La arquitectura política de cara a los próximos comicios presidenciales enfrenta un punto de quiebre que trasciende las negociaciones de pasillo y los acuerdos de café. Mientras La Libertad Avanza y el PRO mantienen conversaciones sobre posibles espacios de cooperación territorial para 2027, emerge una voz discordante desde el interior del partido amarillo que desafía la lógica del acercamiento: Hernán Lacunza, exfuncionario de Economía durante la gestión Macri, ratificó públicamente su intención de competir por la presidencia y pidió explícitamente que su fuerza política abandone cualquier proyecto de alianza electoral con los libertarios. La declaración reviste particular importancia porque ocurre en el marco de encuentros formales entre las cúpulas de ambas fuerzas, lo que evidencia fracturas internas en la coalición no oficialista y plantea interrogantes sobre la viabilidad de los acuerdos que se pretenden sellar.

Un posicionamiento que cuestiona la estrategia colectiva

Durante las últimas reuniones de coordinación entre La Libertad Avanza y el PRO, donde se repasaron circunscripciones y posibles escenarios de competencia conjunta, Lacunza decidió romper con la prudencia típica de los tiempos de negociación. Su mensaje fue directo y sin grises: considera que ambos espacios deben presentarse como opciones diferenciadas ante el electorado, no como una alianza previa a los comicios. La declaración constituye un desafío a la dirección partidaria encabezada por Mauricio Macri, quien aparentemente visualiza posibilidades de acuerdo con el oficialismo al menos en algunos distritos y cargos.

El execonomista sostuvo que su convicción no depende de consideraciones tácticas ni de la presencia pública de otros dirigentes. "Mi posición es clara. Tengo una convicción, que no depende de que otros se saquen una foto. Me parece bien que otros piensen otra cosa. Creo que hay que ir separados, ofrecerle alternativas a la sociedad, competir, ser mejores", expresó en declaraciones públicas. Estas palabras encierran una filosofía electoral que prioriza la competencia abierta sobre los acuerdos de cúpula, una postura que resuena con ciertos sectores de la oposición que desconfían de las alianzas electorales tradicionales.

Lacunza fue más allá en sus cuestionamientos a la estrategia gubernamental. Respalda explícitamente la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo electoral que la administración actual pretende eliminar o suspender. Su argumentación toca un punto neurálgico: sostiene que el sistema, tal como está diseñado, posee suficiente sofisticación para que los votantes depuren la oferta política en cada etapa, comenzando con las internas partidarias donde se ordena la diversidad de candidaturas, continuando con una primera vuelta general y culminando con un balotaje si es necesario. "Dejemos que el votante vaya conduciendo ese embudo, hasta que queden dos", sintetizó su pensamiento sobre el proceso electoral.

Diagnóstico económico y laboral: lo que preocupa más allá de las fotos

Detrás del posicionamiento electoral de Lacunza existe un análisis económico que merece atención. El exfuncionario observa un panorama de estabilidad frágil en el que coexisten logros con desafíos pendientes. Reconoce avances: una inflación que descendió dramáticamente desde su pico, pasando de representar niveles insostenibles a ubicarse en torno al 10% anual; un dólar cuyo comportamiento se mantiene dentro de márgenes controlables mediante un deslizamiento predecible; y una tasa de interés que, aunque volátil, funciona dentro de parámetros manejables. Estos indicadores son presentados frecuentemente por el Gobierno como evidencia de estabilización.

Sin embargo, el aspecto que Lacunza subraya con insistencia es la profunda desigualdad sectorial en la generación de empleo y actividad productiva. Mientras que energía, minería y agro funcionan a plena capacidad, sectores como construcción, comercio e industria manufacturera permanecen deprimidos. Estos últimos son los que emplean directamente a millones de argentinos, especialmente en áreas urbanas como Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario. El execonomista delinea un cuadro donde apenas 250 mil empleos directos provienen de los sectores dinámicos, que representan solo el 15% de la producción nacional. En contraposición, aproximadamente 8 millones de personas dependen de sectores que permanecen frenados, lo que genera una transición económica que, en su análisis, se está extendiendo más de lo deseable.

Lacunza identifica obstáculos específicos para el despegue de estos sectores rezagados: restricciones cambiarias que limitan la importación de insumos, depresión de la inversión privada, y la ausencia de una normalización monetaria completa que permita a las empresas planificar con horizontes temporales más amplios. Estos diagnósticos no son simplemente críticas académicas, sino que representan una lectura política de las dificultades que enfrentan millones de hogares argentinos cuya capacidad de consumo se ve limitada por la combinación de desempleo, subempleo y presión inflacionaria. Es en este espacio de vulnerabilidad donde Lacunza visualiza oportunidades electorales, no mediante promesas asistencialistas sino ofreciendo una alternativa que, al menos en su relato, se diferencia de las opciones disponibles.

El debate sobre PASO y la estructura electoral como trasfondo político

El respaldo de Lacunza a las PASO trasciende un debate técnico sobre procedimientos electorales. Representa una postura sobre cómo debe estructurarse la competencia democrática. El exfuncionario argumenta que el sistema de primarias obligatorias cumple una función de depuración que no puede replicarse mediante otros mecanismos. Su lógica es que permitir que las sociedades partidarias eijan internamente genera incentivos para que cada fuerza presente sus mejores cuadros, sabiendo que competirán públicamente ante el conjunto del electorado. La eliminación de este paso, sostiene, concentraría el poder decisorio en estructuras partidarias más cerradas, fenómeno que califica de manera implícita como riesgoso para la diversidad política.

Esta posición lo alinea con sectores que ven en las PASO un instrumento de democratización interna de los partidos, perspectiva que contrasta frontalmente con la visión oficial. El Gobierno argumenta que las primarias implican una carga fiscal injustificada al financiar competencias internas que debería resolver cada partido según sus propias reglas. Desde la Casa Rosada sostienen que es más eficiente que cada fuerza política tenga potestad exclusiva para definir sus candidaturas sin intervención estatal. La propuesta oficial contempla, además, eliminar el financiamiento público de campañas electorales, aunque mantendría fondos para el funcionamiento institucional de los partidos. Estas dos propuestas —la eliminación de PASO y la supresión del financiamiento de campañas— forman parte de un proyecto integral que se discutiría, según lo expresado por funcionarios, junto con otras iniciativas legislativas durante el período de sesiones extraordinarias que comienza en septiembre.

Lo significativo es que Lacunza no se opone a estas medidas simplemente por cálculo electoral inmediato, sino que propone una narrativa alternativa sobre cómo debe funcionar la competencia política. Sugiere que lejos de ser un mecanismo corrupto o costoso, el sistema actual permite que el público ejerza un verdadero poder de decisión sobre la oferta disponible. Su pregunta implícita es: ¿quién debe decidir quiénes compiten, los partidos o los votantes? En un contexto donde la desconfianza institucional es palpable, esta pregunta adquiere resonancia más allá de los círculos especializados.

Implicancias de una divergencia dentro de la oposición

La manifestación pública de Lacunza genera interrogantes sobre la cohesión de la coalición no oficialista. El PRO ha navegado históricamente como una fuerza que mantiene opciones abiertas, capaz de cooperar con el Gobierno en medidas puntuales mientras se reserva espacios de diferenciación. Sin embargo, el posicionamiento de Lacunza trasciende tácticas de corto plazo. Al presentarse como candidato presidencial y al reafirmar su rechazo a una alianza electoral previa, establece las condiciones para una competencia donde el PRO se visualiza a sí mismo no simplemente como un socio de negociación, sino como una opción política integral. Esto abre la posibilidad de una fragmentación electoral en el segmento centro-derecha, donde convivan la opción libertaria, el PRO tradicional y potencialmente otros emprendimientos políticos de figuras públicas que también aspiren a la presidencia.

La pregunta que emerge es si esta pluralidad beneficia o perjudica al electorado. Por un lado, ofrece opciones diferenciadas que permiten expresar preferencias matizadas. Por otro, existe el riesgo histórico de que la fragmentación favorezca opciones políticas que desde márgenes minoritarios logran triunfos electorales mediante mecanismos de segunda vuelta. El balotaje, mecanismo que Lacunza menciona como deseable, adquiere entonces una importancia estratégica adicional, ya que sería el mecanismo que forzaría la consolidación de apoyos en torno a dos candidaturas finales.

El contexto macroeconómico y sus efectos en la competencia electoral

Subyacente a todas estas consideraciones políticas existe un telón de fondo económico que condiciona las posibilidades electorales de cada espacio. El diagnóstico que realiza Lacunza sobre una estabilización parcial, con sectores ganadores y perdedores, coincide con percepciones más generalizadas sobre el estado de la economía. Diversos analistas han señalado que mientras se consolida la estabilidad macroeconómica, persisten dificultades en el nivel microeconómico de los hogares y las empresas medianas.

Esta bifurcación tiene consecuencias electorales evidentes. Quienes se benefician de la estabilidad macroeconómica —inversores, exportadores de commodities, sectores financieros— tienden a valorar positivamente la continuidad de las políticas en curso. Quienes sufren por la contracción del empleo en sectores que demandan intensivo trabajo, por el cierre de pequeños comercios, o por la reducción de ingresos reales, buscan alternativas que prometan reactivación con distribución. En este contexto, una oferta electoral que diferencie opciones tiene mayor probabilidad de resonancia que una alianza de cúpula percibida como continuidad con matices.