Un diagnóstico sobre la región y las prioridades locales
El panorama de la violencia en América Latina preocupa a los especialistas en seguridad pública. Durante una extensa presentación en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva abordó este escenario complejo, aunque con un matiz que distingue a la Argentina del contexto regional. La funcionaria, quien integró equipos de trabajo en materia de seguridad bajo distintas administraciones, buscó posicionar al país como referente en materia de reducción de delitos graves, especialmente homicidios dolosos. Su intervención, que se extendió por más de noventa minutos ante académicos y expertos en relaciones internacionales, tocó dimensiones que van desde lo estadístico hasta lo conceptual, generando debates sobre los límites de las políticas de reinserción carcelaria.
El contexto en el que Monteoliva realizó su alocución adquiere relevancia particular. Solo días antes, disturbios en los alrededores del Congreso Nacional durante la votación de una ley sobre protección de la propiedad privada habían generado tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Desde el entorno de la ministra, estos incidentes fueron caracterizados como acciones coordinadas tendientes a provocar caos, mientras que quienes protestaban cuestionaban la actuación de los uniformados. Este panorama de conflictividad contribuyó a definir el trasfondo sobre el cual Monteoliva presentaba su visión sobre orden público y gestión de seguridad.
Los números y la comparación regional
Uno de los eje centrales de la exposición giró en torno a cifras que muestran un descenso en la tasa de homicidios en territorio argentino. Según los datos que Monteoliva exhibió, la cifra pasó de 4,4 muertes por cada cien mil habitantes a 3,6 en la actualidad, lo que representaría el registro más bajo en la historia moderna del país y también en el conjunto de naciones latinoamericanas. Este dato adquiere peso considerando que América Latina concentra la tercera parte de los homicidios dolosos que ocurren a nivel mundial, a pesar de representar una fracción mucho menor de la población planetaria. La región mantiene la tasa de homicidios más elevada de todos los continentes, según los estándares internacionales de comparación.
La ministra enfatizó que dentro de este panorama de violencia regional, aproximadamente el cincuenta por ciento de los homicidios dolosos en América Latina guarda relación directa con organizaciones del crimen organizado transnacional. Esta proporción subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva que trascienda las fronteras nacionales. Monteoliva, quien acaba de regresar de Panamá donde participó en encuentros con una coalición de dieciocho naciones americanas dedicadas a combatir el crimen organizado, expresó optimismo respecto de la capacidad argentina para servir como modelo a otras jurisdicciones. Específicamente, destacó el cambio percibido en Rosario tras la implementación del Plan Bandera iniciado en marzo de dos mil veinticuatro, subrayando el trabajo coordinado entre autoridades nacionales, provinciales y municipales.
El crimen organizado y sus raíces económicas
Al analizar las causas del fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales en el subcontinente, Monteoliva identificó tres variables fundamentales. En primer lugar, mencionó el incremento sostenido de la demanda de cocaína desde la década pasada. En segundo término, señaló el crecimiento del mercado ilegal de oro, vinculado tanto a la explotación ambiental como a esquemas de blanqueo de capitales. Finalmente, hizo referencia al aumento de la demanda de personas con fines de trata sexual y laboral, un delito que alimenta redes criminales en toda la región. Estas tres variables convergen en territorios de América Latina, creando ecosistemas complejos donde el crimen organizado prospera.
Respecto de los esfuerzos de incautación de estupefacientes en Argentina, Monteoliva refirió dos años consecutivos con récords de decomiso. Al justificar estas cifras, la ministra optó por una comparación que resultó polémica en algunos círculos: prefirió contrastar los resultados actuales con los obtenidos durante su gestión anterior, en dos mil dieciocho, bajo una administración diferente, antes que con los registros del período más reciente. Esta metodología de comparación refleja una estrategia comunicacional que busca distanciarse de la gestión precedente y reforzar la continuidad respecto de una etapa anterior que la funcionaria considera más exitosa. La decisión de no equiparar los números con los de la etapa intermedia fue calificada por la ministra como más rigurosa y pertinente.
El debate sobre la reinserción y los límites del sistema
Un momento de particular transparencia llegó cuando Monteoliva fue consultada acerca de iniciativas orientadas a la reinserción de personas privadas de libertad mediante actividades deportivas. Si bien reconoció la importancia de tales esfuerzos, la ministra se permitió expresar sus dudas sobre la viabilidad generalizada de estos programas. Monteoliva manifestó su escepticismo respecto de la posibilidad de reinsertar a todos los detenidos, sugiriendo que décadas atrás tal objetivo pudo haber sido más realista, pero que en la actualidad enfrenta obstáculos significativos. En su perspectiva, resulta necesario aplicar criterios rigurosos basados en experiencia para determinar cuáles casos permitirían efectivamente la reinserción y cuáles no.
Esta posición implicó una crítica a lo que la ministra denominó como "garantismo", refiriéndose a un enfoque que prioriza derechos procesales y protecciones legales sin considerar otras dimensiones. Monteoliva argumentó que la población ha sido "víctima" de este énfasis, aunque no profundizó en la especificidad de tales afirmaciones. Su visión sugiere un reposicionamiento respecto de cómo concebir la función del sistema carcelario: menos como instrumento de rehabilitación universal y más como mecanismo de contención de individuos considerados de alto riesgo. Esta perspectiva genera tensiones con enfoques de derechos humanos que ven la reinserción como un objetivo fundamental del sistema penitenciario.
Distinciones internacionales y modelos alternativos
Cuando se le preguntó sobre el modelo de seguridad implementado en El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, Monteoliva estableció diferenciaciones claras. Mientras que el país centroamericano ha desarrollado lo que comúnmente se describe como una política de "mano dura" caracterizada por encarcelamientos masivos y redadas preventivas, la funcionaria argentina propuso distinguir entre esa estrategia y lo que ella denominó una política de "mano firme". Según su argumentación, tales enfoques no son equivalentes: la política argentina se basa en "decisiones firmes" sin replicar el modelo salvadoreño, que la ministra consideró inaplicable al contexto local dadas las realidades distintas de ambas naciones.
Esta clarificación resulta relevante en un contexto donde frecuentemente se asocian políticas de seguridad más severas con autoritarismo o represión indiscriminada. Monteoliva buscó establecer que existe un espacio intermedio entre el garantismo que critica y el modelo de encarcelamiento masivo implementado en Centroamérica. Sin embargo, evitó hacer evaluaciones explícitas sobre la gestión Bukele, limitándose a señalar que tal modelo "no se puede extrapolar" a Argentina. La ministra también formuló una definición conceptual que resultó significativa: "El orden público es un medio, no un punto de llegada", sugiriendo que la seguridad debe ser considerada como herramienta para alcanzar otros objetivos sociales, no como fin en sí mismo.
Contexto de continuidad y cambios de gestión
La trayectoria de Monteoliva en el área de seguridad refleja una continuidad institucional que la ministra enfatizó durante su presentación. Destacó que tanto ella como otros funcionarios de la cartera estuvieron presentes durante la administración de Mauricio Macri entre dos mil quince y dos mil diecinueve, cuando Patricia Bullrich ocupaba la cartera de Seguridad. Al retomar funciones en diciembre pasado, Monteoliva y su equipo encontraron un panorama que, según sus palabras, distaba significativamente de lo que ellos mismos habían dejado. Esta observación contiene una crítica implícita a la gestión que medió entre ambos períodos, sin mencionarla de manera explícita. La ministra señaló que recuperar la continuidad implicó también profundizar en iniciativas que habían comenzado años atrás.
El énfasis en la perspectiva transnacional que Monteoliva realizó durante su alocución refleja también sus vivencias personales: la funcionaria residió durante diecinueve años en Colombia, donde trabajó en asuntos relacionados con seguridad pública. Esta experiencia le permitió observar distintos modelos y sus consecuencias. Su crítica a la gestión reciente en Colombia bajo el expresidente Gustavo Petro, a quien describió como alguien que "hizo retroceder" el país "veinticinco años", sugiere que Monteoliva considera que ciertos enfoques de política de seguridad resultan contraproducentes. Sin embargo, esta evaluación también permanece en el terreno de lo general, sin desarrollar argumentos específicos que la sustenten.
Implicancias y perspectivas futuras del modelo de seguridad
Las posiciones presentadas por Monteoliva en el CARI plantean interrogantes sobre la dirección que tomará la política de seguridad en los próximos años. Su escepticismo respecto de la reinserción como objetivo universal choca con estándares internacionales de derechos humanos y con los marcos legales que en muchos países establecen la resocialización como fin del sistema penitenciario. La pregunta que surge es cómo evolucionará esta tensión: ¿hacia una mayor utilización del encarcelamiento como mecanismo exclusivamente de incapacitación, o hacia el desarrollo de criterios que permitan diferenciar entre casos donde la reinserción sea viable y otros donde no? La respuesta dependerá tanto de decisiones político-administrativas como de presiones desde sectores académicos, de derechos humanos y de organismos internacionales.
Asimismo, la reducción de homicidios dolosos que Monteoliva presentó como logro requiere análisis que trasciendan lo estadístico. Los datos sobre cifras más bajas en la historia argentina merecen consideraciones sobre metodologías de conteo, definiciones de delito, y causas multifactoriales que pueden incluir desde políticas de seguridad hasta cambios demográficos o económicos. La atribución lineal de tales reducciones a decisiones de una administración específica simplifica realidades complejas donde múltiples actores y fenómenos convergen. Por otro lado, la estrategia de comparación selectiva de cifras —contrastando con períodos específicos en lugar de series históricas completas— abre espacios a debates sobre la manipulación del discurso estadístico en materia de seguridad pública. El desafío para evaluadores independientes consistirá en desentrañar el aporte real de cada variable a los cambios observados, más allá de narrativas políticas que buscan reivindicar gestiones particulares.
