La investigación federal que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la circulación de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino ha entrado en una nueva fase procesal. Un testigo con conocimientos directos sobre los movimientos económicos de la entidad fue citado para comparecer ante la Corte Federal radicada en Miami, marcando así uno de los pasos más significativos en un expediente que comenzó hace aproximadamente diez meses. Aunque la audiencia estaba programada para presentarse ante un gran jurado, las últimas conversaciones entre representantes legales y la fiscalía sugieren que podría haber cambios en la modalidad, respondiendo a estrategias destinadas a mantener reservada la información que surge del proceso judicial.
La convocatoria fue emitida para las nueve de la mañana en el edificio que alberga la jurisdicción federal en el centro de Miami. El nombre de quien debería comparecer permanece bajo protección, aunque múltiples fuentes con acceso directo a los antecedentes del caso apuntan hacia Leandro Petersen, quien se desempeña como responsable de las áreas comercial y de mercadotecnia dentro de la estructura de la AFA. Consultado al respecto, Petersen desestimó esas versiones reiteradamente, aseverando que su agenda contemplaba permanencia en Buenos Aires durante esos días. Paralelamente, desde la institución conducida por Claudio Tapia y Pablo Toviggino comunicaron que Petersen presidiría un acto de reconocimiento a los auspiciantes de la selección nacional, programado para el viernes en las instalaciones de Ezeiza.
Los movimientos que rodean esta potencial citación reflejan el nivel de complejidad que ha adquirido la pesquisa estadounidense. La investigación se centra en la operatoria de TourProdEnter LLC, una entidad constituida en agosto de 2021 por el productor teatral argentino Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Esta compañía firmó un acuerdo de representación con la AFA cuatro meses después de su creación y se convirtió en la administradora de una porción significativa de los ingresos que la entidad futbolística generaba en mercados internacionales. Durante el período de su gestión, la empresa canalizó aproximadamente US$300 millones que provenían de contratos de patrocinio suscritos con corporaciones multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones), además de recursos originados en encuentros amistosos y bonificaciones otorgadas por organismos como FIFA y Conmebol.
El cruce de jurisdicciones y los movimientos financieros sospechosos
La canalización de estos recursos a través de instituciones bancarias estadounidenses —JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank— constituyó el punto de anclaje que permitió al Departamento de Justicia federal asumir competencia sobre la pesquisa. Los fiscales trabajan en torno a la hipótesis de que durante la administración de estos fondos pudieron perpetrarse conductas tipificadas como delitos federales dentro de la jurisdicción norteamericana. Entre las modalidades que forman parte del análisis figuran presuntas maniobras asociadas a lavado de dinero, fraude bancario, fraude electrónico y conspiración, aunque hasta el presente no se han formulado acusaciones penales formales contra persona alguna. Lo que despierta particular atención de los investigadores es la eventual desviación de recursos hacia terceros a través de transacciones que carecían de fundamentación económica comprensible o que se encontraban sustentadas en papelería irregular o documentación falsificada.
Un aspecto que concentra la atención de los pesquisadores es el destino de US$57 millones que fueron remitidos desde TourProdEnter hacia estructuras empresariales pantalla controladas por beneficiarios de programas de asistencia social en Argentina. Este hallazgo particular constituye uno de los ejes sobre los cuales la fiscalía orienta su investigación. El testigo que fue citado a declarar, según las instrucciones judiciales emitidas por Michael Berger, fiscal federal a cargo de este expediente en el Distrito Sur de Florida, debería presentarse con la documentación íntegra que posea respecto de Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de registros vinculados con la operatoria mercantil y económica de la AFA en suelo estadounidense. Lucero aparece mencionado en investigaciones paralelas realizadas en Argentina como presunto intermediario de directivos de la AFA y como participante en una estructura societaria utilizada para la adquisición de una propiedad inmueble de alto valor en Pilar.
Las negociaciones procesales y los mecanismos de reserva
De acuerdo con información que circuló en las últimas jornadas, los abogados del presunto testigo establecieron contactos con la fiscalía de Miami a fin de reconfigurar el cronograma de la audiencia. El propósito de estas tratativas sería evitar que el procedimiento adquiriera notoriedad pública, preservando así el carácter confidencial que suele rodear a este tipo de diligencias. En caso de concretarse esta alternativa procedimental, el testigo podría prestar su declaración bajo juramento exclusivamente ante el funcionario fiscal, cuyo relato sería posteriormente integrado como prueba en el material de evidencia que la acusación presentaría al gran jurado. Este mecanismo resulta habitual en expedientes donde existe preocupación respecto de la exposición mediática de procedimientos aún en fase investigativa.
La relevancia de la eventual declaración de este testigo radica en los conocimientos específicos que posee acerca de la dinámica interna de las operaciones financieras y comerciales que se desarrollaron. Petersen lleva vinculado a la AFA desde 2017, habiendo ingresado bajo la gestión de Toviggino. Durante una entrevista concedida a un medio de comunicación deportivo, sugirió incertidumbre respecto de su continuidad laboral, aunque hizo énfasis en que lo trascendental era el mantenimiento del proyecto institucional más allá de los nombres que lo conducen. En conversaciones privadas, Petersen aclaró que su responsabilidad siempre se ciñó a la gestión contractual y negó participación en el manejo directo de recursos monetarios. Esta distinción reviste importancia dentro del contexto de la pesquisa, ya que podría determinar su condición de testigo versus la de sujeto bajo sospecha.
No obstante, Petersen no constituye el único nombre que ha sonado en los últimos días como potencial compareciente ante la justicia estadounidense. Juan Pablo Beacon, quien ocupó un rol de relevancia en la estructura de Toviggino, también fue mencionado en versiones extraoficiales, aunque desde su círculo cercano rechazaron una citación formal mientras reconocieron la existencia de negociaciones en curso con autoridades estadounidenses. Asimismo, Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com —plataforma que se ha constituido como uno de los principales auspiciantes de la AFA— fue nombrado en especulaciones mediáticas como potencial testigo, aunque no existe confirmación oficial respecto de citación alguna en su caso. Dreyfus ha sido uno de los empresarios vinculados con la entidad en expresar públicamente cuestionamientos sobre la gestión de la situación.
La impulsar de esta investigación experimentó un incremento significativo durante el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni, empresario que ejercía la representación comercial de la AFA antes de la llegada de TourProdEnter, obtuvo órdenes judiciales en Delaware y Georgia que le permitieron acceder a los registros bancarios de su empresa rival en las cinco instituciones financieras mencionadas. Armado con esa documentación, Tofoni acudió al Departamento de Justicia para formular denuncias respecto de la probable comisión de delitos federales. Este movimiento marca un punto de inflexión en el desarrollo del caso, transformándolo de una pesquisa interna en un expediente con participación activa de un tercero interesado.
El avance que representa la citación de testigos es sustancial en términos procedimentales. A diferencia de una entrevista voluntaria entre investigadores del FBI y una persona, el gran jurado constituye el órgano encargado de evaluar el material probatorio presentado por la acusación y determinar si existe suficiente "causa probable" para emitir una acusación penal formal. Esta etapa implica un escalamiento cualitativo en la intensidad de la investigación, sugiriendo que los fiscales han consolidado material probatorio que estiman digno de ser elevado ante este tribunal. La participación de testigos, en específico, indica que la pesquisa ha trascendido la recolección de documentación financiera para incorporar relatos directos de personas con conocimiento de los hechos investigados.
Los desdoblamientos que puedan derivarse de estas diligencias son múltiples. Por un lado, la eventual obtención de información de primera mano respecto de la cadena de decisiones que resultó en la constitución y operatoria de TourProdEnter podría proporcionar elementos contextuales cruciales para determinar intencionalidad en las operaciones cuestionadas. Por otro lado, la posibilidad de que comparezcan múltiples testigos con perspectivas distintas sobre los mismos hechos permitiría al tribunal contrastar narrativas y validar conclusiones. Asimismo, la estrategia de mantener confidencialidad en los procedimientos refleja un esfuerzo por evitar contaminación de pruebas o interferencias en el desarrollo de la pesquisa. Las implicancias futuras dependerán del contenido de las declaraciones, la solidez de las evidencias reunidas y las determinaciones que el gran jurado adopte respecto de la existencia de "causa probable" para formalizar acusaciones.
