Una ley nacional que, según sus críticos, reescribe en silencio el mapa de poder entre la Nación y las provincias. Eso es lo que está detrás del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof convocó a ministros y secretarios de Trabajo de cinco provincias gobernadas por el peronismo, junto a los principales referentes de las centrales sindicales del país. El motivo: la Ley 27.802, conocida como "modernización laboral", impulsada por el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza. Lo que se puso sobre la mesa no fue solo una discusión técnica: fue una disputa de fondo sobre quién manda en materia laboral dentro de cada territorio, y hasta dónde puede llegar el Congreso Nacional sin pisarle los talones a las autonomías provinciales.
Una ley, trece problemas
El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno platense y reunió a funcionarios del área laboral de Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa, completando así un bloque de seis distritos de extracción peronista que decidieron articular una posición común frente a la normativa sancionada. Del lado sindical, estuvieron presentes figuras de peso: Octavio Argüello, secretario general de la CGT; Hugo Godoy, de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Héctor Daer, de la Federación de Sanidad; Roberto Baradel, de la CTA provincia de Buenos Aires; y Oscar de Isasi, de la CTA Autónoma bonaerense. El cónclave no fue meramente protocolar: se analizaron en detalle 13 puntos críticos de la ley que, a juicio de los presentes, implican una pérdida concreta de atribuciones para las carteras laborales de cada provincia.
Las irregularidades identificadas abarcan un espectro amplio. Algunas disposiciones de la norma nacional legislarían sobre materia procesal que, históricamente, corresponde a los ordenamientos jurídicos locales. Otras incluirían cláusulas de primacía que pretenden desplazar el poder de policía provincial, en aparente contradicción con el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que delimita el alcance del Congreso para dictar los llamados "códigos de fondo" sin afectar las jurisdicciones donde se aplican. En ese marco, los dos puntos que generaron mayor preocupación se vinculan al derecho de huelga, donde los técnicos y funcionarios presentes consideraron que la extralimitación legislativa es particularmente evidente y así quedó plasmado en el documento suscripto durante el encuentro.
El federalismo como trinchera política
Kicillof tomó la palabra después de escuchar los diagnósticos de los funcionarios provinciales y fue contundente en su lectura: "Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral", afirmó, y agregó que lo que se está haciendo "es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones". La declaración conjunta suscripta ese día expresa formalmente la preocupación ante lo que el bloque considera una violación de la Constitución Nacional y de las constituciones provinciales, y llama a reafirmar la defensa de las atribuciones de cada distrito frente a cualquier avance del poder central.
No es la primera vez en la historia argentina que una disputa de este tipo aparece en el escenario político. La tensión entre el poder federal y las autonomías provinciales es una constante desde los orígenes mismos del Estado argentino, y el mundo laboral ha sido históricamente uno de sus campos de batalla más activos. La organización sindical, el poder de policía en materia de trabajo, la inspección de establecimientos y la regulación de conflictos colectivos fueron, en distintas épocas, objeto de pugnas entre Buenos Aires y el interior. Lo que cambia ahora es la escala de la reforma y la velocidad con que fue implementada, características propias del estilo legislativo del gobierno de La Libertad Avanza, que desde su llegada al poder en diciembre de 2023 impulsó transformaciones de alto voltaje en plazos acotados.
Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, se precisó que la participación de los representantes gremiales no fue accidental: la intención del encuentro fue mostrar que la resistencia a la ley suma tanto a estructuras estatales provinciales como a los propios actores del mundo del trabajo. En ese sentido, la presencia simultánea de funcionarios de gobierno y dirigentes sindicales buscó transmitir un mensaje de unidad sectorial que va más allá de la discusión partidaria. El documento firmado funciona, en ese contexto, como una plataforma de acción que podría derivar en presentaciones judiciales, acciones legislativas en los propios parlamentos provinciales o una mayor coordinación política entre los distritos involucrados.
Federalismo, poder y resistencia opositora
El gobernador bonaerense también fue explícito sobre el significado político más amplio del encuentro. "Ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro", señaló Kicillof, quien viene apostando a construir un espacio de articulación con otros mandatarios del peronismo que le permita consolidar una postura diferenciada y confrontativa frente a la gestión libertaria. La coordinación entre provincias no es nueva en la política argentina, pero adquiere un cariz particular cuando se da en el marco de un gobierno nacional que ha mostrado escaso interés en la negociación con bloques opositores.
Las posibles consecuencias de este movimiento admiten lecturas diversas. Por un lado, el bloque de gobernadores peronistas podría avanzar hacia impugnaciones judiciales de la ley, lo que abriría un frente de litigiosidad constitucional con final incierto, dado que la Corte Suprema históricamente ha tenido criterios cambiantes en materia de distribución de competencias laborales entre Nación y provincias. Por otro lado, la articulación política entre distritos opositores podría fortalecer a Kicillof como referente de un peronismo que busca rearmarse de cara a los próximos ciclos electorales, aunque también podría exponerlo a la acusación de priorizar la confrontación sobre la gestión concreta. Para el Gobierno nacional, en tanto, la resistencia de las provincias puede interpretarse como un obstáculo a la implementación plena de su agenda de transformación, o bien como una señal que podría abrir la puerta a negociaciones sobre los puntos más controvertidos de la norma. Lo que está claro es que la Ley 27.802 no cerrará su ciclo de debate con la sanción parlamentaria: apenas está comenzando.
