Una investigación judicial en curso expone un entramado de contrataciones irregulares en la Legislatura de Buenos Aires que trasciende lo que inicialmente se suponía. El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio emitió una orden de presentación obligatoria dirigida a la Cámara de Diputados bonaerense, exigiendo la entrega de cincuenta documentos administrativos denominados "memos de propuesta de designación y/o contratación". Estos papeles resultan fundamentales para determinar quién fue responsable de autorizar la incorporación de empleados que, según la fiscalía, nunca prestaron servicios pero sí percibían salarios. La importancia de estos documentos radica en que podrían trazar una línea directa entre las autoridades legislativas y una red de fraude que, de confirmarse en toda su extensión, representaría un perjuicio económico significativamente mayor al estimado hace meses. Los alcances de esta causa plantean interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de la institución legislativa provincial.

El método: tarjetas, dinero en efectivo y nombres en papel

El esquema operativo que se investiga funcionaba con una mecánica simple pero efectiva. Un individuo identificado como "Chocolate" Rigau se desplazaba regularmente por distintos cajeros automáticos ubicados en las inmediaciones de la sede legislativa con tarjetas de débito que ostentaban el membrete de la Honorable Cámara de Diputados. En estos dispositivos realizaba extracciones sucesivas durante varios días consecutivos hasta agotar los fondos depositados. Rigau portaba una mochila donde almacenaba los billetes extraídos. Los titulares nominales de esas tarjetas no comparecían en las dependencias legislativas ni realizaban labor alguna. Sin embargo, mantenían vigentes sus relaciones contractuales y continuaban acumulando beneficios previsionales además de la cobertura otorgada por la obra social IOMA. Lo que resultaba anómalo era que los montos correspondientes a sus remuneraciones mensuales —provenientes de los denominados contratos "de bloque político", caracterizados por ser de los más elevados dentro de la estructura salarial de la Legislatura— se desviaban hacia actividades de índole política. Según ciertas hipótesis manejadas en la pesquisa, parte de estos fondos atravesaba circuitos financieros informales antes de llegar a su destino final.

La fiscal Betina Lacki ha solicitado reiteradamente a la Dirección de Legal y Técnica de la Cámara Baja los oficios donde consten los "memos de propuesta de designación y/o contratación" vinculados a los empleados cuyas tarjetas fueron secuestradas. Ante respuestas insatisfactorias, el magistrado Atencio dictaminó una orden que compele a la institución legislativa a entregar de manera inmediata copias legibles de la totalidad de estos documentos administrativos normalizados. La resolución judicial especifica que estos papeles debían justificar las designaciones correspondientes a los contratos de locación de servicios de un listado de cinquenta individuos. La ausencia de estos memos o su contenido incompleto podría revelar procedimientos irregulares en el proceso de incorporación de personal.

Alcances temporales y cifras que se expanden

Lo que inicialmente se caracterizó como un fraude circunscrito a un período específico ha mostrado raíces mucho más profundas. Los primeros cálculos estimaban un perjuicio aproximado de ochocientos millones de pesos originado en manipulaciones de la nómina de empleados legislativos entre los años 2012 y 2023. No obstante, la fiscalía amplió el marco temporal de investigación hacia atrás, extendiendo las indagaciones desde el primero de enero de 2002 hasta al menos el nueve de septiembre de 2023. Este cambio de perspectiva resultó significativo porque más de un tercio de los individuos titulares de las tarjetas secuestradas al detenido la noche de su captura mantienen contratos cuya antigüedad precede al año 2012. Un número considerable de estas designaciones data de inicios del siglo veintiuno: 2002, 2003, 2004. Con esta reformulación temporal, especialistas en auditoría han calculado de forma conservadora que el daño económico total podría aproximarse a los cuatro mil millones de pesos. Esta estimación abarca únicamente este conjunto específico de tarjetas, este puntero en particular, y este partido político dentro de la estructura legislativa provincial. El magistrado Atencio, en resoluciones anteriores del expediente donde se evaluaba la excarcelación del acusado, había anticipado que durante el desarrollo de la pesquisa podrían descubrirse actos de corrupción de inmensurable trascendencia. Los números que ahora emergen parecen corroborar esa predicción.

El desencadenante: una conversación en la calle y un celular incautado

El punto de quiebre que permitió desentrañar esta trama se produjo de manera casi fortuita. Rigau fue sorprendido en una sucursal del Banco Provincia emplazada a escasos metros del edificio legislativo, capturado después de un incidente con una persona sin hogar que le solicitó dinero para alimentarse. Tras la intervención policial, se le secuestraron las tarjetas de débito, cantidades de efectivo, tickets de transacciones y un teléfono celular. El contenido de ese dispositivo móvil proporcionó pistas cruciales. En el registro de mensajes figuraba una comunicación enviada por Facundo Albini con un contenido que decía: "Necesito unos nombres para la Muni". Esta breve frase abría nuevas líneas de investigación. En los tribunales penales de La Plata ya existe una causa paralela especializada en lo que se conoce como "ñoquis de la Municipalidad", donde interviene el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El mensaje incautado vinculaba potencialmente ambas causas, sugiriendo que prácticas similares se reproducían en otras estructuras administrativas. Además, existe una tercera causa iniciada por el fiscal Juan Menucci que instruye sobre parejas identificadas con el radicalismo que fueron filmadas ejecutando procedimientos idénticos al de Rigau, pero en este caso manejando treinta y nueve tarjetas de débito provenientes del Senado provincial.

La primera mujer de Claudio Albini constituye una figura central en la red investigada. Conforme surge de las pericias realizadas, Rigau le entregaba regularmente el dinero obtenido mediante las extracciones. Resulta notable que algunos de estos contratos fraudulentos poseen una antigüedad considerable: el del propio puntero detrabajador de calle y el de esta mujer se remontan a años anteriores a 2012. Ciertos prestanombres incluidos en estos esquemas han envejecido dentro del sistema: algunos ya completaron sus carreras como empleados ficticios y actualmente disfrutan de jubilaciones financiadas por el erario público. La longevidad de estas prácticas indica que no se trataba de iniciativas aisladas o coyunturales, sino de mecanismos operativos que atravesaban décadas de funcionamiento dentro de la estructura administrativa legislativa.

Los documentos que faltaban y lo que podrían revelar

Los "memos normalizados de propuestas de designación y/o contratación" que el juez Atencio ordenó entregar constituyen piezas documentales que, en teoría, toda administración pública debe resguardar. Estos papeles especifican, entre otros datos, qué funcionario o bloque político propone la contratación de un empleado determinado. Su contenido debería permitir establecer una cadena de responsabilidades que va desde la iniciativa de incorporación hasta la formalización del contrato. La ausencia de estos documentos, su incompletitud o su adulteración resultaría reveladora sobre la intencionalidad detrás de las contrataciones. Si los memos existen pero carecen de especificidad o contienen errores sistemáticos, podrían evidenciar prácticas de ocultamiento. Si no existieran registros para cincuenta casos, la carencia misma sería un indicador de procedimientos que deliberadamente evitaban dejar constancia. La fiscal Lacki persigue desentrañar exactamente quién dentro de la estructura partidaria o legislativa autorizó estas designaciones. Estos documentos podrían identificar nombres, firmas y fechas que iluminen la cadena de decisiones administrativas que permitió que individuos cobraran salarios sin prestar servicios durante más de dos décadas.

Contexto institucional y extensión de la investigación

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, como institución con más de un siglo y medio de historia, ha sido objeto de múltiples controversias administrativas. Sin embargo, el caso que actualmente se instruye presenta características que lo distinguen por su escala y duración temporal. El sistema de contrataciones legislativas, que incluye los llamados contratos "de bloque político", ha sido frecuentemente cuestionado por sectores académicos y de fiscalización por su falta de transparencia y sus salarios comparativamente elevados. Estos contratos representan una categoría administrativa que, según registros disponibles, no requiere los mismos mecanismos de evaluación que otras formas de contratación estatal. La estructura permite que los bloques legislativos canalicen recursos hacia personal que nominalmente depende de ellos. Cuando esta facultad se ejecuta sin supervisión efectiva, como aparentemente ocurrió durante décadas, se generan espacios propicios para desvíos de fondos. La expansión de la pesquisa hacia el período 2002-2023 refleja una comprensión más profunda de cómo operaban estos mecanismos a lo largo del tiempo. No se trataba de irregularidades puntuales cometidas por un único funcionario, sino de un sistema que, en su aspecto más estructural, permitió estas prácticas.

La aparición de conexiones con "ñoquis de la Municipalidad" y el hallazgo de patrones similares en el Senado provincial sugieren que lo que se investiga rebasa los límites de una única causa o institución. Múltiples fiscales trabajan en paralelo abordando fenómenos homólogos en diferentes ámbitos administrativos. La pesquisa de Juan Menucci sobre parejas radicales filmadas ejecutando extracciones mediante tarjetas del Senado plantea interrogantes sobre si estos esquemas replicaban modelos conocidos o si operaban de manera coordinada. El hecho de que diferentes fuerzas políticas aparezcan involucradas en prácticas análogas abre debates sobre si se trata de tácticas normalizadas dentro de la estructura administrativa provincial o si responden a patrones específicos de determinados grupos. La cantidad de causas simultáneamente activas en tribunales platenses sugiere que los fiscales identificaron un fenómeno más extenso que lo inicialmente supuesto.

Implicancias y proyecciones futuras

Los resultados que arrojen estos expedientes podrían tener consecuencias amplias. Por una parte, si los memos solicitados revelan nombres y responsabilidades claras, se abre la posibilidad de ampliar significativamente el número de imputados. Hasta el momento, la atención mediática y judicial se ha concentrado en Rigau como operador ejecutivo, pero los documentos administrativos podrían exponer a decisores políticos y funcionarios de niveles superiores. Por otra parte, los montos involucrados en la ampliación temporal podrían requerir reformulaciones en los argumentos acusatorios y en las estrategias de reparación del daño. Las sentencias que pudieran dictarse enfrentarían decisiones sobre cómo proceder con jubilaciones otorgadas a partir de servicios que nunca se prestaron. Algunos beneficiarios de pensiones estatales derivadas de estos esquemas continúan en vida, mientras que otros ya han fallecido. Las instituciones involucradas —Legislatura, Municipalidad, Senado— tendrán que evaluar cambios en sus estructuras de contratación y supervisión para prevenir prácticas similares. La percepción pública sobre la administración legislativa provincial podría sufrir alteraciones significativas si los hallazgos confirman décadas de desvíos sistemáticos. Diferentes perspectivas analizarán estos hechos: mientras algunos enfatizarán la necesidad de reformas administrativas profundas, otros destacarán la capacidad de las instituciones de justicia para detectar y procesar delitos de esta envergadura. Lo que permanece claro es que los documentos que el juez Atencio ordenó entregar constituirán piezas fundamentales en la determinación de responsabilidades y alcances definitivos de esta causa.