país tenía implicancias sistémicas. Cómo esos dólares fueron distribuidos, a quiénes beneficiaron y si existieron desvíos respecto de usos esperados son preguntas cuyas respuestas tendrán repercusiones tanto en la administración futura de la AFA como en la confianza que actores internacionales otorguen a instituciones argentinas gestoras de fondos públicos o cuasisemipúblicos.