Lo que parecía ser un escenario consolidado en las estructuras del poder judicial nacional se desmoralizó en cuestión de horas. La elección de representantes de los jueces federales y nacionales al Consejo de la Magistratura, realizada esta semana en las instalaciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal, produjo un resultado que nadie anticipaba en su totalidad: el oficialismo perdió un consejero, el peronismo duplicó su representación y surgió un sector independiente como segunda fuerza. Los números finales aún no están cerrados —falta el conteo de urnas del interior del país—, pero los márgenes son tan reducidos que cada cifra se decidió por fracciones de votos. En una jornada donde la diferencia entre ganar y perder fue exactamente un voto, quedó clara una realidad que pocas veces es evidente: en las instituciones republicanas, cada participación cuenta.
Un mapa electoral sorprendente dentro de la judicatura
Según los registros preliminares difundidos por voceros de la lista oficialista, la distribución quedó conformada de la siguiente manera: la Lista Bordó, identificada con el gobierno de Javier Milei, obtuvo 203 votos, quedando como la más votada en números brutos. Sin embargo, ese volumen de sufragios no se tradujo en la cantidad de consejeros que esperaban. Por su parte, Compromiso Judicial alcanzó 185 votos, consolidándose como la segunda expresión en votos totales y, de modo significativo, como la más votada específicamente en la Capital Federal. La sorpresa llegó con las listas identificadas con el peronismo: la Celeste 1 reunió 102 votos mientras que la Celeste 2 logró 127 votos, siendo esta última la gran revelación de la contienda.
Lo inusual de este escenario radica en que la cantidad de votos no determinó automáticamente la cantidad de bancas. El sistema utilizado para la elección de consejeros funciona mediante un mecanismo de proporcionalidad que genera estos desajustes. Como resultado, cada una de las cuatro listas que participó logró colocar un representante en la institución. Quién asuma cada banca marca diferencias profundas en cómo se ejercerá poder sobre la administración y designación de jueces en toda la república.
Los ganadores inesperados: el peronismo multiplicado
Hasta la noche electoral, el peronismo contaba con una única voz en el Consejo de la Magistratura: Alberto Lugones, camarista de San Martín. Los resultados de esta jornada significan que su representación se duplicó. Ahora ingresarán Paula Castro, vinculada al peronismo más tradicional a través de la Celeste 1, y Gabriela Vázquez, camarista kirchnerista que encabezaba la Celeste 2. Esta última fue definida por observadores cercanos como la "revelación electoral" de la noche, consiguiendo números que sorprendieron incluso a propios y ajenos.
Para los espacios peronistas, el triunfo tiene implicancias estratégicas. El Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional responsable de designar, remover, suspender y juzgar a los magistrados de la justicia federal y nacional. Ejercer influencia en sus decisiones significa incidir sobre quién integra los tribunales que resuelven causas de envergadura política y social. El retorno a dos consejeros peronistas, después de años de menor representación, marca un giro en esta correlación de fuerzas.
Lo que probablemente sorprendió más a los analistas políticos fue cómo dos listas identificadas con el mismo movimiento político lograron penetrar la barrera de selectividad, compitiendo entre ellas pero obteniendo ambas acceso al organismo. Esto sugiere que existen fisuras dentro del peronismo respecto a cómo encarar la estrategia institucional, y que esas divisiones se reflejan incluso entre los magistrados vinculados a ese espacio político.
El descalabro inesperado del oficialismo
Cuando iniciaron las operaciones el Gobierno nacional contaba con dos consejeros en el Consejo: Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero. Las expectativas de la lista Bordó eran ambiciosas: aspiraban a ampliar su representación a tres lugares, sumando un nuevo consejero que reforzara su posición. La realidad fue la contraria. Perderán uno de sus dos lugares y retendrán apenas a Marcelo Gallo Tagle, que encabezaba la lista oficialista. La reducción de dos a uno en la bancada significa una merma significativa de influencia en decisiones sobre personal judicial.
Los dirigentes de la lista Bordó buscaron explicaciones para comprender la derrota. Según sus propios relatos, aproximadamente veinte jueces integrantes de su agrupación estaban fuera del país en viaje y no participaron de la votación. Otros señalaron que existieron errores en la estrategia de nominación de candidatos, lo que permitió que acumularan votes en votos totales sin que eso se tradujera en más lugares en el Consejo. Sea cual fuere la causa, el resultado es inequívoco: perdieron poder en una institución clave.
Compromiso Judicial consolida su rol de bisagra
Existe un espacio político dentro de la judicatura que se define a sí mismo de manera diferente a los grandes bloques. Compromiso Judicial, que obtuvo 185 votos, se posiciona como un sector que intenta mantener cierta independencia respecto a los partidos políticos tradicionales. Su representante será Juan Manuel Cullotta, quien reemplazará a Alejandra Provitola en la representación judicial. La importancia de este sector radica en que, en un organismo colegiado como el Consejo, los votos en bloque de una minoría pueden resultar determinantes para conseguir mayorías sobre decisiones concretas.
El hecho de que Compromiso Judicial haya resultado segunda en Capital Federal y segunda en votos totales nacional sugiere un electorado judicial que busca opciones fuera del eje oficialismo-peronismo. En organismos donde las decisiones requieren consensos amplios, esta posición de bisagra puede otorgar un peso desproporcionado a las preferencias de este sector.
El próximo capítulo: los abogados van a votar
La elección que ocurrió esta semana fue solo el primer acto. El Consejo de la Magistratura está compuesto por veinte miembros, cuya composición es heterogénea. Además de los cuatro jueces que acaban de elegirse, el organismo incluye cuatro abogados, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos académicos, y es presidido por Horacio Rosatti, quien mantiene su lugar por su condición de presidente de la Corte Suprema. Los abogados matriculados en todo el país irán a votar el 20 de octubre próximo para elegir sus cuatro representantes. Este llamado a elecciones abre nuevamente el juego político.
En las elecciones de abogados, la participación electoral es notoriamente baja. Aunque existe un padrón de aproximadamente 185.000 matriculados, la experiencia histórica muestra que solo alrededor de 36.000 efectivamente concurren a votar. Esto significa que pequeños márgenes pueden ser decisivos. Hay cuatro listas en competencia con orientaciones claramente distintas. Unidad en Defensa de la Abogacía, liderada por Ricardo Gil Lavedra e impulsada por la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, lleva como candidato a Alberto "Nacho" Biglieri, un administrativista que ya fue consejero entre 2019 y 2023. Esta lista reúne docenas de agrupaciones abogadiles y se presenta como la opción más establecida.
Compitiendo contra ella está Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y ahora conjuez de la Suprema Corte bonaerense. Detrás de esta lista se alinean sectores del peronismo junto con el radicalismo, incluyendo respaldo del senador Maximiliano Abad, del académico Diego Molea, del exconsejero Miguel Piedecasas y del gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora.
Un tercer sector peronista, esta vez con apoyo del auditor de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, presenta la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, liderada por Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Finalmente, el oficialismo de La Libertad Avanza participa por primera vez con su propia lista, denominada Abogados por la Libertad, cuyo candidato principal es Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo. Esta última candidatura marca un giro en la estrategia del Gobierno, que busca penetrar en la representación gremial de abogados.
Las implicancias de una magistratura en transformación
Los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura que se completarán en 2027 —cuando asuman los nuevos consejeros—, generarán alteraciones en la distribución de poder sobre decisiones judiciales de envergadura nacional. Un organismo que antes contaba con una presencia peronista marginal ahora tendrá voz amplificada. Un gobierno que esperaba consolidar su influencia sobre la judicatura experimentó un revés electoral. Un sector independiente demostró capacidad de convocatoria en al menos parte del territorio nacional.
La nueva configuración del Consejo implicará que futuras decisiones sobre designación de jueces, enjuiciamiento de magistrados y otros asuntos de envergadura institucional serán debatidas con una correlación de fuerzas diferente a la actual. Cómo se relacionen entre sí los distintos bloques representados —si buscan acuerdos amplios o si profundizan divisiones— determinará el tipo de justicia federal que caracterizará al país en los próximos años. Los resultados electorales de estos días son preliminares, quedan urnas por contar, pero los márgenes tan ajustados advierten que en democracia, cada voto realmente cuenta para modelar las instituciones.
