No hace falta esperar el próximo informe de una consultora para tomar el pulso de lo que ocurre en los grandes centros urbanos de la Argentina. Las señales están en los comedores que no dan abasto, en los vecinos que no pueden dormir pensando en cómo llegar a fin de mes, en los referentes barriales que ya no tienen nada para ofrecer y en los intendentes que rezan para que nada explote. Lo que está en juego no es solo la imagen de un presidente: es la viabilidad de un modelo que prometió transformar el país y que hoy enfrenta una pregunta que sus propios admiradores —inversores, banqueros, grandes empresarios— se hacen en voz baja: ¿hasta cuándo aguanta el tejido social antes de que el malestar se convierta en algo inmanejable?
Un malestar que tiene nombre y apellido: ingresos, empleo y deuda
El deterioro del clima social no es un fenómeno nuevo en la Argentina, pero la velocidad con que se está extendiendo en esta etapa tiene características que sorprenden incluso a quienes llevan décadas estudiando el comportamiento de los sectores populares. La combinación de caída de ingresos reales, pérdida de empleo —o el miedo constante a perderlo—, endeudamiento creciente de los hogares y la sensación de que el esfuerzo cotidiano no alcanza para ningún horizonte visible está generando una acumulación de tensiones que, según distintos relevamientos cualitativos y cuantitativos, ya se hace sentir en casi todas las regiones del país, aunque con especial intensidad en el área metropolitana de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires concentra la mayor densidad poblacional del país y, al mismo tiempo, los efectos más crudos de un programa económico que golpeó con fuerza a sectores con alta demanda de mano de obra. No es casualidad que sea allí donde el malestar se vuelve más audible.
El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por Poliarquía para la Universidad Torcuato Di Tella registró su tercera caída mensual consecutiva, y todo indica que el próximo Índice de Confianza en el Gobierno —que ya acumula cuatro meses a la baja— confirmará la misma tendencia. Los datos desagregados revelan una paradoja: en el interior del país, donde la confianza se mantiene más alta (en torno al 45,3%), la caída mensual fue la más pronunciada (10,57%). En el Gran Buenos Aires, en cambio, la baja fue menor en términos porcentuales (1,53%), pero el punto de partida ya era dramáticamente bajo: apenas 36,82% de confianza. El otro dato que no puede pasarse por alto es la brecha entre sectores sociales: mientras los hogares de mayores ingresos mostraron una caída de apenas el 1,8%, los de menores ingresos registraron un desplome del 12,6%. Las cifras trazan una geografía del descontento.
Insomnio, ansiolíticos y la angustia que atraviesa el cuerpo
Más allá de los números, hay una dimensión humana del malestar que los estudios cualitativos están capturando con una nitidez que incomoda. La consultora Trespuntozero realizó grupos focales con trabajadores formales e informales, desempleados, personas con y sin hijos a cargo, y lo que emergió de esas conversaciones va bastante más allá del descontento político habitual. Shila Vilker, directora de la consultora, describió una de las conclusiones más llamativas: la dificultad para conciliar el sueño apareció de manera espontánea en todos los grupos, sin distinción de edad ni segmento. "De noche la cabeza da vueltas con preocupaciones económicas", sintetizó el informe. Y lo que acompaña esas noches sin descanso también quedó registrado: el consumo de alcohol y ansiolíticos como recurso para dormir, y una creciente búsqueda de atención psicológica. "La crisis atraviesa el cuerpo y lo afecta. Eso no lo habíamos visto en estudios anteriores", señaló Vilker, subrayando la novedad clínica, casi, del fenómeno.
La directora de Trespuntozero introdujo también una distinción conceptual relevante para entender hacia dónde puede ir esto: "Hay más clima de implosión que de explosión", dijo, aunque aclaró que el avance del enojo por sobre la angustia abre interrogantes que nadie puede responder con certeza. Y agregó una comparación que resuena: el estado anímico que están relevando empieza a parecerse al que hizo posible la llegada de Javier Milei a la presidencia. La diferencia es que hoy no hay una figura política que esté capitalizando ese descontento desde afuera del sistema. Al menos, por ahora. Esa ausencia puede ser un amortiguador o una caldera sin válvula de escape, según cómo evolucionen los próximos meses.
Los intendentes sin plata y los referentes sin capital
El sociólogo y antropólogo Pablo Semán, que lleva años haciendo trabajo de campo en sectores populares del área metropolitana, describió con precisión quirúrgica lo que está ocurriendo en los barrios. La caída de planes sociales, la reducción de la asistencia alimentaria, el deterioro del empleo de todo tipo y el congelamiento de programas nacionales configuran, según su análisis, una situación "muy complicada" que domina el paisaje cotidiano. "Domina la angustia y parece que la situación va a implotar", dijo, aunque advirtió que ese territorio es "fértil para cualquier cosa". Lo que ya se está viendo hacia afuera, explicó, son hurtos más frecuentes, robos más violentos, conflictos intrabarriales y aumento en el consumo de sustancias. Pero lo más grave, según Semán, es algo menos visible: la ruptura de la cadena de contención que históricamente articuló a vecinos, referentes comunitarios e intendentes. Esa red, que funcionó como un amortiguador social durante décadas, está quedando sin recursos y sin legitimidad al mismo tiempo.
El cuadro que describen intendentes del conurbano bonaerense de todo el arco político —desde el kirchnerismo en sus distintas variantes hasta el macrismo y el radicalismo— es coherente con ese diagnóstico. La caída de la recaudación municipal, producto del enfriamiento de la actividad económica, se traduce en menor coparticipación y en la necesidad de aumentar tasas para compensar la pérdida. Ese mecanismo genera un círculo vicioso: los contribuyentes que cumplen sienten que pagan más por menos, lo que agrava el descontento. "Los que mejor la están llevando son, paradójicamente, los municipios más grandes, porque tienen más demanda pero también más recursos", describió un asesor de uno de los distritos más poblados del conurbano. Y añadió: "Los que pusieron plata a plazo fijo están aguantando con eso, pero no les sobra nada". Los referentes barriales, en ese contexto, perdieron su capacidad de dar respuestas concretas a sus vecinos y, con eso, perdieron también su influencia. Los intendentes, por su parte, esperan que nada escale.
La Iglesia, el observatorio y los datos que no mienten
Desde otro ángulo, la Iglesia Católica aportó su propia lectura de la situación. El arzobispo de Luján, Jorge Scheinig, señaló que la demanda de alimentos en los comedores de Cáritas creció en los últimos meses, y que también aumentaron las consultas por dificultades para acceder a medicamentos y por falta de trabajo. No es un dato menor que provenga de una institución con presencia capilar en los barrios más vulnerables del país, donde el Estado muchas veces llega tarde o no llega.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, cerró el mosaico con una síntesis que merece atención: si bien la inflación bajó —y eso es un alivio real—, el trabajo informal aumentó, la precarización laboral se profundizó y la dependencia de programas sociales es hoy mayor que antes. "Hay más pobreza crónica estructural. Y los niveles de pobreza están solo un punto abajo de los que teníamos en 2023", dijo el especialista. Esa referencia temporal importa: 2023 fue el año en que el malestar acumulado catapultó a Milei a la Casa Rosada. Volver a ese umbral, sin haber resuelto los problemas de fondo, es una señal que el propio gobierno no puede ignorar.
Las posibles consecuencias de este escenario admiten lecturas muy distintas según desde dónde se mire. Para quienes valoran los logros macroeconómicos de la gestión —la baja de la inflación, la mejora en las cuentas fiscales, la reducción de tasas y encajes bancarios como intento de dinamizar la microeconomía—, el deterioro del clima social es un costo temporal de una transformación estructural que lleva tiempo. Para quienes estudian el comportamiento de los sectores populares, el avance del enojo sobre la angustia y la ruptura de las redes de contención barriales abren interrogantes sobre la estabilidad política de mediano plazo. Para los grandes tomadores de decisiones económicas que ya están ampliando su radio de consultas, la pregunta central es si el gobierno tiene la sensibilidad y los instrumentos para actuar en circuitos paralelos —el económico, el político y el social— sin que la coherencia de uno cancele la viabilidad de los otros. La historia argentina ofrece sobrados ejemplos de programas económicos que no pudieron sostenerse en el tiempo porque subestimaron esa dimensión. Y también de gobiernos que reaccionaron a tiempo. Los próximos meses definirán de qué lado de ese registro quedará esta experiencia.
