Un modelo importado en tiempos de contradicciones
El presidente Javier Milei anunció esta semana la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, replicando una estructura que funciona en Estados Unidos desde hace más de siete décadas. El movimiento se enmarca dentro de un alineamiento explícito con la administración Donald Trump y surge acompañado de un endurecimiento retórico respecto de la cuestión Malvinas. Sin embargo, el anuncio genera interrogantes significativas cuando se consideran los pasos que simultáneamente ha adoptado la institución militar argentina durante estos últimos meses. Mientras el Gobierno prometía reforzar la arquitectura de seguridad nacional, la Armada ya había procedido a desactivar infraestructuras clave y retirar de servicio equipamiento que históricamente jugó roles determinantes en conflictos previos.
La estructura que Milei propone tomar como referencia nace del contexto de la posguerra mundial. Fue Harry S. Truman quien en 1947 impulsó una reorganización profunda del sistema estadounidense de defensa e inteligencia, instancia tras la cual emergieron organismos como el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El Consejo funciona como el principal mecanismo de asesoramiento presidencial en cuestiones vinculadas a la seguridad del Estado, la política exterior y la defensa, coordinando la actuación de múltiples carteras gubernamentales. A lo largo de su historia, participó en decisiones de envergadura: desde la Guerra de Corea hasta la operación que culminó con el fallecimiento de Osama bin Laden en 2011. Durante el conflicto de Malvinas, precisamente, fue el aparato asesor del NSC quien guió al presidente Ronald Reagan hacia una posición de apoyo decidido al Reino Unido tras fracasar un intento inicial de mediación.
Dinero anunciado y capacidades que se desvanecen
El Gobierno oficializó un incremento presupuestario aproximado de $218.000 millones destinado al Ministerio de Defensa para este ejercicio. De ese monto, más de $200.000 millones serán canalizados hacia la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la finalización de la Base Petrel, en la Antártida. Adicionalmente, se autorizo un aumento de $30.519 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que representa un incremento porcentual del 20,85% respecto a sus asignaciones previas. Estos números parecerían significativos dentro del contexto macroeconómico argentino actual. No obstante, plantean un contraste notable cuando se contemplan las medidas que inmediatamente antes había ejecutado la institución castrense.
Semanas previas al mensaje presidencial, la Armada anunció públicamente la desprogramación de los aviones Super-Etendard, equipamiento que alcanzó notoriedad internacional durante el conflicto de 1982 por su participación en operaciones de combate. En paralelo, procedió a la desactivación de la Base Aeronaval de Punta Indio y ejecutó el traslado de la Escuela de Aviación Militar. Estas decisiones conllevan implicancias estratégicas que trascienden lo administrativo: inciden directamente sobre la capacidad de vigilancia y control que Argentina ejerce sobre el Río de la Plata y la Hidrovía, arterias de circulación comercial de relevancia regional. Un oficial de la institución castrense sintetizó en términos directos la naturaleza de la contraposición: "Los sistemas de defensa y seguridad en Estados Unidos y la Argentina son muy similares. La diferencia es que allá la defensa es prioritaria".
Marcos legales existentes y su subutilización
Lo que frecuentemente se omite en los anuncios de restructuración institucional es que la Argentina ya dispone de mecanismos legales concebidos para coordinar acciones en materia de seguridad nacional. Desde 1988, seis años después de finalizado el conflicto de Malvinas, la ley de defensa promulgada durante la administración Raúl Alfonsín estableció el Consejo de Defensa Nacional, órgano facultado para "asesorar y asistir" al Presidente en "la conducción integral de la guerra". Existe además el Consejo de Seguridad Interior, instituido mediante la ley 24.059, que prevé la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas de seguridad cuando un comité de crisis así lo requiere. Un analista de origen militar expresó la dificultad sustancial: "Los organismos en la Argentina frente a situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional ya están conformados. Pero muy pocas veces se reúnen". La creación de nuevas instituciones, por lo tanto, no necesariamente resuelve la cuestión de fondo: la priorización política y presupuestaria de las políticas de defensa dentro del aparato estatal.
Juan Martín Paleo, quien ejerció como jefe de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, manifestó tanto entusiasmo como escepticismo respecto del anuncio presidencial. Reconoció que el mensaje representa un cambio retórico significativo, pero cuestionó los antecedentes observables en la gestión libertaria. "¿Por qué si en los últimos tres años no hubo fondos, ahora llegarán? La conducción estratégica nacional se ejerce con recursos, que es lo que materializa las prioridades. En ese sentido, los antecedentes no son buenos", señaló. El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Alberto Presti, aún aguarda mayores precisiones sobre la conformación del Consejo que será elevado al Congreso para su aprobación. También permanece pendiente la ratificación de la Directiva de Política de Defensa Nacional, instrumento estratégico que fija los lineamientos políticos y militares de una administración.
Inconsistencias en el enfoque respecto de soberanía e intereses nacionales
Paleo también formuló interrogantes sobre la coherencia estratégica del Gobierno en materia de soberanía. Mientras el Ejecutivo endurece la postura frente a la cuestión de Malvinas, apuntando específicamente a la explotación petrolera offshoreen la zona, el exjefe militar cuestionó por qué no se adopta idéntica actitud frente a otros hechos consumados: el radar británico en Tolhuin y los buques que navegan el Atlántico Sur bajo bandera de las islas. "Con la misma lógica, el Gobierno tendría que perseguir jurídicamente a las empresas de España, Corea del Sur y Noruega que tienen licencias británicas y explotan recursos pesqueros en nuestro litoral marítimo. En lugar de petróleo sacan pescado, que también son recursos", expresó. La observación apunta a una posible selectividad en la aplicación de principios que se presentan como universales.
Dentro de sectores de análisis estratégico y especialistas retirados, el anuncio presidencial ha generado reacciones dispares. El Foro Argentino de Defensa (FAD), organización que agrupa a militares en retiro, académicos e intelectuales especializados en geopolítica y estrategia, recibió favorablemente el discurso. Su presidente, Santiago Lucero Torres, caracterizó el momento como un "cambio de época" y advirtió que "Malvinas no puede seguir siendo pensada con las categorías de 1982, ni como una fotografía congelada durante los últimos cuarenta años". Enfatizó la necesidad de comprender el valor estratégico del Atlántico Sur en el escenario internacional contemporáneo e insistió en la imperatividad de "incorporar la seguridad hemisférica como uno de los ejes de la política exterior y de la defensa argentina para las próximas décadas". Este posicionamiento refleja una perspectiva que trasciende el conflicto histórico para enmarcarlo dentro de dinámicas geopolíticas actuales.
Perspectivas sobre las consecuencias de esta arquitectura institucional
La creación de un Consejo de Seguridad Nacional réplica del modelo estadounidense abre múltiples senderos de interpretación respecto de sus posibles resultados. Un primer escenario contempla la posibilidad de que la nueva estructura logre coordinar de manera más eficaz las políticas de seguridad, defensa e inteligencia, generando mayor coherencia estratégica en decisiones de relevancia nacional. Esto dependería, sin embargo, de que los recursos comprometidos se ejecuten efectivamente y de que exista una voluntad política sostenida de priorizar estas áreas en el mediano y largo plazo. Un segundo escenario plantea que la iniciativa quede circunscrita a un anuncio de corte simbólico, sin traducirse en modificaciones sustanciales en la asignación de recursos ni en la toma de decisiones operativas, particularmente si continúan observándose inconsistencias entre el discurso y las acciones de las instituciones castrenses. Un tercer escenario, de carácter más crítico, sugiere que el énfasis puesto en un alineamiento con estructuras estadounidenses podría consolidar una dependencia estratégica respecto de Washington en temas vinculados a la seguridad regional, con implicancias que exceden el scope de un análisis coyuntural. Cualquiera sea la trayectoria que asuma esta iniciativa, su evolución dependerá de la consistencia demostrada entre los anuncios y las acciones verificables, así como de la capacidad de las instituciones involucradas para ejercer sus funciones de manera coordinada y con recursos suficientes.
