El laberinto judicial que rodea la adquisición de una monumental propiedad ubicada en el partido bonaerense de Pilar vuelve a bifurcarse. La Cámara Federal de Casación Penal, mediante resolución de los magistrados Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, reabrió la compuerta de un conflicto de competencia que parecía haber encontrado puerto: qué juzgado debe continuar investigando el entramado de supuestos testaferros alrededor de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino. Lo que en principio parecería un trámite técnico-procesal esconde una batalla de fondo sobre garantías constitucionales, jurisdicción y el respeto a reglas básicas del sistema judicial argentino. Los implicados apuntaron directo al corazón del asunto: no se trata solo de dónde se juzga, sino de si es válido cambiar de juez sin que medie una sentencia definitiva.

La propiedad en cuestión ocupa aproximadamente cinco hectáreas en Villa Rosa, dentro del partido de Pilar, una zona conocida por concentrar emprendimientos residenciales de alto standing. Los registros catastrales la vinculan con Real Central S.R.L., empresa que aparece bajo los nombres de Luciano Pantano y Ana Conte, su madre. En los allanamientos realizados en el predio los investigadores documentaron un inventario de bienes que poco tiene que ver con la vida cotidiana: 54 automóviles de lujo estacionados en sus garajes, instalaciones ecuestres con caballerizas funcionales, pistas para práctica de equitación y un helipuerto privado. Una tasación profesional asignó al conjunto un valor de mercado de 20 millones de dólares. Estos números son centrales en la hipótesis investigativa: ni Pantano ni Conte cuentan con un perfil económico que justifique, por sí solos, la adquisición de semejante activo.

Un expediente que no encuentra casa

Desde su apertura, el caso ha navegado entre juzgados como un barco sin brújula. El recorrido institucional refleja no solo complicaciones procedimentales, sino el peso que ejerce cada movimiento defensivo sobre la geografía judicial. La causa nació en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, donde se dictaron las primeras medidas cautelares y se autorizaron los operativos en la quinta. Allí se sentaron las bases de una investigación que apuntaría, según los fiscales, a desenmascarar un sistema de intermediación patrimonial. En un segundo momento, el expediente migró al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, entonces bajo la dirección de Marcelo Aguinsky. Este cambio de jurisdicción respondía a consideraciones legales sobre qué tribunal es materialmente competente para abordar delitos vinculados con operaciones económicas irregulares.

Sin embargo, durante la feria judicial de enero, los abogados defensores de Pantano presentaron una solicitud de inhibitoria ante el Juzgado Federal de Campana. La estrategia procesal buscaba que el expediente fuera reubicado nuevamente. El camarista Alberto Lugones, con jurisdicción en San Martín, acogió parcialmente este planteo y ordenó el traslado hacia el Juzgado Federal de Campana, específicamente bajo la supervisión de Adrián González Charvay. Menos de cuatro meses después, el 15 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión. El razonamiento de los jueces: la medida vulneraba garantías procesales. Pero la história no terminó allí. El 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía regresar al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, esta vez bajo el mando de Verónica Straccia, quien sustituyó a Aguinsky. González Charvay, acatando la orden, despachó nuevamente el expediente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El argumento que abre una grieta

La defensa de los acusados no aceptó sin resistencia este último movimiento. A través de su representante legal, el abogado Mariano Morán, planteó un recurso de casación que fue rechazado. Posteriormente, interpuso un recurso de queja directo ante la Cámara Federal de Casación Penal. El eje de su argumentación toca un principio clásico del derecho procesal penal: la garantía del juez natural, consagrada en la Constitución Nacional. La defensa sostenía que cada traslado del expediente, sin que medie una sentencia con autoridad de cosa juzgada, constituía una violación de esa garantía fundamental. Cuando se modifica la jurisdicción sin una resolución definitiva previa, se altera el equilibrio que la ley promete a toda persona imputada: ser juzgada por el tribunal originariamente competente.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio desestimaron inicialmente este planteo. En su consideración, la resolución sobre competencia no era una sentencia definitiva, ni tampoco obstruía la continuación de la investigación. Argumentaron que se trataba de un trámite técnico dentro del proceso, no de su fin. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal vio las cosas de manera distinta. Los magistrados Barroetaveña y Borinsky aceptaron la queja presentada por la defensa y decidieron convocar a una audiencia pública para revisar nuevamente todo lo actuado en la causa y determinar cuál es el tribunal que realmente debe proseguir con las investigaciones. Este giro implica que, tras siete meses de disputas jurisdiccionales, el máximo tribunal de casación en materia penal se apronta a examinar, de fondo, si todas esas migraciones procesales fueron legalmente válidas.

El contexto detrás de esta causa remite a debates más amplios sobre transparencia y legalidad en instituciones deportivas. La AFA, como organización rectora del fútbol argentino, ha sido objeto de múltiples investigaciones en años recientes relacionadas con irregularidades administrativas y financieras. El rol de Toviggino como tesorero lo coloca en una posición de responsabilidad sobre los fondos de la entidad. Las sospechas sobre la adquisición de una propiedad de semejante envergadura a través de terceras personas genera interrogantes sobre cómo se originaron los recursos y qué mecanismos fueron utilizados para ocultar la verdadera titularidad de los bienes. Los 54 automóviles de lujo hallados en allanamientos, junto con las infraestructuras de esparcimiento y recreación, perfilan un patrón de concentración patrimonial que trascendería las posibilidades económicas de Pantano y Conte según los investigadores.

Ahora, la pelota está nuevamente en cancha de Casación. La audiencia pública que se llevará a cabo determinará si la cascada de traslados fue apropiada, si se respetaron las garantías de las partes y, finalmente, quién tendrá la palabra para continuar desagravando este nudo de presuntas operaciones opacas. Lo que quedó en evidencia en estos siete meses es que incluso en el plano de las decisiones jurisdiccionales, existen espacios de disputa donde los procedimientos pueden ralentizarse, revertirse o cuestionarse. Dependiendo del resultado de esta nueva evaluación, el expediente podría consolidarse en manos de Straccia, regresar a González Charvay, o incluso replantearse la competencia desde el inicio. Para los investigadores, cada mes que transcurre en estas cuestiones procedimentales es tiempo ganado por quienes deseen que pruebas se borren o memorias se desvanezcan. Para la defensa, en cambio, cada vacilación del sistema judicial sobre dónde juzgar refuerza argumentos sobre garantías vulneradas. Lo cierto es que la verdad sobre el origen de esa mansión y sus 20 millones de dólares de valuación seguirá esperando mientras los magistrados dirimen dónde y cómo debe investigarse.