Los registros judiciales documentan una maniobra operativa poco común en los anales del poder judicial bonaerense: agentes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado irrumpieron en una vivienda ubicada en la localidad de Belén de Escobar para requisar un cúmulo de armas de fuego. El objetivo no era investigar a un criminal común, sino a Ernesto Anastasio García Maañón, juez de 77 años que integraba la Cámara Penal de San Isidro. La orden judicial que amparó el operativo llevaba una inscripción clara: "Amenazas agravadas y otros". Lo que siguió fue el decomiso de múltiples armas de grueso calibre, un episodio que pone de relieve cómo las instituciones reaccionan ante acusaciones de abuso de poder dentro de sus propias estructuras.
El operativo se ejecutó en la madrugada del 21 de mayo a las 7.50 horas, con García Maañón presente en su domicilio. El juez, que cumple funciones como instructor de tiro, orientó a los efectivos hacia una caja fuerte donde mantenía guardado su armamento. Tras comunicarse telefónicamente con su hijo para obtener la llave, abrió la bóveda frente a los agentes policiales. Los investigadores hallaron armas que fueron puestas bajo custodia inmediata. Sin embargo, la orden judicial original contemplaba el decomiso de nueve armas registradas en los archivos del ente regulador nacional. El registro exhaustivo del inmueble en las restantes habitaciones no arrojó resultados. García Maañón exhibió documentación que respaldaba sus afirmaciones: una comunicación digitalizada dirigida a la Agencia Nacional de Materiales Controlados indicaba que cuatro de las armas listadas en la orden habían sido vendidas y transferidas legalmente entre los años 2001 y 2006, hace más de dos décadas. El fiscal interviniente en la Unidad Funcional de Investigación de Tigre, José Amallo, dispuso que las armas secuestradas fueran sometidas a peritaje y resguardadas conforme a protocolo.
Las declaraciones que motivaron la requisa
Detrás de esta operación se encuentran los relatos de G.S., la secretaria del magistrado, quien presentó denuncias formales contra él en dos oportunidades. La primera acusación data de agosto del año anterior, acompañada por 156 audios y mensajes de texto que su representante legal, Juan Saucedo, presentó ante la Justicia. Posteriormente, en diciembre, la mujer ampliació su denuncia con declaraciones detalladas ante la Justicia en las que describió escenas de contacto físico no deseado, propuestas inapropiadas y, lo que resultó decisivo para la decisión de incautar armas, una exhibición deliberada de un arma de fuego dentro del despacho judicial.
Según los registros de su declaración ante el fiscal Amallo, G.S. narró un episodio de acoso que escaló durante una invitación a cenar en un restaurante denominado Rosa Negra. La mujer describió cómo García Maañón la detuvo en medio del despacho tras ordenarle cerrar la puerta, la rodeó con su brazo a la altura de la cintura y la aproximó a su cuerpo intentando besarla. Al ella bajar el rostro para evitarlo, el magistrado deslizó su mano desde la cintura hacia sus glúteos, ejerciendo presión. Cuando la secretaria retrocedió, él respondió con una pregunta: "¿Pasó algo?", como si nada hubiera ocurrido. En otro momento, el juez le pidió que le proporcionara su domicilio particular para pasar a buscarla. Los relatos de G.S. revelan un patrón de conducta que la llevó a evitar encuentros sociales organizados por el magistrado, como un asado en su residencia con otros funcionarios de la institución. Ella optó por no asistir, decisión que fue seguida por un cuadro de fiebre y placas en la garganta que requirió tratamiento antibiótico.
La amenaza con arma dentro de la institución
El punto de quiebre que probablemente determinó la decisión judicial de incautar armas fue el incidente que G.S. describió como el momento en que se sintió amenazada. Según su relato, entregó una resolución a García Maañón dentro de su despacho. El magistrado la leyó brevemente, la arrojó sobre el escritorio con un gesto despectivo y, acto seguido, abrió el cajón derecho de su mesa de trabajo. De allí extrajo lo que la secretaria identificó como una Glock negra de aproximadamente nueve milímetros. El magistrado colocó el cargador, manipuló el seguro (según ella, escuchó el sonido aunque no vio claramente la acción) y realizó un movimiento controlado que acercó el cañón del arma a la cara de la mujer. No fue un gesto apresurado ni una exhibición distraída: la secretaria indicó que se trató de un despliegue deliberado y cercano de la pistola hacia su rostro, con el cañón apuntándola. Posteriormente, García Maañón guardó el arma en su cintura y abandonó el despacho con un bolso sin pronunciar palabra.
El impacto psicológico en G.S. fue inmediato y grave. Declaró experimentar palpitaciones, temblores y sudoración excesiva cada vez que se encontraba en la presencia del magistrado. Su estado se deterioró lo suficiente como para requerir licencia psiquiátrica por un cuadro de ansiedad. La mujer expresó que no podía manejar emocionalmente la situación, su cuerpo reaccionaba con síntomas de pánico ante la proximidad de García Maañón. Esta respuesta fisiológica es documentada por profesionales de la salud mental como consistente con trauma y estrés postraumático.
En términos institucionales, la respuesta de la Justicia bonaerense se desplegó en múltiples frentes. García Maañón presentó su renuncia, un acto que aún aguarda confirmación o rechazo por parte del gobernador. Paralelamente, se tramita un pedido de jury en la Secretaría de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, un proceso que busca destituir formalmente a magistrados que han incurrido en conductas incompatibles con el cargo. La decisión de incautar armamento fue justificada explícitamente por razones preventivas: evitar "escenarios de intimidación". Esta fundamentación sugiere que los magistrados que analizaron el caso consideraron que la proximidad del acusado a armas de fuego representaba un riesgo potencial dado el contexto de las acusaciones.
Consecuencias y perspectivas abiertas
Los hechos documentados en esta causa plantean interrogantes amplios sobre múltiples dimensiones del funcionamiento institucional. En primer término, la seguridad dentro de los espacios judiciales y la vulnerabilidad de empleados administrativos ante conductas abusivas de magistrados en posiciones jerárquicamente superiores. El caso también abre debates sobre los mecanismos de control disciplinario existentes, sus tiempos de respuesta y su efectividad. Desde la óptica de género, el episodio refleja dinámicas de poder desigual que pueden perpetuarse cuando existe una relación subordinada de empleo. La cuestión del armamento en poder de jueces instructores de tiro introduce consideraciones sobre responsabilidad civil del Estado respecto a la regulación de personas en posiciones públicas que poseen acceso a armamento. Algunos sectores sostendrán que la incautación fue una medida cautelar proporcionada y prudente; otros argumentarán que se trató de un procedimiento inusual que precedió a condena alguna. El proceso de jury que se tramita determinará si existe base suficiente para destituir al magistrado, mientras que investigaciones penales paralelas evaluarán si los hechos narrados configuran delitos específicos. La aceptación o rechazo de la renuncia por parte de la administración provincial también será un indicador de cómo se procesan institucionalmente estos casos en la provincia de Buenos Aires.
