Dos décadas. Ese es el tiempo que lleva un expediente fundamental de la justicia federal argentina en la etapa de instrucción, sin avances significativos hacia el juicio oral. La causa que investiga el presunto vaciamiento de YPF, la empresa estatal petrolera, acaba de recibir un nuevo intento de dinamización: la Sala I de la Cámara Federal resolvió incorporar como querellante a Integridad Republicana, una organización de la sociedad civil que tendrá acceso pleno al expediente y podrá proponer medidas de prueba. Se trata de una decisión que, una vez más, va en dirección opuesta a la postura del juez Ariel Lijo, quien había rechazado la incorporación de esta asociación civil. El movimiento judicial abre interrogantes sobre la marcha de un proceso que toca intereses económicos de miles de millones de dólares y que ha trascendido las fronteras nacionales.
La resolución de los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se adoptó en la última jornada laboral de una semana de movimientos judiciales intensos. El tribunal consideró que los hechos bajo investigación —relacionados con la administración de la petrolera— podrían vulnerar derechos colectivos de la población, lo que justificaría que una organización especializada en transparencia y republicanismo accediera al legajo. Integridad Republicana, que será representada por el abogado Carlos Negri, se suma así a las provincias de Mendoza y Chubut como querellantes activos, ambas patrocinadas por Bernardo Saravia Frías, abogado que tuvo un rol central en la defensa estatal en litigios internacionales vinculados a este mismo expediente. La incorporación de la nueva querellante marca el segundo episodio en poco tiempo donde los jueces de Cámara se desmarcan de las decisiones de Lijo: en 2024 habían hecho lo mismo con otra organización, Contadores Forenses, aunque esta perdió actividad tras la muerte de uno de sus miembros destacados.
Dieciocho años de investigación sin conclusiones visibles
Cuando se analiza la trayectoria de esta causa desde su origen en 2006 como una denuncia, resulta evidente por qué surgen voces que reclaman impulso y claridad. La investigación descansa en el Juzgado Federal N° 4, bajo conducción de Lijo, con participación de la Fiscalía 7, primero bajo la dirección del fiscal Carlos Cearras —ahora fiscal de Cámara— y actualmente conducida por Ramiro González. A pesar de más de una década y media de tramitación, no se vislumbra fecha próxima para la conclusión de la instrucción. Antes de que la asociación Integridad Republicana fuera incorporada como querellante, ya había cuestionado la estrategia del magistrado. En específico, denunció una recusación en su contra, acusando a Lijo de prejuzgamiento encubierto mediante la inacción, es decir, de haber anticipado una solución favorable al caso manteniéndolo en suspenso indefinido.
El núcleo de la investigación se centra en una operación empresarial que cambió radicalmente la estructura accionaria de YPF: entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones de la compañía a través de un mecanismo de financiamiento donde los propios dividendos de la empresa serían los que pagarían la deuda contraída. Este esquema, según sostiene la denuncia inicial formulada y ampliada por la exdiputada Elisa Carrió, provocó consecuencias financieras desproporcionadas. La compañía estatal experimentó un sobreendeudamiento del 800% en el período comprendido entre 2005 y 2012. De manera simultánea, se distribuyeron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.700 millones serían considerados ficticios, pagados sin que mediaran ganancias reales en los libros contables de la empresa. Estos números, si se corroboran en un eventual juicio oral, representarían un daño patrimonial de magnitud comparable al presupuesto anual de provincias medianas del país.
El giro de 2012 y sus consecuencias internacionales
En 2012 ocurrió un evento que redibujó completamente los alcances del conflicto. La estatización de YPF, impulsada por decisiones del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, cambió la composición accionaria al recuperar el Estado el control mayoritario de la petrolera, anteriormente en poder de la empresa española Repsol. Sin embargo, esa medida no contempló dos disposiciones del estatuto de la compañía que establecían que quien adquiriese una determinada cantidad de acciones debería formular idéntica oferta al resto de los accionistas minoritarios. La omisión de estos requisitos desató una cascada de demandas internacionales que durante más de una década mantendría a la Argentina en litigios de alto riesgo financiero. El fondo de inversión estadounidense Burford Capital adquirió los derechos de litigio de dos empresas quebradas del Grupo Petersen, que argumentaban haber perdido todas sus ganancias futuras tras la reestatización. Estos derechos fueron adquiridos en un remate de la justicia española que administraba la quiebra de esas firmas.
Las implicancias legales de esa transacción de derechos litigiosos resonaron en Nueva York. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York falló en favor de Burford Capital, condenando a la Argentina al pago de 16.100 millones de dólares por incumplimiento del estatuto corporativo. Sin embargo, meses después, en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa sentencia de Preska. Los magistrados de la Corte Apelada reconocieron que, efectivamente, Argentina no había cumplido las disposiciones del estatuto, pero sostuvieron un argumento más contundente: las leyes de expropiación y nacionalización de un Estado se ubican jerárquicamente por encima de cualquier cláusula contractual interna de una empresa privada. Esa sentencia apelada constituyó un triunfo parcial para Argentina, que evitó una deuda equivalente a varias veces el presupuesto educativo nacional. La defensa estatal en ese litigio internacional estuvo bajo la conducción estratégica de Saravia Frías, quien ahora es patrocinante de las provincias querellantes en el expediente de Comodoro Py.
Integridad Republicana, la nueva querellante incorporada, cuenta entre sus integrantes a María Eugenia Talerico, quien se desempeñó como número dos de la Unidad de Información Financiera durante la administración Macri; al legislador radical Fabio Quetglas; y a Marcela Campagnoli, quien cumplió funciones como diputada nacional por el bloque radical. La confluencia de estos perfiles subraya el carácter transversal que ha adquirido el reclamo por mayor actividad en la causa. La participación de estos nuevos actores probablemente redefinirá el ritmo de presentación de medidas de prueba, recursos y solicitudes de avance, modificando la dinámica que ha caracterizado al expediente durante sus veinte años de existencia.
Perspectivas sobre el futuro del expediente
La incorporación de Integridad Republicana plantea escenarios diversos en cuanto a los tiempos y resultados de este complejo proceso judicial. Por un lado, la presencia de una organización civil con acceso a la totalidad del expediente y capacidad para proponer medidas probatorias podría acelerar la recopilación de evidencia y la fijación de hechos controvertidos, potencialmente acercando la etapa de instrucción a su conclusión. La experiencia con Contadores Forenses mostró que estas organizaciones pueden contribuir con análisis técnicos especializados. Por otra parte, existe el riesgo de que la multiplicidad de actores y la mayor cantidad de recursos y presentaciones intensifiquen los conflictos procedimentales, dilatando aún más los tiempos en una causa que ya ha consumido décadas. Asimismo, la tensión documentada entre los criterios del juez Lijo y la Sala de Cámara podría generar nuevos incidentes jurisdiccionales que trasladarían la disputa de fondo a debates sobre la propia conducción del caso. El expediente, que toca intereses de miles de millones de dólares y que ha proyectado sus consecuencias hacia cortes internacionales, permanece como un símbolo de las dificultades del sistema judicial argentino para resolver con celeridad asuntos de complejidad económica y política significativa.
