La provincia de Santa Fe experimenta un impasse legislativo que desnuda las tensiones dentro de la coalición gobernante. Lo que debería haber sido un trámite de aprobación se convirtió en un espacio de fricción política cuando el Senado no logró zanjar las diferencias sobre cómo regular la actividad de los cuidacoches no autorizados. El proyecto que ya había conseguido media sanción en Diputados el 5 de junio no pudo ser convertido en ley en la sesión prevista para este jueves, postergando indefinidamente un debate que tocaba aspectos sensibles para distintos sectores del bloque oficial. La próxima oportunidad para reanudar las discusiones llegará recién a fines de julio, cuando finalice el receso invernal que las cámaras legislativas suelen aprovechar para tareas de mantenimiento de infraestructura.
Lo que iniciialmente parecía un consenso sobre la necesidad de endurecer normas contra los trapitos terminó revelando grietas profundas dentro del interbloque Unidos. La propuesta original, presentada por el senador Ciro Seisas, incluía sanciones severas: desde trabajos comunitarios hasta privación de libertad en casos de reincidencia, con penas agravadas cuando mediaban amenazas o ejercicio de violencia. Ese proyecto riguroso llegó a la Cámara baja con intenciones de convertirse en ley sin mayores modificaciones. Sin embargo, durante el debate en Diputados ocurrió algo que el sector socialista del bloque y los legisladores cercanos al intendente Pablo Javkin no pudieron digerir: los cambios introducidos en la iniciativa redefinieron su alcance de manera sustancial.
Modificaciones que fracturaron el consenso
Los diputados incorporaron limitaciones importantes al texto que bajó desde el Senado. La nueva redacción restringió las sanciones únicamente a aquellas personas que ejercieran la actividad sin autorización expresa y en espacios donde existiera una prohibición previa en la normativa municipal. Esta precisión legal, que podría parecer técnica, representaba para algunos sectores del oficialismo una diferencia crucial: evitaba convertir la ley en una herramienta de represión indiscriminada. Simultáneamente, mantuvieron penas para quienes exigieran pagos de forma intimidatoria por estacionamiento o servicios vehiculares, y establecieron un mecanismo de alejamiento del lugar de infracción que oscilaba entre 60 y 120 días según la gravedad. Además, agregaron la creación de dos juzgados de primera instancia—uno en Rosario y otro en Santa Fe—con competencia exclusiva sobre las contravenciones derivadas de esta norma.
Estas adiciones legislativas transformaron el proyecto original. Lo que Seisas había diseñado como una norma de represión directa y expeditiva pasó a ser un mecanismo más garantista, que presumía la existencia de procesos judiciales formales. Precisamente este aspecto fue el que encendió una alarma en el ministerio de Seguridad provincial. Pablo Cococcioni, titular de esa cartera, intervino públicamente en el debate previo a la sesión plenaria para cuestionar el exceso de burocratización que suponía la propuesta. Según sus expresiones, los cambios introducidos en Diputados transformaban un problema de orden público en un enredo judicial: "No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo". Su intervención funcionó como catalizador de las tensiones que ya existían debajo de la superficie.
El contraste con la experiencia porteña y sus implicancias
Mientras Santa Fe se debate sobre cómo legislar el tema, la Ciudad de Buenos Aires ya transandó su proceso legislativo con resultados más drásticos. En junio pasado, la legislatura porteña sancionó una reforma integral del Código Contravencional que elevó exponencialmente las sanciones económicas hasta alcanzar los $6,6 millones, amplió los períodos de arresto, e incorporó nuevos agravantes específicos. La norma capitalina distingue entre circunstancias que configuran intimidación, evidencia de organización previa detrás de la actividad, y situaciones de ejercicio en zonas sensibles—dentro de un radio de 30 cuadras de estadios, espacios de conciertos, parques u otros lugares de concentración masiva, durante tres horas antes y dos horas después de los eventos. Este modelo, impulsado por los bloques de Pro y La Libertad Avanza, representa una estrategia mucho más punitiva que la que pretende Santa Fe después de los cambios en Diputados.
La comparación entre ambas jurisdicciones expone diferentes filosofías legislativas frente a un problema que aqueja a ambas. Buenos Aires optó por la vía de la penalidad severa y expeditiva, sin demasiadas mediaciones judiciales formales en los tramos iniciales. Santa Fe, al menos en la versión que pasó por Diputados, intentó un balance entre la represión y las garantías procesales. Esta divergencia refleja, además, una fricción más amplia dentro de la coalición oficialista santafecina: mientras algunos sectores acompañan la línea "mano dura" característica del gobierno nacional y sus aliados locales, otros mantienen una posición más cautelosa frente a medidas que podrían afectar derechos procesales o profundizar desigualdades sociales.
El congelamiento de la sesión genera ahora una ventana temporal de al menos tres semanas para que los actores políticos intenten construir una síntesis viable. Pero las diferencias que quedaron expuestas no son meramente técnicas: tocan la pregunta más profunda sobre qué tipo de herramientas legales utilizar frente a una práctica que los gobiernos urbanos consideran problemática. El ala socialista del bloque Unidos y los legisladores vinculados a Javkin parecen temer que una ley sin los resguardos procedimentales que introdujeron en Diputados abra las puertas a una aplicación desigual y discrecional. Por su parte, Cococcioni y quienes lo acompañan en esa línea de pensamiento ven en los mecanismos garantistas una innecesaria demora para resolver un conflicto que, a su juicio, es principalmente de orden público.
Consecuencias de la dilación y escenarios posibles
La postergación de este debate hasta después del receso invernal tiene consecuencias que van más allá de lo circunstancial. Primero, mantiene en limbo regulatorio la actividad de los cuidacoches en Santa Fe, permitiendo que continúe sin normativa específica que la ordene o proscriба. Segundo, extiende un conflicto que toca fibras sensibles de la coalición gobernante, demostrando que las unidades de gobierno no son bloques monolíticos sino espacios atravesados por tensiones reales. Tercero, genera una comparación con Buenos Aires que podría presionar hacia una solución más cercana al modelo porteño, simplemente por una cuestión de "no quedar atrás" en materia de seguridad pública.
Desde diferentes ópticas, los observadores de la política santafecina pueden interpretar lo sucedido. Para unos, el fracaso de la sesión expresa una sabia prudencia: la necesidad de no apresurarse en legislar sobre derechos y garantías sin consenso previo. Para otros, revela una parálisis que impide al gobierno provincial actuar sobre un tema que sus propios funcionarios de seguridad consideran urgente. Lo cierto es que cuando las cámaras reanuden sus actividades a fin de mes, deberán resolver no solo una cuestión legal, sino una pregunta política más amplia sobre qué modelo de gobernanza de lo urbano Santa Fe desea adoptar en los próximos años.
