La actividad extractiva de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas acaba de convertirse en materia de investigación penal formal. Dos jueces federales argentinos dispusieron enviar comunicaciones diplomáticas a Londres y Jerusalén solicitando datos sobre las corporaciones que operan en la zona sin respaldo administrativo del Estado argentino. Lo que cambia ahora es que la cuestión trasciende el ámbito de los conflictos diplomáticos tradicionales y entra en la órbita del derecho penal, con potencial para determinar responsabilidades individuales de personas físicas vinculadas a estas operaciones.
La iniciativa judicial proviene de dos investigaciones independientes que convergen en el mismo fenómeno: la explotación petrolera bajo el rótulo "Sea Lion", un proyecto de exploración situado en coordenadas que Argentina considera dentro de su jurisdicción exclusiva. El magistrado Julián Ercolini impulsa una línea de investigación tras una acusación inicial presentada contra la empresa Navitas, radicada en Israel. Su colega Ariel Lijo conduce otra pesquisa que apunta a las firmas británicas Rockhopper Exploration PLC y sus filiales, además de la mencionada Navitas. Ambos magistrados despacharon sus medidas de investigación mediante canales diplomáticos formales, recurriendo a la Cancillería como intermediaria. El timing de estas decisiones resultó casi simultáneo con la intervención presidencial en el foro internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reiteró la posición nacional respecto a Malvinas como causa fundamental y se denunció públicamente el carácter clandestino de estas explotaciones.
El arsenal de información que busca la Justicia
Ercolini ordenó una batería de requerimientos de información que apunta a establecer tanto los hechos como las responsabilidades personales. Requirió a la Secretaría de Energía que constate formalmente si Navitas Petroleum posee algún tipo de autorización, concesión o permiso de exploración en territorio argentino. Paralelamente, solicitó a la Cancillería que compile todo antecedente de protestas diplomáticas o comunicaciones oficiales que el Estado argentino haya cursado específicamente contra las filiales de Navitas por sus actividades en el perímetro insular. La medida más audaz fue dirigida directamente a los gobiernos de Israel y Gran Bretaña: el juez requerirá que identifiquen formalmente quiénes integran los directorios y qué personas son responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production Limited y sus socios comerciales en el proyecto de las islas. Este paso representa un esfuerzo por fijar responsabilidades penales individuales que pudieran derivar posteriormente en declaraciones indagatorias e imputaciones formales.
Lijo, por su parte, profundizó aún más en la búsqueda de información estructural. Solicitó al Reino Unido que remita la composición accionaria y estructura del grupo Rockhopper; a Israel, la composición societaria de Navitas y sus vínculos comerciales con las empresas británicas. Además, el magistrado pidió a la Secretaría de Energía los expedientes íntegros de las resoluciones sancionatorias que datan de 2012 y 2013, cuando se declaró a estas actividades como ilegales y clandestinas, y se inhabilitó a Rockhopper Exploration por veinte años para operar en el territorio nacional. También requirió a la Cancillería información sobre antecedentes de conflictividad ambiental previos, y solicitó al Ministerio de Seguridad que reporte si existen actuaciones de fuerzas federales vinculadas a estas operaciones en cercanías de Malvinas.
El rastro de empresas y las conexiones ocultas
La trama empresarial detrás de Sea Lion revela una estructura de capas sucesivas. Inicialmente, la investigación se orientó contra Desire Petroleum Limited, acusada de explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina desde 2012 sin autorización estatal alguna. Sin embargo, conforme avanzó la pesquisa fiscal y la Cancillería proporcionó nuevos datos, emergió un panorama más complejo. Desire Petroleum continúa figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero operando conjuntamente con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, fundamentalmente, con Navitas Petroleum Development and Production Limited. Esta última actúa como operadora en múltiples licencias, tanto las que comparte con Desire como con Rockhopper, lo que sugiere un rol central en la coordinación de las actividades extractivas. El gobierno insular publicó en marzo de 2024 una lista actualizada de licencias donde Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) posee una participación del 35 por ciento en las licencias PL032 y PL033, precisamente en el área del descubrimiento Sea Lion, mientras que Navitas mantiene el 65 por ciento restante como operadora.
La historia de estas corporaciones en relación con Argentina no es nueva. Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada por la Secretaría de Energía mediante resoluciones de 2012 y 2013 por participar en actividades de exploración y explotación calificadas entonces como ilegítimas en la plataforma continental. Navitas, más recientemente, fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal Mariel Borruto en una acción de daño ambiental promovida por organizaciones de abogados y ex combatientes. Esa resolución ordenó a la firma abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion, tras constatar que nunca tramitó la evaluación de impacto ambiental que exige la legislación argentina. Se trata de un nivel adicional de complicaciones jurídicas que se superpone con la investigación penal que ahora avanzan Ercolini y Lijo.
El contexto geopolítico de estas acciones judiciales no es menor. Desde hace décadas, la cuestión de los recursos naturales en disputa genera tensiones entre Argentina y el Reino Unido. Las Malvinas, archipiélago ubicado a unos 480 kilómetros de la costa patagónica, permanecen bajo control británico tras la guerra de 1982. La plataforma continental circundante, sin embargo, es reivindicada por Argentina como parte de su zona económica exclusiva según el derecho internacional marítimo. La explotación petrolera en esa zona, autorizada por las autoridades británicas de las islas pero sin respaldo argentino, encarna precisamente ese conflicto de soberanía. Los yacimientos se encuentran estratégicamente ubicados en coordenadas que Argentina considera propias, lo que explica por qué el Estado nacional denunció estas operaciones como clandestinas e ilegales hace más de una década, decisión que ahora la Justicia Federal retoma en el ámbito penal.
Hacia dónde apunta la investigación
Las medidas adoptadas por ambos magistrados proyectan múltiples escenarios posibles. Por un lado, el resultado de los exhortos diplomáticos determinará si es posible acceder a información sobre la composición accionaria real de estas empresas y la identidad de sus responsables legales. Esa información resulta crucial para avanzar hacia imputaciones formales concretas. Por otro lado, la recopilación de toda la documentación administrativa generada entre 2012 y la actualidad permitirá al poder judicial establecer una línea temporal clara de la conducta infractora y sus consecuencias. La convergencia de múltiples frentes judiciales—investigación penal, acción por daño ambiental, requerimientos de información diplomática—incrementa la presión sobre estas corporaciones y sus operaciones. Los gobiernos de Israel y Gran Bretaña deberán decidir qué información proporcionan a través de canales diplomáticos formales, decisión que tendrá implicancias tanto legales como políticas. La investigación también abre la posibilidad de que se determinen responsabilidades que trasciendan el ámbito corporativo e impliquen a personas físicas específicas, un desarrollo que podría generar consecuencias jurídicas más severas que las sanciones administrativas aplicadas anteriormente.
