Después de más de cien días sin actividad legislativa ordinaria, la Cámara de Diputados bonaerense reanudó sus funciones en una jornada que puso en evidencia las fisuras políticas que atraviesan la provincia. El evento ocurrió en el mes de mayo, marcando el primer encuentro plenario desde que el gobernador Axel Kicillof encabezara la ceremonia de apertura del período legislativo a comienzos de marzo. Con apenas 50 de los 92 legisladores presentes, la sesión se desenvolvió bajo la conducción de Alejandro Dichiara, quien preside el cuerpo. La convocatoria, aunque tardía, se propuso como una señal de retorno a la normalidad institucional en una provincia donde el bloque peronista mantiene posiciones enfrentadas que han frenado tanto la actividad de la Cámara baja como la suspensión absoluta de sesiones en el Senado.
Conflictividad política y demoras sin precedentes
Las críticas no tardaron en llegar desde diversos sectores de la bancada legislativa. La diputada Sabrina Sabat, que integra el bloque Unión y Libertad, cuestionó severamente la demora en convocar a sesión ordinaria, subrayando que se había desperdiciado un período crucial para debatir y sancionar iniciativas destinadas a atender problemáticas urgentes. Su intervención destacó la gravedad de situaciones pendientes: el deterioro de la seguridad pública, la crisis de cobertura sanitaria a través de IOMA, el cierre de pequeños y medianos comercios, y una economía provincial en retracción. Estas observaciones resonaron con preocupaciones que trascienden el ámbito legislativo, reflejando malestares amplios en la sociedad bonaerense. Sin embargo, los legisladores que integraban la bancada oficial respondieron con argumentaciones que apuntaban a defender el trabajo realizado en comisiones durante el período de inactividad parlamentaria formal. Diego Garciarena, representante de la UCR+Cambio Federal, sostuvo que la productividad legislativa no debería medirse únicamente por la cantidad de sesiones convocadas, sino por el trabajo realizado en espacios de discusión sectorial. Posiciones similares fueron articuladas por Alejandro Rabinovich, del PRO, quien respaldó esta perspectiva institucional. El jefe del bloque mayoritario, Facundo Tignanelli, fue más allá al advertir que cuestionar públicamente el ritmo de funcionamiento parlamentario podría fortalecer narrativas de deslegitimación de las instituciones democráticas.
Normas de seguridad en infraestructuras recreativas y otras iniciativas aprobadas
Entre los expedientes que obtuvieron aprobación durante la sesión se destaca el proyecto denominado "Ley Joaquín", impulsado por el bloque oficialista. Esta iniciativa legislativa busca establecer un conjunto de medidas obligatorias dirigidas a garantizar la seguridad en la instalación, mantenimiento y uso de arcos de fútbol, estructuras para juegos de plaza, postes de energía y otras instalaciones recreativas o deportivas ubicadas tanto en espacios de acceso público como privado. El origen de esta propuesta tiene raíces en un hecho trágico que sacudió a la provincia a comienzos de año: la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, quien falleció en enero durante un viaje familiar a la provincia de Neuquén cuando una estructura de arco de fútbol se desmoronó sobre él. La iniciativa fue formulada en colaboración estrecha con los familiares del menor, buscando convertir una tragedia personal en un marco normativo que reduzca riesgos similares en el futuro.
Además de esta propuesta de seguridad, el cuerpo legislativo otorgó medias sanciones a otros proyectos de diversa índole. Uno de ellos consistió en una declaración orientada a reconocer como ciudadana ilustre a Eleonora Cassano, intérprete destacada en el ámbito de la danza clásica con trayectoria significativa. Simultáneamente, la provincia adhirió mediante legislación local a la normativa nacional de diagnóstico humanizado, un enfoque que busca modificar protocolos médicos para integrar perspectivas centradas en la experiencia del paciente y su contexto socioemocional durante procesos de evaluación de la salud.
Tensiones sobre subsidios de energía y sus implicancias provinciales
La sesión también fue escenario de un debate intenso acerca de la modificación de subsidios energéticos en regiones caracterizadas por climas rigurosos. Esta discusión, que había comenzado a desplegarse días previos en el recinto nacional de diputados, encontró réplica en la Legislatura provincial. El bloque identificado con La Libertad Avanza respaldó públicamente las decisiones del gobierno nacional encabezado por Javier Milei en torno a la reducción de asistencias económicas directas a usuarios de servicios de energía eléctrica. Por el contrario, legisladores pertenecientes a bloques opositores —tanto peronistas como de otras fuerzas— expresaron su preocupación sobre el impacto que tales medidas podrían ejercer en la capacidad de pago de los ciudadanos bonaerenses, especialmente durante los meses invernales cuando la demanda energética se incrementa significativamente. Los cuestionamientos giraron en torno a las consecuencias para sectores vulnerables, pequeños comercios y empresas de servicios que dependen de la estabilidad tarifaria como variable central de su viabilidad económica.
Conformación tardía de comisiones y tratamiento sobre tablas
Un aspecto operativo que caracterizó la sesión fue la necesidad de tratar numerosos expedientes sobre tablas, es decir, sin haber pasado previamente por el análisis de comisiones legislativas. Esta circunstancia derivó directamente de que apenas una semana antes la Legislatura había conformado sus comisiones permanentes, lo cual significa que durante aproximadamente dos meses y medio, las iniciativas no contaron con espacios formales para su revisión temática. Entre los asuntos de orden institucional, el cuerpo aprobó la designación de dos representantes que integrarán el Consejo de la Magistratura bonaerense en representación de Diputados: Martín Endere, del partido PRO, y Diego Garciarena, de la coalición UCR+Cambio Federal. Este órgano cumple funciones de supervisión sobre el funcionamiento de la justicia provincial y la administración disciplinaria de magistrados.
Panorama institucional y perspectivas futuras
El regreso a sesiones ordinarias refleja un contexto de complejidad política interna que va más allá del mero funcionamiento legislativo. Las tensiones dentro de la alianza gobernante han impactado significativamente en la capacidad de convocatoria tanto de la Cámara baja como especialmente del Senado provincial, donde aún no se han realizado convocatorias a sesión desde la apertura del período. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema legislativo bonaerense para responder a demandas de la ciudadanía, sancionar normativas necesarias, y fiscalizar la gestión ejecutiva. Los defensores del funcionamiento actual argumentan que el trabajo en comisiones y negociaciones previas son etapas legítimas de la deliberación democrática, mientras que los críticos sostienen que la prolongada inactividad formal debilita la institucionalidad representativa. Lo cierto es que la provincia enfrenta desafíos inmediatos —económicos, de seguridad, sanitarios— que requieren respuestas legislativas rápidas y efectivas, y el ritmo al cual se procese la agenda de proyectos será un indicador a monitorear en las próximas semanas. Las diferencias dentro del oficialismo bonaerense seguirán condicionando tanto la convocatoria a nuevas sesiones como la velocidad de sanción de iniciativas, con implicancias que se proyectarán en el acceso a derechos, la protección de ciudadanos y la gobernanza provincial.
