Hay algo que el dinero no puede comprar, pero que la política bonaerense demuestra que sí puede bloquear: el tiempo legislativo. A más de dos meses del inicio formal del período ordinario de sesiones, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires permanece en un estado de hibernación que ya no admite eufemismos. Las comisiones de trabajo no fueron constituidas, los recintos no abrieron sus puertas para debatir leyes de fondo, y los proyectos que tanto el gobernador Axel Kicillof como los principales bloques opositores presentaron con bombos y platillos duermen el sueño de los justos en los cajones de una institución que cobra pero no produce. Lo que está en juego no es solo una cuestión de procedimiento: es la capacidad del Estado provincial de legislar sobre salud, seguridad, justicia y sistema electoral en un año políticamente cargado.
Un reloj que arrancó el 2 de marzo y sigue en cero
El período ordinario de sesiones de la Legislatura bonaerense se abrió formalmente el 2 de marzo, fecha en la que el propio gobernador pronunció su discurso ante el cuerpo legislativo y anunció las prioridades de su gestión para 2025. Sin embargo, desde entonces, ni la Cámara de Diputados ni el Senado provincial celebraron una sola sesión ordinaria. El balance real de actividad legislativa es magro: en Diputados hubo una sesión extraordinaria el 24 de febrero —para crear la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía— y una sesión especial el 18 de marzo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria. El Senado, por su parte, realizó una sesión preparatoria el 27 de febrero para definir autoridades y una sesión especial el 26 de marzo por los cincuenta años del último golpe de Estado. Dos sesiones por cámara, ninguna de carácter ordinario, ninguna orientada a tratar legislación de gobierno o de oposición. El contador sigue en cero.
Este escenario no es solo una curiosidad institucional. La Legislatura bonaerense administra recursos públicos de magnitud considerable: la Cámara de Diputados cuenta con un presupuesto para este año de $222.800.000.000, mientras que el Senado dispone de $156.204.115.970. Esos fondos financian estructuras, sueldos, asesores y toda la maquinaria del poder legislativo provincial, que en este momento produce legislación a un ritmo que roza el cero absoluto. La paradoja es difícil de ignorar: una institución con semejante dotación presupuestaria que no logra constituir sus comisiones de trabajo dos meses después de iniciado el año legislativo formal.
Los proyectos de Kicillof, atrapados en el laberinto interno del peronismo
En su discurso de apertura de sesiones, Kicillof presentó un conjunto de iniciativas que definió como prioritarias para su gestión. Entre ellas, dos sobresalen por su impacto social directo. La primera es un proyecto de ley de producción pública de medicamentos, que el gobernador describió como una herramienta para reducir costos y garantizar el acceso a fármacos en todo el territorio bonaerense. La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad del Estado provincial de producir remedios esenciales, algo que en el contexto de ajuste del gasto nacional y deterioro del poder adquisitivo adquiere una relevancia concreta para millones de habitantes. La segunda es una reforma del marco legal que regula al personal policial, junto a modificaciones en la Ley de Seguridad Pública provincial. Ambos proyectos fueron mencionados explícitamente en el discurso ante los legisladores y ambos permanecen sin ningún tratamiento efectivo.
El trasfondo político de esta parálisis tiene nombre y apellido. La fractura interna del peronismo bonaerense, con Kicillof de un lado y Cristina Fernández de Kirchner del otro, se proyecta directamente sobre la dinámica legislativa. La disputa por el control del aparato partidario y por el liderazgo del espacio político que hasta hace poco parecía monolítico se traduce, en la práctica, en una incapacidad de articular mayorías funcionales para constituir las comisiones de trabajo. Desde el entorno del gobernador, la lectura es tajante: quienes no colaboran con la actividad legislativa habrían optado deliberadamente por una lógica confrontativa que perjudica al conjunto, en un momento en que —según esa lectura— la prioridad debería ser otra. Es una interna que tiene costos concretos en términos de políticas públicas postergadas.
La oposición también espera, con sus propias agendas varadas
Sería un error interpretar esta parálisis como un problema exclusivo del oficialismo. Los principales bloques de la oposición bonaerense acumulan expedientes sin movimiento y proyectos que tampoco encuentran el cauce institucional para avanzar. Uno de los temas que más unifica a los espacios opositores es la reforma del sistema electoral, en particular la implementación de la boleta única de papel. La iniciativa cuenta con adhesión de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica. A principios de abril, LLA presentó su proyecto en el Senado —una reedición de lo que ya había impulsado en 2024 sin éxito—, mientras que radicales y PRO tienen sus propias versiones en danza. El lunes de la semana pasada, UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica organizaron incluso una jornada de debate sobre boleta única, PASO y acceso a la información pública. Pero el debate extraparlamentario no reemplaza al legislativo, y sin comisiones constituidas, ninguno de esos proyectos puede seguir su curso.
Otro asunto que presiona sobre la agenda legislativa provincial es la adecuación del código procesal penal bonaerense a la reforma que el Congreso nacional aprobó en febrero de este año, cuando se bajó la edad de imputabilidad a 14 años. Esa ley establece un plazo de 180 días para que todas las provincias adapten sus marcos procesales a la nueva normativa. El reloj ya corre, y desde los bloques opositores advierten que mayo debería ser el mes límite para que la Legislatura al menos resuelva la conformación de sus comisiones, dado que el debate sobre imputabilidad requerirá tiempo y deliberación. Las referencias históricas no ayudan al optimismo: la provincia de Buenos Aires ya arrastra una larga tradición de reformas procesales debatidas a último momento y bajo presión, lo que suele derivar en legislación apresurada o directamente incompleta.
LLA tiene además frenados proyectos de reducción impositiva y de achicamiento del Estado provincial, de autoría del senador Matías De Urra, entre ellos uno para derogar la ley que declara la actividad audiovisual como de interés público y otro para disolver el Fondo Fiduciario del Programa de Seguridad Vial y del Transporte. El bloque de Unión y Libertad, cuyo referente es el senador Carlos Kikuchi —exarmador político del presidente Javier Milei—, presentó una propuesta para modificar la distribución de fondos de coparticipación hacia los municipios. El diputado radical Diego Garciarena tiene en la fila un proyecto para establecer la autarquía financiera del IOMA, la obra social estatal bonaerense. Y desde el Senado circula una iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles, que ni siquiera logró tomar estado parlamentario formal. La lista sigue.
¿Qué puede pasar si la situación no se desbloquea?
Las consecuencias de una Legislatura inactiva no son abstractas. Si el bloqueo se extiende sin resolución, el gobierno provincial perderá la ventana legislativa para aprobar iniciativas que requieren debate y construcción de consensos, no decretos de urgencia. La ley de producción de medicamentos, si llega tarde, puede convertirse en letra muerta para el ciclo presupuestario en curso. La reforma policial podría quedar en el limbo en un contexto en el que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los bonaerenses. Al mismo tiempo, la oposición corre el riesgo de llegar a las elecciones legislativas de medio término —que se celebrarán en octubre de 2025— sin haber podido mostrar ni un solo resultado concreto de su trabajo en el recinto. Para quienes impulsan la boleta única, ese fracaso podría tener un costo electoral directo. Hay también una dimensión institucional que trasciende el corto plazo: una Legislatura que no sesiona, que cobra y no legisla, alimenta el descrédito de la política en una provincia que concentra al cuarenta por ciento de la población del país. Si la parálisis se convierte en la norma y no en la excepción, el daño a la confianza ciudadana en las instituciones puede ser más duradero que cualquier proyecto de ley puntual.
